En el juicio contra los policías Sebastián Zárate y Mariano Jesús Moreno, acusados de los delitos de allanamiento ilegal, apremios ilegales y vejaciones, la Fiscalía solicitó este lunes penas de cumplimiento condicional y 10 años de inhabilitación para los procesados.
En la misma jornada se concretó el testimonio de Víctor Benítez, quien al igual que su hijo José Luis, son las víctimas del hecho.
En el momento de los alegatos, la Fiscalía encontró a los efectivos como autores penalmente responsables de los delitos. Por lo tanto, solicitó para Zárate tres años de prisión condicional y dos años también condicionales para el cabo Moreno. Cerrado el debate, la jueza Silvina Gallo dará a conocer la sentencia este martes a las 7.30.
El fiscal Aníbal Lafourcade describió en su alegato que «media docena de testigos confirmaron que hubo detenciones» y puntualizó que los hechos que se investigaron en esta causa «fueron sobre lo ocurrido el 19 de junio de 2011 y no sobre el desempeño de los agentes dentro de la fuerza».
Además sostuvo que “los hechos deben ser aclarados en la sala de audiencias”, agregando que, «nada autoriza a violar la ley. No hay excusas absolutorias. Está comprobada la materialidad del hecho. Todos los testigos relatan la actitud de los funcionarios policiales», transcribió el sitio Diario Río Uruguay.
En cambio uno de los defensores, el abogado Rafael Briceño, sostuvo que «no se ha establecido la materialidad de los sucesos» y argumentó que «mientras el médico policial sólo notó una o dos lesiones en Víctor Benítez y en su hijo sólo escoriaciones, en el oficial Moreno visualizó cerca de siete lesiones». Añadió que «esa pericia entregada por el médico de la Policía entrerriana, no fue contradicho por otra prueba».
Por su parte, Leonardo Williman –el otro abogado que defiende a los efectivos– aseguró que «no hubo una violación de domicilio» por parte de su defendido y dijo creer que «la falta de secuestro de los supuestos cartuchos que se dispararon es porque no hubo disparos». A pesar de que fue un dato corroborado por todos los testigos que pasaron por este juicio y afirmaron haberlos escuchado aquella noche.
Para Williman, «como ninguno de los testigos tiene estudios formales» intuye que puede ser «una cuestión de picardía» los cargos imputados.
