Las discusiones de las últimas semanas sobre las salidas de detenidos a distintas actividades pusieron otra vez en las tapas de los diarios a la cárcel y al castigo. Para un tema tan invisibilizado, esto puede parecer una buena noticia. Sin embargo, pasados los días y decantada la conmoción, lo que queda es confusión y un mensaje sobre la necesidad de restringir este tipo de autorizaciones. En estos días se conoció que los diputados de distintos partidos Patricia Bullrich (Unión por Todos), Gerardo Milman (GEN) y Gustavo Ferrari (Frente Peronista) plantearon la urgencia de modificar la ley nacional de ejecución penal para evitar nuevos escándalos. Esta sería la peor traducción política posible de todo lo que pasó. Recordemos, si no, la franca ineficacia de la reforma penal impulsada por Juan Carlos Blumberg y otros sectores políticos en 2004 que se cristalizó en medidas orientadas al endurecimiento punitivo.
Este mecanismo para generar alarma social, quitar contenido a las discusiones, volverlas superficiales, dejar la idea de que nada funciona y todo está mal, no es nuevo. Si la discusión se circunscribe a cuán acertadas son ciertas autorizaciones de traslado de presos para actividades extramuros o a la presencia de organizaciones de carácter político en la cárcel, se pierde la oportunidad de avanzar en un debate serio sobre el castigo y los lugares de encierro. Finalmente, el formato del escándalo, con famosos incluidos, logra tapar la tortura. El submarino seco que se pudo ver en la comisaría de General Güemes, provincia de Salta, o el joven colgado y golpeado en su celda de la Unidad 32 de Florencio Varela, en Buenos Aires, fueron tratados en forma secundaria, como cuestión marginal y contingente de la discusión.
En medio de esto, es necesario proponer otros debates que jerarquicen los problemas. En el informe anual 2012 del CELS, Derechos humanos en Argentina, que releva lo sucedido durante el año 2011, planteamos algunos temas centrales del encierro en el país que están poco visibilizados y que, en términos generales, no han provocado fuertes reacciones políticas ni sociales. También sostenemos que la situación del sistema penitenciario bonaerense presenta niveles de violencia y privación de derechos estructurales que requieren intervenciones urgentes. Y que la situación del sistema federal, en menor medida, presenta también problemas de violencia institucional y prácticas que requieren ser cambiadas.
La pregunta sobre la violencia en la cárcel no desconoce su carácter constitutivo a los lugares de encierro, sino que busca entender el modo en que se expresa el castigo en este momento histórico particular y las formas de esa violencia. Resalta la necesidad de que se discutan políticas y realicen acciones concretas para disminuir la conflictividad y que se sostengan mensajes políticos y éticos sobre la prohibición de la tortura y el maltrato.
El informe da cuenta del alto número de detenidos que fallecen en incendios en cárceles y comisarías de todo el país, de los graves problemas de salud que padecen y de la arbitrariedad con la que se rige la vida en esos espacios. Plantea, también, la preocupación por el aumento de las muertes por violencia, suicidios o problemas de salud en el sistema bonaerense y federal. Pero a su vez, intenta entender y explicar las lógicas de la gestión penitenciaria. Pensemos en sistemas que no han sido reformados en su estructura y profundidad desde la última dictadura militar y que, en general, resisten cualquier iniciativa de cambio.
Entonces, hay tortura en los lugares de detención del país. Hay maltrato. Hay también algunas políticas que intentan modificar lógicas, abrir espacios y generar nuevas estrategias de gobernabilidad.
La pregunta, en todo caso, es cómo avanzar en una reforma de los servicios penitenciarios que desande su estructura militarizada y deje de lado las políticas de aislamiento. La idea es que es preciso avanzar sobre el control civil y modificar su forma de organización. Así como se discute sobre las policías, es necesario debatir sobre la gobernabilidad democrática de los lugares de detención.
Esto implica, en gran medida, poner también en discusión las políticas y los recursos destinados al egreso y la reinserción de las personas luego de haber pasado un tiempo detenidas.
Es preciso enfatizar que las tramas de la violencia intramuros se resignifican en el afuera y deben ser incorporadas al debate sobre seguridad. Las trayectorias de vida marcadas por el encierro muestran innumerables abandonos y maltratos estatales que son cristalizados en las condiciones de vida en que se priva de libertad.
En los últimos años, se han dado procesos políticos y sociales muy importantes para el avance de los derechos humanos en el país. La cuestión del castigo y del encierro tiene que estar en esa agenda y ser asumida por las fuerzas políticas en todas sus dimensiones.
Es muy importante salir de la lógica del pánico, de un “otro” a quien es necesario denigrar.
La difusión de actividades culturales, políticas, incluso festivas puede afectar sensibilidades, pero también que en términos políticos implica dar otra imagen, llevar otro mensaje, no estigmatizador, sobre las personas que están allí alojadas. Esto no significa dejar de evaluar decisiones de gestión que pueden ser equivocadas, sino que resalta la necesidad de complejizar esos debates para entender el contexto carcelario.
Es fundamental que los hechos de tortura y de tratos denigrantes causen más conmoción social que las salidas sobre las que se ha discutido tanto. Y es muy importante también que esta nueva revalorización de la política genere interés por el tema, las organizaciones políticas y sociales ingresen en los lugares de detención y compartan la visión de que la violencia en el castigo habla de nuestros valores sociales.
* Directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La mirada del Poder Judicial
En la discusión sobre el funcionamiento del sistema penitenciario no puede faltar la reflexión sobre el rol del Poder Judicial. A riesgo de generalizar injustamente, es preciso remarcar la responsabilidad de los sistemas de Justicia por sostener graves formas de impunidad.
En un caso de fuertes golpizas contra detenidos alojados en la Unidad 11 de Neuquén, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia decidió que era correcto no condenar a los penitenciarios por torturas, sino por figuras más leves como las vejaciones o los apremios. La cuestión no es meramente jurídica, ni se basa en una pretensión punitiva desmedida. Esta imposibilidad de llamar a las cosas por su nombre y darles la interpretación que corresponde hace al posicionamiento ético, jurídico y político de los poderes judiciales y explica la fuerte aceptación y naturalización con la que enfrentan los hechos de violencia institucional que llegan a sus escritorios. Las prácticas son negadas, justificadas o menospreciadas.
La sentencia del STJ de Neuquén opta por una evaluación ascética de los hechos, recortados en su máxima expresión para quitarles peso y profundidad, al no analizar el contexto de encierro. Prefiere no inmiscuirse en los efectos del padecimiento humano, físico y psíquico, de la reiteración de violencia física sorpresiva, el sometimiento humillante a la autoridad, la desnudez, el frío, las patadas, los gases y las barras de hierro que golpean en los pies. El análisis judicial, complaciente del accionar del grupo de requisas para doblegar una alegada situación de violencia interna que –según ellos– comienza legalmente y termina en exceso de algunos, oculta el ejercicio de esta violencia estatal bajo la excusa de mantener el orden.
No existe en el fallo una condena manifiesta a este tipo de prácticas, ni la necesidad de que se trabaje sobre los estándares adecuados de uso de la fuerza.
Deja de lado las dinámicas de la violencia carcelaria que ponen en contexto los hechos probados y le dan sentido.
Hace unos meses, otro tribunal absolvió a los responsables de haber torturado y violado a un detenido bonaerense por una interpretación formalista de la prueba y por el descrédito absoluto a la palabra de los detenidos.
Sin duda, este es otro de los temas urgentes sobre los que hay que hablar.
fuente http://www.perfil.com/ediciones/2012/8/edicion_701/contenidos/noticia_0029.html
