Sufre episodios psicóticos agudos por su esquizofrenia paranoide y está imputado por venta de droga en su casa del norte cordobés desde fines de marzo. ¿Debería estar preso en una cárcel?
Hasta ahora, la respuesta que daba la Justicia Federal de Córdoba era afirmativa. Pero hoy la Sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones ordenó la prisión domiciliaria para que pueda trasladarse a la capital provincial y concurrir a tratamiento al Hospital Neuropsiquiátrico.
Es la primera vez que, al menos en esta jurisdicción, la Justicia Federal otorga el arresto domiciliario a un paciente que padece una enfermedad mental. Los fundamentos se conocerán en cinco días hábiles, pero en el fondo lo que subyace es la imposibilidad de que una persona con trastornos de este tipo esté privada de la libertad en una cárcel, a partir de la Ley Nacional de Salud Mental Nº26657 y laprovincial Nº 9848.
Antes, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano y el juez federal Nº2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, habían denegado la posibilidad, pero la defensora oficial Mercedes Crespi apeló la medida con el respaldo de la Procuración Penitenciaria, que se presentó como “amicus curiae” (amigo del tribunal).
El arresto. La historia se remonta al 31 de marzo, cuando el paciente, un joven de 27 años, fue detenido durante un allanamiento en el que se secuestraron, en diferentes partes de una vivienda del norte provincial, 508 gramos de marihuana, un envoltorio con 57 gramos de cocaína, 28 envoltorios de nailon y, por separado, 10 envoltorios con marihuana y 4 porros armados.
El joven fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y, a la vez, comercialización de estupefacientes. Le dictaron prisión preventiva en una causa en la que no fue procesado aún.
Desde hoy cumplirá con el arresto domiciliario en la casa que sus padres tienen en Córdoba capital, para que pueda concurrir al tratamiento pisquiátrico, mientras que en el norte quedó su pareja y un hijo.
«Noticia debería ser que no le dan este derecho, pero estamos acostumbrados a lo contrario. (…) Tiene derecho a ser tratado como un paciente y no como un preso. Sobre eso no debería haber duda», explicó a La Voz Rossana Gauna, a cargo de la sede local de la Procuración Penitenciaria.
«La cárcel no puede ofrecer la alternativa de recuperación que la ley establece. Todo esto tiene una solución específica que es la prisión domiciliaria que concilia el derecho de salud del imputado con el el derecho del Estado a mantener a esa persona detenida», dijo Crespi.
En el escrito de la Procuración se lee que el imputado «goza de una serie de derechos especiales por la situación de vulnerabilidad en que se encuentra, y debe ser tratado como un paciente con los derechos que ello importa. Derechos que no han sido respetados desde el momento de su detención, haciendo prevalecer la privación de la libertad sobre su derecho a la salud».
