El defensor de menores de La Plata Julián Axat interpuso un habeas corpus a favor de cuatro adolescentes y una denuncia penal contra siete celadores del instituto de menores Almafuerte de la localidad de Melchor Romero, en La Plata, a quienes los chicos acusaron de haberlos golpeado con palos y matafuegos en la cabeza y la espalda, durante una represión ocurrida el domingo a la noche tras una discusión entre algunos menores y 14 asistentes de minoridad.
La presentación la hizo el lunes el titular de la Defensoría Penal Juvenil Nº16 de La Plata, luego de entrevistarse con los cuatro chicos, de entre 17 y 19 años. En la misma solicitó que «se remita copia a la fiscalía de todo lo actuado ante la evidencia de un delito de acción pública» y que se ordenara el «traslado de los jóvenes a otro instituto dependiente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia».
Voceros de esa área del ejecutivo bonaerense, que dirige Pablo Navarro, confirmaron a este diario que los asistentes de minoridad fueron «separados preventivamente» de sus cargos y que se les inició un sumario interno. También informaron que ordenaron el traslado de los chicos.
Todo comenzó cuando Axat supo del episodio por una denuncia policial radicada en la Comisaría 7ª de Abasto. En ella, personal del Instituto aseguraba haber recibido lesiones de parte de un grupo de adolescentes bajo su cuidado, al tiempo que reafirmaban que los menores no habían sido lastimados. Sin embargo, todo cambió cuando el defensor entró en contacto con los supuestos atacantes.
«En la visita realizada por la defensoría a mi cargo al Almafuerte me encontré con cuatro jóvenes gravemente lesionados y aislados en buzones de castigo», indicó el defensor a Tiempo Argentino, y agregó que los reconocimientos médicos «dieron cuenta de que los asistentes de minoridad encubrieron la situación para desvincularse de la violenta agresión realizadas en contra de los adolescentes».
Uno de esos chicos, de 17 años, contó que todo se desencadenó en el atardecer del domingo, cuando en un área de recreación ubicada en el pabellón izquierdo los chicos discutieron, barrotes de por medio, con un asistente de minoridad, y rápidamente esa situación «derivó en una violenta represión con escudos y palos a todo el pabellón», explicó Axat.
«La discusión produce el ingreso de 14 asistentes de minoridad con secadores de piso, matafuegos y escudos», tradujo el letrado en su presentación de lo que escuchó en el relato del adolescente. Era el inicio del apaleo: «Lo tomaron entre varios para inmovilizarlo, lo insultaron y golpearon en el suelo, por la espalda y la cabeza durante un lapso que no puede describir porque no lo recuerda. Lo arrojaron dentro de la celda de aislamiento todo golpeado, y le quitaron el colchón. No tuvo asistencia médica y se encuentra castigado. Me exhibe la espalda y observo cantidad de moretones, esquimosis, y marcas oscuras», detalló en la denuncia a la que accedió este diario.
Los adolescentes señalaron a dos de los celadores, Marcelo Picone y Cristian Gallardo, como quienes más los castigaron. El defensor también incorporó a otros cinco asistentes que radicaron la presentación en la seccional.
En la denuncia presentada ante la justicia bonaerense, el defensor consideró los hechos como un «flagrante agravamiento de las condiciones de detención de los jóvenes allí alojados, en tanto han sido objetos de torturas por parte del personal», por lo que solicitó «el inmediato traslado de los mismos». «
el caso llegó al senado bonaerense
Luego de la denuncia por los golpes sufridos por cuatro chicos en el Instituto Almafuerte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense, Santiago Carreras, se puso en contacto con los denunciantes y los defensores penales para recabar información de los hechos y activar así los mecanismos institucionales que le competen al poder legislativo, según señalaron fuentes ligadas a la causa.
La nueva denuncia de los menores se suma al amplio historial de violencia institucional que guarda tras sus muros el Almafuerte. Voceros de la Secretaría de Derechos Humanos provincial indicaron que ese organismo intervino en distintas denuncias y señalaron que en ese centro “existe una práctica habitual de utilizar la represión para resolver estos conflictos internos”. La primera de esas presentaciones fue el 23 de julio ante la UFI Nº 5 de La Plata: una mujer denunció que días antes su hermano había sufrido malos tratos en ese centro.
Un episodio similar se vivió en febrero cuando, tras un habeas corpus, la jueza de menores Blanca Lasca ordenó la prohibición de ingreso de nuevos jóvenes a ese instituto al constatar que los chicos pasaban mucho tiempo encerrados en pequeñas celdas.
