Once agentes penitenciarios fueron pasados a disponibilidad, después que se comprobara que habían presentado certificados analíticos falsos para poder permanecer en sus puestos. El director del Sistema Penitenciario, Sebastián Sarmiento aseguró que hace 45 días se inició una auditoría interna para detectar si existen dentro del personal otros casos de documentos adulterados.
La irregularidad fue detectada por el personal administrativo del Sistema Penitenciario, cuando se encontraban actualizando los legajos de los agentes que habían entrado en 2008 sin tener sus estudios secundarios completos, pero que gracias a una modificación en la reglamentación, pudieron acceder bajo la obligación de completar este nivel dentro de los 36 meses siguientes a su incorporación.
Así, de los 105 agentes que se incorporaron ese año, se pudo comprobar que al menos 11 presentaron certificados apócrifos.
El descubrimiento fue posible dada la burda calidad de los documentos presentados. Firmas ininteligibles, sellos erróneos, nombres de funcionarios inexistentes, desconocimiento de áreas ministeriales, entre otros, resaltaban con respecto a los suministrados por la Dirección General de Escuelas.
Sebastián Sarmiento, aclaró que hace 45 días, cuando tuvieron conocimiento del primer caso, comenzaron una auditoría interna, que arrojó el hallazgo de diez certificados apócrifos más.
A partir de esto, los once agentes, que pertenecen a todos los complejos y cuya identidad se mantiene reservada mientras dura la investigación, fueron pasados a disponibilidad y se hizo la correspondiente denuncia penal y administrativa ante la Justicia.
Además de estos once, Sarmiento hizo referencia de hay más casos cuya veracidad fue puesta en duda, por lo que fueron remitidos a la DGE para certifique la veracidad de los documentos.
Círculo perverso
Daniel Cassia, diputado por el Partido Justicialista Federal, aseguró que esa cifra podría ascender a unos sesenta casos, dados que muchos accedieron a estos certificados apremiados por la preocupación de ser cesanteados por no haber completado sus estudios secundarios durante los tres años pasados desde su incorporación.
Entre las razones por las que algunos agentes habrían recurrido a estos documentos apócrifos, se debe a que la flexibilidad del acceso no fue correspondida por sus actividades como agentes, ya que no contaban con el tiempo suficiente como para asistir a los CENS para completar las asignaturas pendientes.
Para Cassia, “los sueldos magros, malos tratos y falta de descanso adecuado” repercuten directamente sobre la indisponibilidad del agente para que pueda completar sus estudios y capacitarse.
De este modo, aquellos que pertenecen a los rangos menores se encuentran atrapados en un círculo perverso que no los deja avanzar, y que en casos como este, la desesperación por no perder su fuente de trabajo, los lleva a tomar decisiones desacertadas que terminan teniendo la consecuencia contraria.
Del otro lado del mostrador
Como complemento de este círculo, del otro lado de la necesidad, se sitúan aquellos que creen que pueden vulnerar el sistema y ofrecer desde la clandestinidad, una salida ilegal.
El Diputado federal, aseguró que quiénes proveen estos certificados, cumplen sus funciones dentro del complejo Almafuerte y estarían relacionados con las áreas de laborterapia.
Obedeciendo a una regla de la economía, con el aumento de la demanda por la necesidad de obtener esta documentación, los certificados oscilan entre los 700 y 1.000 pesos, cuyo valor oscila de cuerdo a la cara del guardiacárcel y su apuro.
Títulos terciarios
Además de los analíticos de la educación media puestos en duda, Sarmiento aseguró que también serán revisados los del nivel terciario, para certificar si el resto del personal no ha cometido un delito similar al incurrido por los agentes.
Daniel Casia cree, en base a “denuncias recibidas en su despacho”, que algunos penitenciarios de mayor rango “habrían accedido a promociones” presentando títulos que no cumplen con las condiciones requeridas.
Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con ninguna prueba que certifique esta presunción.
