Durante cinco horas hubo tensión en el barrio Paraná XVI, y luego de cabildeos, situaciones de violencia, algunas balaceras y pedradas. Finalmente una familia de 10 personas debió abandonar la casa ante la presión popular, que exigió a la Justicia una rápida respuesta.
A menos de 20 cuadras del centro de Paraná, sobre la parte oeste, a espaldas de la cancha de Sportivo Urquiza, trinó el malestar y el enojo de cerca de 500 personas que decidieron intentar hacer justicia por mano propia.
Cerca de las 15 se produjo una balacera entre delincuentes, y tras algunas corridas llegó la Policía al sector H. Allí una familia de apellido Martínez, según los vecinos, no tenía más nada que hacer en el barrio.
Desde el interior de la casa hubo situaciones de violencia ante la presencia de los uniformados y tras la intención de los vecinos de ingresar por la fuerza para terminar con la delincuencia se debieron extremar las medidas de seguridad con el fin de esperar la resolución judicial.
La vivienda fue rodeada por una multitud, que a los gritos intimó a los 10 ocupantes, entre hombres, mujeres y dos pequeños niños a que la abandonaran en un plazo perentorio.
El reclamo estuvo cargado de virulencia, porque algunas personas intentaron pasar el cerco policial que debió ser reforzado por la presencia de los grupos especiales de la fuerza de seguridad. Tanto El COE como el GIA fueron apostados con el fin de contener la turba enardecida.
Se hizo saber que la gente que iba a ser desalojada por la fuerza era la responsable de la venta de drogas, robos, asaltos y hechos de violencia en la zona.
“Por culpa de estos malparidos las ambulancias no entraban al barrio, o la Policía tenía muchos problemas para poder recorrerlo. Nos cansamos y dijimos basta, que se vayan sí o sí, fue la consigna”, espetó una de las mujeres que encabezó la pueblada, llena de gurises, hombres y mujeres de la zona que en un primer momento criticaron por no poder entrar a la casa, y luego aplaudieron la actuación policial al sacar esposados a algunos de los integrantes de la casa cuestionada, que fueron derivados al palacio de Tribunales, a la Dirección de Investigaciones y a la División Minoridad.
Paños fríos
La gente del lugar destacó el trabajo de la comisaría 16ª, en especial del comisario Rafael Fernández que habló con los vecinos en los momentos de mayor tensión.
También llegaron al lugar el jefe departamental, Ricardo Frank, y el director de Operaciones, Sergio Rufiner.
Tras efectivizarse el allanamiento en la casa se localizó una escopeta calibre 16, con lo que el juez de Instrucción Ricardo Bonazzola, conociendo del conflicto entre los vecinos y los hechos delictivos denunciados, decidió trasladar a los ocupantes de la familia a la División Antecedentes Policiales para luego derivarlos a Tribunales. A las mujeres y las criaturas las llevaron hasta la Comisaría del Menor y la Mujer, donde iban a aguardar los pasos procesales siguientes.
Gritos de alegría, aplausos y amenazas verbales se escucharon cuando los acusados de los hechos fueron llevados en varios móviles policiales custodiados para no ser atacados por los quejosos del barrio Paraná XVI.
En diálogo con UNO, Rufiner transmitió tranquilidad a los vecinos: “Esto está solucionado y vamos a tratar de seguir en este camino de pacificar el barrio”.
A su turno, Frank explicó: “Las personas fueron trasladadas y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción, y en el caso particular de los masculinos fueron retirados esposados porque existe una denuncia por abuso de armas, en el interior de la vivienda se secuestraron municiones y un arma de fuego”.
Sobre la familia expulsada del barrio, Rufiner marcó: “Es una familia bastante complicada, gracias a Dios hemos trabajado bien, cuando trasladábamos a los delincuentes había mucha concentración de vecinos, que después aplaudieron el accionar policial. Si los delincuentes han cometido delitos, los deberán pagar como corresponde y la gente debe quedarse tranquila de que esto está solucionado y vamos a tratar de seguir en este camino”.
Otro grupo de vecinos, decidió alertar a UNO que la zona es una verdadera boca de lobo, porque gran parte de las luminarias no funcionan, favoreciendo el accionar de los delincuentes.
Pidieron a las autoridades municipales que realizaran un rápido trabajo de reparación de focos, muchos de los cuales estaban quemados y otros habían sido dañados por piedras o balazos de los delincuentes.
Zona conflictiva
El barrio Paraná XVI es considerado por las autoridades judiciales de la capital como uno de los más complejos desde el punto de vista delictivo, donde se ligan las actividades de la venta de drogas con el manejo de armas de fuego, los robos de motos y asaltos a personas de la zona.
A UNO de modo regular llegan mensajes de texto reclamando una efectiva intervención de la Policía y la Justicia, poniendo en evidencia a los responsables de los manejos delictivos, quienes a criterio de los denunciantes han sido acusados judicialmente con nombre y apellido, pero nunca les llegó una medida ejemplificadora. Por eso es que se decidió la expulsión de la familia.
Desalojo violento y desvalijamiento de la vivienda
Según la promesa de algunos vecinos a la Policía la casa que fue abandonada por la fuerza por los ocupantes no sería desvalijada o dañada, pero esto no se cumplió. Anoche, una vez que el barrio oscuro quedó tranquilo y sin la presencia policial en la zona, algunos vecinos decidieron actuar sobre ella.
UNO supo que varias personas entre grandes y menores patearon la puerta y las ventanas para luego sacar todo. No dejaron ni los escarbadientes.
Se llevaron los electrodomésticos, muebles, ropa, alimentos, herramientas y otros elementos de valor.
Aplicaron el refrán según el cual el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. “¿Cómo hicieron para comprar televisores y equipos eléctricos de última generación? No tienen trabajo, por lo que es de suponer que lo hicieron con la venta de la droga”, recalcó una vecina que dialogó telefónicamente con UNO.
Al menos en la reacción popular se decidió no dañar ni incendiar la vivienda, habida cuenta de que se acordó en una especie de asamblea popular que la casa fuera habitada por una familia de escasos recursos que vivía en la zona.
Finamente se alertó que los expulsados, uno de los cuales trabaja en el IAPV, al barrio no volverán más.
