El vicegobernador se refirió al estado del sistema penitenciario bonaerense, un dato que es respaldado por los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.
“Hoy hay una gran superpoblación en los penales bonaerenses”, declaró el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, durante el “Tercer Foro por una Seguridad Democrática”. Los datos oficiales le dan la razón.
El informe 2012 del Centro de Estudios Laborales y Sociales (CELS), elaborado en base a datos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, informa que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuenta con 18.640 plazas a diciembre de 2011. Dado que hay 27.991 personas privadas de la libertad, alojadas en unidades penitenciarias de la provincia, el déficit del sistema penitenciario provincial es de 9.300 plazas.
Se trata de un problema de larga data. Pero desde 2008 -primer año de gestión del gobernador, Daniel Scioli-, el déficit aumentó porque, a pesar de que se amplió la capacidad del sistema (4,4%), la cantidad de detenidos aumentó aún más (15,8%).
Cantidad de presos vs. plazas disponibles* (comparación 2008-2011).
* Cabe señalar que, para contabilizar las plazas, el Ejecutivo provincial considera la ocupación de las unidades sin presentar información sobre su verdadera capacidad. Es decir, según el gobierno provincial, la capacidad está dada por la cantidad de personas que efectivamente están alojadas, pero éste método puede implicar que se agreguen colchones para aumentar las plazas.
Fuente: Elaboración propia de Chequeado.com en base a datos del CELS.
Es más, en 2011 el número de plazas carcelarias faltantes fue mayor que el registrado en los años 1997 (déficit de 1.098 plazas), 2000 (déficit de 4.856 plazas) y 2004 (déficit de 8.889 plazas).
Por otra parte, la sobrepoblación en las cárceles bonaerenses “derivó en una situación aún más preocupante en la década del ‘90: el alojamiento de personas en condiciones infrahumanas en comisarías, cuyas instalaciones fueron, en la práctica, asimiladas a plazas de alojamiento, algo que también ocurrió en otras provincias”, explicó a Chequeado.com Leonardo Filippini, profesor de derecho (UBA-UP) y ex miembro del Programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del CELS. “Si se suman las personas que están detenidas en comisarías con aquellas que se encuentran en unidades penales, el déficit carcelario es aún mayor”, subrayó.
Evolución de la población en unidades penitenciarias y comisarías en miles (período 1997-2011).
Fuente: Elaboración propia de Chequeado.com en base a datos del CELS.
El último informe del CELS señala al respecto que “la baja de detenidos en dependencias policiales [bonaerenses] no se logró por una baja de la población carcelaria. Por el contrario, en los últimos cuatro años la población carcelaria aumentó, y desde 2009 se estabilizó en alrededor de 30 mil detenidos (…). Esto se traduce en una tasa de encarcelamiento de 186 cada 100 mil habitantes, que supera ampliamente la tasa en el ámbito nacional [N. de R.: donde la tasa es de 152 cada 100 mil habitantes]”. Por lo tanto, “la disminución de personas detenidas en comisarías se alcanzó a expensas de una sobrecarga de las unidades del SPB”, concluye el CELS.
Entre los factores que promueven la sobrepoblación y el hacinamiento, los especialistas señalan la ausencia de mecanismos jurídicos para evitar esa situación y la falta de un adecuado diseño de política criminal. Alberto Binder, abogado penalista y miembro del consejo asesor del Instituto Nacional de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP), incluye entre ellos “el uso excesivo de la prisión preventiva y los criterios de persecución penal que los organismos provinciales están aplicando”. Esto puede verse, según el especialista, en el porcentaje de presos sin condena firme en el SPB que, a fines de 2011, era del 60% de la población carcelaria, el mismo que en 1998.
En tercer lugar, Binder aludió a la falta de atención al problema por parte de Poder Judicial. “La responsabilidad se manifiesta en la reticencia de los jueces a ejercer el control de constitucionalidad de las disposiciones en materia excarcelatoria”, y agregó que “las sentencias condenatorias indican que durante los últimos años los jueces han tendido a endurecer las sanciones penales(más penas de prisión efectiva, por mayor tiempo y en el marco de procesos cada vez más largos), lo que es indicativo de su falta de sensibilidad frente al problema”.
Pero el problema no es exclusivo de la Provincia de Buenos Aires. La superpoblación afecta a las cárceles y comisarías en otras jurisdicciones. En Mendoza, por ejemplo, las denuncias sobre la situación carcelaria provincialpromovieron a principios de 2009 una inspección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ese mismo año, en Santa Fe hubo denuncias por maltrato y condiciones inhumanas de detención de internos en las comisarías santafesinas.
También es preocupante la situación de los detenidos en el norte de país. El último informe del CELS informa que “en julio de 2011 fue inaugurado el Centro Federal Penitenciario Noroeste Argentino I, en la provincia de Salta, para resolver los problemas de sobrepoblación en las unidades de esta región. (…) Si bien este complejo debía reemplazar a las unidades existentes en el NOA, a fines de 2011 las Unidades 8 (Salta), 16 (Salta), 22 (Jujuy) y 23 (Salta) siguen ocupadas.”
