Así lo afirmó Julián Axat,  defensor del fuero de responsabilidad juvenil de La Plata que cotidianamente trabaja en la defensa de adolescentes de entre 16 y 18 años que están en conflicto con la ley penal.

¿Qué características tienen los chicos con los que le toca trabajar?

Son chicos provenientes de los sectores más pobres de la población. Por lo general  hijos de sectores desplazados, no pertenecientes a los sectores formales de trabajo. Chicos con muchas carencias, con vulneración de derechos. A veces ocurren excepciones. Chicos que ingresan por otro tipo de problemas, no por déficits o vulneración de derechos, sino porque hay irrupciones de ellos en la vida delictiva y también son sometidos al proceso penal.

¿En qué situación está la normativa respecto a los menores?

A nivel nacional rige una ley de la dictadura que es la Ley Tutelar 22.278 que no fija pautas penales concretas sino que establece arbitrariedades que los jueces pueden aplicar a los menores. Esta ley impide la aplicación de penas breves y  también somete a los chicos a bajas de edad de impunibilidad  a los 14 años por medidas de seguridad. Esta ley es inconstitucional y lamentablemente sigue vigente. Hay que crear un Código Penal para la niñez y la adolescencia o se tiene que reformar el Código Penal  estableciendo penas cortas para niños y adolescentes llevando la edad de imputabilidad a los 16 años y limitándola ahí. Argentina está a años luz de otros países y no adecua su legislación a la Convención de los Derechos del Niño. Osea, cuando un  niño o un adolescente de 16 años comete un homicidio lo más probable es que le puedan aplicar una pena de 20 años. Cuando en realidad si el Código Penal estuviera reformado y esta pena no existiera, lo máximo que le correspondería sería de seis o cinco años. Esto ocurre en Argentina hasta el punto que se ha penado a penas perpetuas a niños. Hay cinco niños condenados por jueces a prisión perpetua. Estos casos están ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, las provincias de nuestro país han dictado legislaciones progresistas conforme a la Convención de los Derechos del Niño. Pero son leyes procesales, no son leyes de fondo que en todo caso establecen la ingeniería procesal que tiene que ver con la creación de jueces especiales, defensores especiales y procedimientos especiales. Lo cierto es que luego de los juicios y de las privaciones de libertad, los jóvenes son sometidos a penas altas porque a nivel nacional no existe un Código Penal de la niñez y el adolescente.

¿Cómo actúa la policía frente a los jóvenes?

En principio, en la Provincia de Buenos Aires existe una fuerte selectividad policial respecto de los jóvenes dentro de la franja de edad que yo defiendo. La policía está entrenada para detectar a los jóvenes de las clases sociales más desplazadas. Y muchas veces no hay motivos delictivos, sino que los jóvenes son seleccionados por su mera portación de rostro, por su forma de vestir, por los movimientos corporales que tienen o por los lugares en que se encuentran. Por lo tanto, la policía muchas veces ejerce una forma abusiva de privación de la libertad de estos chicos. Es una característica de la fuerza policial de la provincia.

Lo que ocurrió en Salta es un caso que visibiliza un problema que también se vive en las comisarías de la Provincia de Buenos Aires. Torturas, apremios, severidades aplicadas sobre jóvenes como una forma de castigo suplementario. Ya no es castigo formal- penal, sino el castigo informal por parte de la propia fuerza policial que es quien en realidad tiene que proteger a la sociedad civil y no abusar de su fuerza.

¿A dónde puede acudir un joven que fue víctima de violencia institucional?

Por supuesto que no a la comisaría que abusó de él. Debe acudir a las defensorías del Poder Judicial. También pueden asistir o participar de los organismos de derechos humanos que están en la provincia,  como la Comisión Provincial por la Memoria, la Correpi, la organización La Cantora. Hay formaciones universitarias o dentro de las Facultades de Derecho donde por lo general hay consultorías gratuitas o en los Colegios de Abogados donde también hay consultorías gratuitas. En la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación o de la Provincia a veces, no siempre, se canalizan estos problemas. Hay un montón de lugares donde los jóvenes o las familias de ellos pueden ir para evitar este tipo de abusos.

En la provincia de Buenos Aires, ¿qué tipo de políticas hay para frenar este avance de la policía sobre los jóvenes y cómo analiza a las organizaciones de izquierda y dentro del progresismo como creadoras de políticas en este sentido?

De parte del gobierno de la provincia veo una política escasa de control de la fuerza y de abuso de la fuerza. Sobre todo porque el Ministerio de Seguridad y Justicia son uno solo y están encabezados por un mismo ministro, y lo que se hace es promocionar un tipo de uso de la fuerza sin ningún control. No veo que exista ningún tipo de límite, racionalidad o política de control, castigo o de  autocastigo de los propios abusos dentro de la fuerza. Las auditorias de asuntos internos policiales, lamentablemente en la provincia de Buenos Aires, son muy débiles y hay una política deliberada de no sanción a los policías que abusan de sus funciones.

Por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, durante mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires  estuvo vaciada. La regía una política de derechos humanos superficial y cosmética,  hasta hace dos meses que ingresó un secretario de derechos humanos que está tratando de cambiar el perfil. Y veo, o advierto que empiezan a haber algunos cambios internos. Pero en dos meses es muy poco lo que se puede hacer después de años de una política donde se ha tolerado la violencia institucional y se viene promocionando la violencia institucional desde las cabezas de las propias fuerzas policiales desgobernadas o autogobernadas por la propia corporación policial y no por el poder político.

Desde los organismos de derechos humanos, las organizaciones de izquierda o del progresismo a mi entender vienen haciendo un trabajo de lucha. Lo que pasa es que sino tienen una capacidad de incidencia sobre el Estado provincial es muy difícil que puedan salir adelante y no seguir invisibilizados como organizaciones. Me parece que la capacidad de compromiso tiene que ver también con la forma de agruparse y de construir redes. Las organizaciones a veces se quedan en el camino o van avanzando pero no siempre pueden  lograr una performance exitosa respecto a un monstruo como es el Estado, donde realmente es muy difícil denunciar los atroces hechos que ocurren.