| El día martes 7 se llevó a cabo en el Senado de la Nación la audiencia pública para evaluar a Alejandra Gils Carbó, la candidata propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional para cubrir la vacante del Procuración General de la Nación. Durante más de seis horas, Gils Carbó fue interrogada por Senadores sobre sus visiones y valores jurídicos en temas diversos atinentes al cargo al que aspira. |
| Buenos Aires, 8 de agosto de 2012
Luego de realizar una presentación de sus antecedentes y una descripción de su experiencia como Fiscal de Cámara en lo Comercial, fue sometida a un extenso interrogatorio por los legisladores, el cual transcurrió de manera cordial y dinámica y sin mayores sobresaltos. En líneas generales, la candidata se mostró versátil y con amplios conocimientos de todos los temas y materias que le fueron consultados. Quedó en claro que conoce en profundidad el funcionamiento y problemáticas del Ministerio Público, y que tiene ideas claras respecto a cómo solucionar algunas de las falencias que hoy lo aquejan.
En materia de derechos, Gils Carbó demostró una visión amplia y con estándares modernos respecto a los criterios de protección de derechos civiles y humanos en general, y se evidenció cierta sintonía con los principales fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este tema en los últimos años.
Por ejemplo, manifestó su acuerdo con los fundamentos de dos fallos recientes del máximo tribunal. El primero es “Arriola” donde la Corte sostuvo la inconstitucionalidad de la actual ley de drogas que penaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal. El segundo es el caso “F.A.L”, donde de manera unánime los jueces de la Corte sostuvieron que el Código Penal establece claramente que toda mujer tiene el derecho a interrumpir el embarazo cuando este es producto de una violación, sin distinción de sus facultades mentales. En este tema sostuvo además que la decisión de criminalizar o no una conducta es facultad del Congreso, y que la Convención Americana de Derechos Humanos no impide la despenalización del aborto.
Con respecto a su futura gestión –en caso de ser confirmada- fue crítica de la selectividad del sistema penal al sostener que hoy no persigue delitos de cuello blanco. En tal sentido se mostró comprometida con la lucha contra la corrupción y los delitos cometidos por funcionarios públicos y destacó la importancia de la Fiscalía de Investigaciones Investigativas, la cual debe ser fortalecida. Asimismo destacó que se necesita mayor coordinación entre todos los actores relacionados en la lucha contra el narcotráfico.
Preguntada por el tema Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- , evadió dar una respuesta alegando que era un tema ajeno a las funciones del Procurador General. Eso parece desconocer que dicho tema ya fue tratado por la justicia (y probablemente esa situación se repita) cuando la Asociación por los Derechos Civiles presentó un amparo solicitando el INDEC informara la metodología utilizada para medir la inflación basado en el derecho al acceso a la información pública, el cual obtuvo fallos favorables de primera y segunda instancia y hoy se encuentra firme. Resulta evidente que la problemática del INDEC tiene relevancia en términos judiciales debido a sus complejas aristas.
En materia de libertad de expresión tuvo altibajos. Si bien por una parte sostuvo que no se puede hacer un uso arbitrario e irrazonable de la publicidad oficial, no manifestó rechazo por la Ley Antiterrorista, que establece severas restricciones al derecho a la protesta y a peticionar a las autoridades. La ADC se ha pronunciado enfáticamente en contra de dicha norma por su carácter restrictivo de la libertad de expresión. Asimismo coincidió en destacar la importancia del acceso a información pública y pareció tener un criterio amplio y firme en cuanto a la obligación del Estado a proporcionar información a la ciudadanía en general.
En materia carcelaria no fue interrogada excepto respecto a las salidas transitorias. En tal sentido se refirió al caso Vázquez señalando que fue un error de oportunidad otorgarle el beneficio de una salida a una persona que había sido condenada 20 días atrás por un crimen grave.
Consultada sobre el pago del impuesto a las ganancias por parte de los fiscales, Gils Carbó señaló que no está de acuerdo con la actual exención y que considera que fiscales y magistrados deberían afrontar la misma que el resto de los ciudadanos. Esto es un criterio muy valioso sobre un tema que está en debate desde hace muchos años. La ADC se ha pronunciado al respecto en varias oportunidades señalando su convicción de que los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias.
Su visión de los derechos humanos denota un criterio de protección amplia, con un Estado garante de sus obligaciones, que respete la sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (destacó su obligatoriedad a nivel interno), y que garantice el acceso a la justicia. Con respecto a este último punto, subrayó que considera que tanto el Defensor del Pueblo de la Nación como las asociaciones civiles y ONG está legitimados para defender derechos de incidencia colectiva.
El valor de la audiencia púbica
Resulta imperativo destacar que la audiencia demostró ser una excelente herramienta para analizar los valores, experiencia y antecedentes de una postulante para uno de los cargos más importantes de nuestro sistema política. El debate público no sólo permitió elevar la calidad del debate sino también hizo posible la participación de distintas organizaciones de la sociedad civil y del público en general, aunque lamentamos que el Presidente de la Comisión de Acuerdos Constitucionales solo le formulara unas pocas del centenar de preguntas presentadas por las ONG especializadas en temas de justicia y derechos humanos (Ver aquí las preguntas presentadas por la ADC)
En general, se le formularon buenas preguntas que obtuvieron respuestas elaboradas y sólidas. Hubiera sido deseable que los Senadores del Frente para la Victoria hubiesen formulado preguntas, pero lamentablemente no lo hicieron. Solo los legisladores de la oposición interrogaron a la candidata. Esto denota es un excesivo desinterés por parte del oficialismo, quizá fundado en la confianza de contar con los votos necesarios para su confirmación. La finalidad de una audiencia pública de este tipo es, entre otras, fortalecer la legitimidad del candidato mediante su escrutinio, con lo cual el FPV desperdició una valiosa oportunidad para que su candidata se viera respaldada y consolidada en su aspiración mediante el debate público.
Al finalizar la audiencia, el FPV adelantó que votará favorablemente el pliego de la candidata, y luego los Senadores Juez y Giustiniani se pronunciaron en el mismo sentido. El Senador Naidenoff, por su parte, informó que la UCR evaluará los resultados de la audiencia para pronunciarse a la brevedad.
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