El martes comienza el juicio a once efectivos de la Policía Federal, delegación Mendoza, acusados de recorrer locales y casas de comercios que no tenían todos los papeles en regla y pedirles coimas para no llevarles las cosas y también para arreglarles «seguridad» con vistas al futuro.
De acuerdo con la elevación a juicio llevada a cabo por la fiscal federal María Alejandra Obregón, «los policías irrumpían en comercios y casas particulares acompañados de testigos con la amenaza de llevarse mercadería y que (si las víctimas no hacían caso) todo empeoraría cuando llegara la Aduana, el Ministerio de Trabajo o la prensa. Esto provocaba temor en los comerciantes que se encontraban en una situación de irregularidad de productos (venta de DVD, CD y artículos de electrónica). Esta situación llevaba a los mismos a entregar dinero o bienes de valoración patrimonial».
Los casos que se ventilarán en el debate son varios y para llevar adelante la pesquisa, el juez federal Walter Bento se valió, además de las declaraciones de las víctimas, de escuchas telefónicas y de allanamientos. Los sucesos habrían ocurrido entre los años 2006 y 2007. A continuación, 5 de los casos que evaluó la Justicia para encerrar y llevar a juicio a los sospechosos.
Para comer
El 8 de agosto de 2007, Jorge Simó, encargado del local Divertiendas de Palmares, recibió un llamado a su celular: «Nos están allanando», escuchó. «Cuando llegué, vi a gente de la Federal que labraba un acta. Ahí mismo me dijeron que me tenían que llevar detenido por averiguación de antecedentes».
Una vez en la seccional de calle Perú, el hombre asegura que le pidieron la billetera, el anillo, los celulares y el dinero que llevaba consigo y que ascendía a 850 pesos. Luego lo llevaron por un pasillo y le pintaron los dedos. Al cabo de unos minutos llegó un policía.
– ¿Te querés ir? – le preguntó el efectivo.
– Sí, tengo familia y quiero estar con ellos.
– Somos hombres, hablemos como tales. Si te querés retirar podemos obviar varios pasos… – le sugirió el policía.
– ….
– Tenés plata en la billetera, ¿cuánto podés entregar?
– Tengo 800, déjenme 400 para comer.
Al rato lo dejaron libre. «Pero antes me hicieron firmar que recibía conforme todo lo que me devolvían. Se habían quedado con 450 pesos».
Declaración de Jorge Simó, denunciante en la causa.
«Así funciona»
El 8 de agosto de 2007 hubo un procedimiento en la casa de Gustavo Arro, propietario de Divertiendas. La casa quedaba en el barrio Fuchs de Godoy Cruz. El hombre declaró que en su vivienda había gente de civil con camperas en las que se leía PFA en la espalda y dos testigos. Que le mostraron una orden de allanamiento. Que recorrieron la casa y que no hallaron nada. Y que tuvo lugar la siguiente charla:
– ¿Cuánto vale para usted trabajar el Día del Niño en el Shopping, Palmares, Compudat… -iniquirieron los pesquisas.
– Y, unos tres mil pesos…
El Denunciante asegura que los efectivos se rieron
– ¿Unos seis mil? – se arriesgó Arro.
– Muy bien.
Arro declaró que salió de una de las habitaciones con 10 mil pesos en diez fajos de mil cada uno y que uno de los federales se los arrebató de la mano. «Se quedó con 8 mil y me devolvió 2 mil».
– Quedate tranquilo, hermano, esto funciona así en todo el país -escuchó el comerciante.
Antes de irse, uno de los efectivos le preguntó qué podían llevarse y Arro les dijo una computadora. «Se llevaron una que no andaba».
Testimonio de Gustavo Arro en el expediente judicial.
¡Viene la aduana!
El viernes 3 de agosto de 2007 hubo un allanamiento en el local Game Over, de calle Godoy Cruz al 200 de Ciudad. «Un grupo de Federales no identificados y que llevaban una fotocopia de orden de allanamiento estaban en el sótano», cuenta Fabricio Romero, dueño del negocio. En el subsuelo -según Romero- hubo esta conversación.
– Decí que estamos nosotros solos, no vas a tener problemas. Peor es si vienen los de Aduana… – comentaron los presuntos efectivos.
– Y, sí – dijo Romero, temeroso.
– ¿Qué tenés acá comprometido?
– La play Station III, una consola x-box y algunos juegos…
– ¿Tenés dónde esconder? – le preguntaron al comerciante.
– No…
– ¡Huy! -dijo un efectivo que hablaba por celular-. ¡La Aduana viene en camino!
Pánico en la cara del comerciante.
– Danos 10 mil pesos.
– Tengo 4 mil -respondió Romero.
Según la declaración, ese dinero fue entregado en el baño a tres efectivos de la Federal.
Testimonio de Fabricio Romero durante la instrucción de la causa.
Chofer
José Montero, dueño de Video Mundo, recuerda que el 8 de mayo de 2007 le realizaron cuatro allanamientos simultáneos en los locales del Shopping, Palmares, Jumbo y calle Catamarca. Él estaba en el Shopping durante un procedimiento. Los Federales hicieron lo suyo y se fueron. Unos días más tarde aparecieron por el local dos de esos policías que habían estado en Video Mundo del Shopping.
– ¿Cómo va todo? – le preguntaron
– Bien -respondió el dueño.
– En un futuro va a tener problemas con su mercadería. Pero no se haga problemas, se puede arreglar de otra forma…
«Uno de esos policías me acompañó en mi auto hasta los locales de calle Catamarca y del Jumbo, donde logré juntar 20 mil pesos. Y se los di».
Declaración de Montero ante el juez Walter Bento
Duro de pagar
El 13 de agosto de 2007, Ariel Villca estaba en su local del persa Coperguay cuando llegó personal de la Federal y le llevó todos los CD y DVD. El hombre dijo que antes de que la comitiva policial se fuera apareció un hombre y le dijo que para seguir trabajando debía pagar 2 mil pesos. El hombre se negó y lo llevaron preso a la calle Perú donde estuvo detenido y le pintaron los dedos. Luego lo sacaron del calabozo y el comerciante asegura que se la apareció un hombre y que hablaron.
– Negro, ¿querés que hagamos negocio? Tu libertad pasa por mí y ahora te entrego los efectos y me separo 200 pesos…
– Te puedo dar mil – respondió.
– Ah, no querés hacer negocio. Así que seguime…
Villca terminó de nuevo en el calabozo.
Declaración de la víctima en el expediente.
Los imputados son Juan Merlo, Marcelo Guerra, Héctor Calderón, Marcelo Céntola, Sergio Mereles, Daniel Zurita, Fabián Mayorga, Rubén Legrand, Guillermo Pizzarro, Carlos Acosta (sub jefe) y Daniel Oubiña (jefe).
A mediados de 2007, fueron detenidos y llevados a Almafuerte bajo los cargos de «extorsión, asociación ilícita y ocultamiento de pruebas». En diciembre de ese año, a pedido de sus abogados, la Cámara cambió la imputación por «exacciones ilegales» (artículos 267 y 266 del Código Penal) que es excarcelable por lo que todos quedaron libres: en esa condición llegan al juicio.
fuente http://www.losandes.com.ar/notas/2012/8/5/muestrario-coimas-juzgaran-policias-federales-658878.asp
