El Senado está preocupado por la escalada de asaltos y crímenes en la provincia. La semana pasada sancionó una ley de mano dura que faculta a los jueces a derrochar prisiones preventivas y restringir excarcelaciones y el jueves, al mediodía, recibirá al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, para que informe sobre las políticas de su área y discutir un paquete de leyes que estudia la Cámara, entre ellas una que declara la emergencia en materia de seguridad en la provincia. Es el mismo proyecto ﷓ahora impulsado por los dos bloque del PJ﷓, que ya fue aprobado en octubre de 2009, hace casi tres años, durante el gobierno de Hermes Binner, pero que nunca salió de la Cámara de Diputados, entonces con mayoría del Frente Progresista. «Creemos que es saludable discutir este tema con el nuevo ministro para que él también nos informe sobre el plan de seguridad que tiene pensado para los próximos meses», dijo el senador del Frente para la Victoria, Armado Traferri, presidente de la comisión de Seguridad.

Traferri y sus compañeros de bloque coinciden que los «problemas de inseguridad se vienen agravando día a día, en Santa Fe», pero a diferencia de lo que planteaban algunos de sus colegas del mandato anterior, no endilga la responsabilidad al gobierno de Antonio Bonfatti, con quien compartió hace poco una gira por el exterior. «Sería deshonesto decir que esos problemas existen sólo en Santa Fe, existen en todo el país. Por lo tanto, como legisladores provinciales, tenemos la obligación de trabajar por Santa Fe y dotar al gobierno de las herramientas necesarias para que la prevención y el combate del delito sea mucho más rápido y ágil», apuntó.

Los senadores del PJ consideran que «una ley de emergencia en materia de seguridad» le otorgaría al gobierno «las herramientas legales necesarias para hacer más ágiles las compras de equipos y móviles, que se puedan construir nuevas cárceles. Y todo lo que se necesita y que, a veces, por la burocracia del Estado, no se puede lograr», explicó Traferri. El proyecto crea también una comisión bicameral de seguimiento.

En realidad, la emergencia en seguridad ya había sido propuesta por el PJ hace tres años. El Senado la sancionó el 29 de octubre de 2009, pero nunca salió de la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario.

En mayo, los dos bloques justicialistas lo volvieron a reflotar, por iniciativa de los senadores Alberto Crossetti y Danilo Capitani, y con los mismos argumentos de hace tres años. «El estado de inseguridad en la provincia es dramático», dijo Crossetti. Y explicó que el objetivo de la «emergencia en materia de seguridad» es «la protección integral de la vida y los bienes de las personas».

«Creemos que hay que adoptar todas las medidas necesarias para disminuir el alto índice de inseguridad que se manifiesta en toda la provincia de Santa Fe, cuyo estado es dramático y se va agravando continuamente», agregó el legislador.

«La mayoría de los santafesinos debe encerrarse o enjaularse en sus propias viviendas, mientras los delincuentes circulan libremente. Y esa ciudadanía reclama por la falta de personal, movilidad y equipamiento policial y, también, la demora en instrumentar la instalación de cámaras de monitoreo y otros anuncios de este gobierno», agregó Crossetti.

La presencia del ministro Lamberto en el Senado será aprovechada por los senadores del oficialismo y la oposición para discutir otro conjunto de leyes sobre el tema, que también analiza la Cámara. Estos son algunos:

* Policía judicial. Hay dos proyectos. Uno del senador radical Hugo Marcucci y otro de su colega del PJ, Armando Traferri. En la otra Cámara, el diputado del Frente para la Victoria, Eduardo Toniolli es autor de una iniciativa similar. El proyecto de Marcucci propone crear la Policía Judicial bajo las órdenes del jefe de los fiscales y titular del Ministerio Público de la Acusación.

* Designación de jefes policiales. Es otro proyecto de Marcucci, que propone que el jefe de Policía de la provincia y los jefes de las unidades regionales sean designados con acuerdo de la Asamblea Legislativa, de la misma manera que aprueban los pliegos de los ministros de la Corte Suprema y del resto de los jueces. «El objetivo es que la ciudadanía santafesina pueda participar en este proceso a través de audiencias públicas de naturaleza no vinculante, pero que a pesar de ello no desobligará al Estado», afirmó el legislador.

* Consejos de seguridad. Serían departamentales y locales, según las iniciativas en trámites.

* Retiros policiales. También hay dos proyectos, uno de Traferri y otro del senador de la UCR, Felipe Michlig. Se trata de modificaciones a la ley 11.530 de retiros y pensiones del personal policial y penitenciario de la provincia. Hoy los cuadros superiores pasan a retiro a los 30 años de servicio, la reforma propone extender ese trayecto, que «sigan vinculados a las fuerzas de seguridad unos años más y aprovechar el mayor conocimiento y experiencia d su carrera profesional», afirmó Traferri.