NEUQUÉN (AN).- El Tribunal Superior de Justicia analiza un proyecto de ley orgánica acorde con el nuevo Código Procesal Penal que entrará en vigencia en enero de 2014. Establece que seguirá la diferencia de categoría entre los actuales jueces de Cámara y de Instrucción, mientras que la integración del estratégico Tribunal de Impugnaciones podría definirse por sorteo.
El proyecto lleva la firma del camarista Andrés Repetto y fue elaborado por una comisión que también integraron los jueces Alfredo Elosu Larumbe y Carina Álvarez. El grupo de trabajo se formó en junio por decreto del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Kohon, con la finalidad de llegar a la fecha de entrada en vigencia del Código con las leyes necesarias para ponerlo en práctica.
Además de la ley orgánica del Poder Judicial, hay que crear la de los ministerios públicos de la fiscalía y la defensa. Todas serán sometidas a debate interno y se estima que antes de fin de año el paquete completo ingresará a la Legislatura.
En paralelo, y como informó «Río Negro», la Asociación de Magistrados elaboró sus propios proyectos y ya los presentó en la Legislatura.
Uno de los puntos de debate gira en torno de la integración del Tribunal de Impugnación, que tendrá competencia provincial y revisará todo lo actuado por las instancias inferiores.
El proyecto «oficial» contempla que esté integrado por 6 de los actuales jueces de Cámara. Si la cantidad de interesados en el puesto excediera ese número, habrá un sorteo público.
El proyecto de la Asociación les daba prioridad a los camaristas seleccionados por el Consejo de la Magistratura, lo que dejaba afuera a todos los que accedieron al cargo antes de 2007.
En cuanto al Colegio de Jueces, otro de los diseños novedosos respecto del sistema actual de trabajo, el proyecto que estudia el TSJ hace una distinción entre «jueces de juicio oral» (los actuales camaristas) y «jueces de garantías» (los que ahora son de Instrucción).
En los fundamentos, se critica implícitamente la propuesta de la Asociación de Magistrados de crear un colegio de jueces «horizontal», todos con la misma categoría, lo que implicaba ascender a camaristas a 20 jueces de primera instancia.
Dice al respecto que «hay una imposibilidad constitucional (los requisitos son distintos para ambos cargos), imposibilidad presupuestaria y daría pie a justos reclamos de otros jueces con diferentes competencias», por ejemplo civiles, laborales o de familia.
Para llevar a cabo el proyecto serían necesarios 7 camaristas más, 3 en la capital y 4 en el interior (donde hay una particularidad, ver aparte), y 1 juez de primera instancia más.
