La Legislatura tucumana convirtió en ley el proyecto «Prostíbulos cero», que prohíbe el funcionamiento de locales donde se practique o facilite el ejercicio de la prostitución bajo la modalidad de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, locales de alterne o cualquier otra denominación, ya sea ostensible o encubierta. La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo local hace diez días, siguiendo la experiencia cordobesa y en coincidencia con el desarrollo del juicio por la desaparición de la joven Marita Verón en 2002, uno de los casos más emblemáticos del delito de trata de personas. Al resaltar la importancia de esta sanción, el gobernador José Alperovich admitió que el flagelo «no se va a resolver con solo un acto de gobierno», pero aseguró que «al menos, se va a lograr una mejor calidad de vida a las chicas que hoy trabajan en esto».
La norma dispone la inmediata clausura y cierre definitivo de todos los locales, apenas entre en vigencia la ley, y deroga incisos de la Ley de Contravenciones Policiales, para agravar las penas contra quienes dirijan estos establecimientos con arrestos que pasarán de 30 a 60 días, evitando además que los infractores puedan pagar multas para eximirse del arresto. Se espera que la semana que viene, Alperovich promulgue la norma y que a fin de mes se encuentre lista la reglamentación. De ella participará Susana Trimarco, madre de Marita Verón y presidenta de la Fundación María de los Ángeles, una personalidad destacada en la lucha contra la trata.
«El gobernador mandó el proyecto para que esta ley sea un mensaje político: no se permitirán los prostíbulos en el territorio tucumano. Buscamos terminar con ese vínculo perverso entre el explotador y la mujer, acabar con esa subordinación. La norma se complementa con una asistencia a las víctimas de trata. Esas mujeres deben ser contenidas para que tengan una salida laboral, puedan capacitarse y logren incluirse», explicó a Tiempo Argentino, el diputado Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la comisión de Seguridad y Justicia. Según contabilizaron en esa comisión, en la provincia habría 16 prostíbulos en funcionamiento y otros 50 locales se regentearían de modo ambulante.
En los argumentos del proyecto se caracteriza a la explotación sexual de las mujeres como un problema de salud pública y de desigualdad de género, basado en una relación de dominación, «que lleva a tener como objeto de intercambio mercantilista la sexualidad y el cuerpo de las mujeres». Asimismo, se define a la prostitución como una manifestación más de la violencia de género y asegura: «Desde una perspectiva de los Derechos Humanos, no podemos dejar de sensibilizar a la sociedad y no denunciar cuando somos testigos de atentados a la misma.»
Fabiana Túñez de la ONG La Casa del Encuentro, declaró: «Consideramos altamente positiva que se dé una política tendiente a erradicar aquellos lugares donde no sólo hay trata de personas sino también proxenetismo. Los prostíbulos son ilegales en el país, pero siempre se encuentran formas de evadir la ley. Esto tiene que ir de la mano de una fuerte campaña de concientización de lo que significa la trata y el consumo, y avanzar sobre las complicidades de las fuerzas de seguridad, de la justicia, sectores políticos.» «
córdoba y una iniciativa pionera
La Legislatura cordobesa fue pionera en la erradicación de prostíbulos, al sancionar una ley que los prohíbe en toda la provincia, y que resultó ser modelo para el resto de las experiencias. La iniciativa fue presentada por el gobernador José Manuel de la Sota como parte de un plan de lucha contra la trata de personas y fue aprobado en mayo de este año. Pocas semanas después, la ciudad de Paraná imitó el gesto, y prohibió por una resolución municipal todos estos establecimientos. En la actualidad, las provincias de Santa Fe y Río Negro se encaminan en tareas similares, con proyectos de ley que deberían ser tratados próximamente en sus respectivas legislaturas. En el Consejo de la ciudad de Rosario también hay una iniciativa de este tipo en estudio, que presentó la edil radical María Eugenia Schmuck, y que en términos generales imita las iniciativas de Córdoba y, ahora, de Tucumán.
contener y recuperar
Aunque el objetivo principal es el combate a la trata y a la explotación sexual de personas, la ley también establece, mediante la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, la generación de medios para resguardar integralmente los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo la prostitución. En esa línea, la norma crea una Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual, cuya función y atribuciones serán dispuestas a partir de su reglamentación. Además, el artículo 7 dispone la elaboración de contenidos escolares vinculados a la prevención de ese delito.
“Todo lo que suponga cumplir las leyes es un avance. Pero el combate a la explotación es sólo uno de las aristas del problema. Se anuncia un programa de contención, pero esos programas deberían existir desde hace 16 años. La medida tiene que reforzarse con políticas de inclusión laboral, social, educativa. Si el Estado argentino no avanza en este sentido, las que sufren las consecuencias terminan siendo siempre las mujeres”, explicó la tucumana Graciela Collante, de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMMAR Capital).
