El Gobierno provincial jerarquizará el área encargada de la seguridad y creará la Secretaría de Seguridad Democrática, con amplias facultades e incidencia sobre la estructura policial. El proyecto comenzará a debatirse cuando envíe a la Legislatura el proyecto de ley por el cual crea el Sistema de Seguridad Provincial, que involucra varias instancias institucionales e incluye la confección y ajuste periódico de un plan Estratégico de Seguridad Pública.
La política de seguridad es ejecutada ahora por una subsecretaría bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, a cargo de Juan Pablo Morales. La nueva Secretaría de Seguridad Democrática incrementará la incidencia institucional del área . Según el proyecto, se encargará de diseñar y coordinar la ejecución del plan entre todos los componentes del Sistema de Seguridad Pública. El Secretario será designado por el Poder Ejecutivo, y tendrá a su cargo la dirección superior de la Policía.
El Sistema se encuadra en cuatro ejes: la prevención social de la violencia y el delito; la dirección superior y administración general del sistema policial; la gestión del conocimiento en materia de seguridad pública; y la fiscalización y control de las empresas de seguridad privada.
La normativa está centrada también en la generación de nuevas áreas y en la intervención de nuevos actores en la escena de la seguridad pública. Por ejemplo, crea el Consejo Provincial de Seguridad Pública como órgano de asesoramiento y consulta del Poder Ejecutivo, presidido por el Secretario de Seguridad Democrática e integrado por un senador y un diputado de la comisión Bicameral de Seguridad Pública; el Presidente de la Corte; el titular del Ministerio Público; un miembro del colegio de Abogados; un intendente por región; y seis representantes de los foros Vecinales de Seguridad, que se crean y regulan por esta norma.
El Observatorio sobre Violencia y Seguridad Pública es otro elemento clave en la nueva ley. Apunta a generar un Sistema Unificado de Información y Análisis del Delito y la Violencia que recolectará, procesará y analizará información referida al delito. La información brindada «permitirá al Ejecutivo diseñar políticas de seguridad adecuadas, basadas en una evaluación previa de la situación de la provincia».
El Observatorio será un espacio interdisciplinario en donde se definirán indicadores y políticas, se monitorearán políticas públicas e intervendrá para mejorar las condiciones de seguridad. Para el Gobierno, la falta de información acerca del delito es una de las grandes falencias en la provincia. Con el Observatorio, «las políticas que se implementen deberán estar sustentadas en los resultados de los análisis e investigaciones sobre los hechos delictivos».
El nuevo marco legal establece una detallada reglamentación para el accionar policial y del Servicio Penitenciario en cuanto a sus funciones y competencias. Ambos estarán bajo el mando del Secretario de Seguridad Democrática.
Se creará además la Dirección de Asuntos Internos fuera del ámbito policial. Su misión básica será la instrucción de los sumarios administrativos policiales y penitenciarios e investigar las conductas típicas (Ver página 3). Otros institutos son los foros Vecinales de Seguridad Pública (grupos de vecinos interesados por la seguridad pública, conformados por los organismos municipales en base a convocatoria pública); los foros Municipales de Seguridad y la Defensoría del Personal Policial y Penitenciario.
Finalmente, establece que la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados podrá supervisar y controlar los «fondos de carácter especial» que fueren asignados a la Secretaría de Seguridad Democrática.
En sus fundamentos la nueva normativa expone «el abordaje interinstitucional de la seguridad pública para la resolución de conflictos sociales». Y habla de «un proceso de fortalecimiento de la gobernabilidad a través de la conformación de un consorcio institucional conformado por el Gobierno, municipios y comunidad. Este proceso supone la generación de dispositivos y capacidades de gobierno y gestión».