El Senado santafesino corrigió una formalidad, nada menor, por sus consecuencias: se pasó a la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Asamblea Legislativa la acusación que la Corte Suprema santafesina formuló sobre el titular del Servicio Público de Defensa Penal, Dr. Gabriel Ganón.
La semana pasada el tema había pasado sólo a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y este jueves se hizo la corrección: corresponde que el tema pase a esa instancia legislativa, que reúne tanto a senadores como a diputados.El cargo de defensor provincial es parte de los innumerables cambios que ha impuesto la reforma del Código Procesal Penal. Ganón está señalado por la cabeza del Poder Judicial por haber asumido la defensa de un menor, para lo que no tendría facultades. Ganón ha dicho que su defendido fue víctima de un caso de torturas y que fueron sus denuncias sobre apremios ilegales las que “han molestado”.
Entrevista
Con el pase del expediente a la comisión que corresponde, se pueden llegar a poner en marcha los mecanismos previstos por la ley 13.014 que creó el Servicio Público de Defensa Penal.
El senador Ricardo Kaufmann (PJ-Garay), presidente de esa Comisión, confirmó que Ganón será citado a la Legislatura, pero no pudo dar más precisiones sobre la fecha en que esto ocurrirá.
Kaufmann dijo que fue el propio defensor provincial quien primero pidió una entrevista a los integrantes de la comisión, pero sin fijar un temario ni expresar los motivos.
El legislador explicó que se le indicó entonces que la audiencia va a tener lugar, pero bajo los términos de la norma vigente que tiene previsto sólo dos motivos para la (eventual) destitución del defensor provincial: “mal desempeño” y “comisión de delito doloso”.
La ley fija un procedimiento que debe tramitarse en la Bicameral. Esta además de escuchar al denunciado debe avanzar en el debate para determinar si producirá o no un dictamen. Y de resolver una acusación, entonces cabe la chance de que en una sesión conjunta de los integrantes de ambas Cámaras se trate ese dictamen, y lo aprueben o rechacen por “el voto de la mayoría absoluta de sus miembros”.
Kaufmann expresó que antes de citar a Ganón, la Comisión debe debatir qué hacer ante el expediente llegado de la Corte.
Un antecedente
La relación entre el peronismo santafesino y el titular del Servicio Público de Defensa Penal reconoce un antecedente que -para quienes están habituados a leer los gestos políticos de los cuerpos deliberativos- es relevante: vale la pena recordar cómo su pliego logró pasar por la Asamblea Legislativa que (como hoy) en febrero de 2011 tenía mayoría opositora.
El pliego de Gabriel Ganón fue aprobado de forma ficta, en una sesión de la Asamblea que se quedó sin quórum. Fue una jornada memorable: los legisladores justicialistas habían preparado un dictamen en la Comisión de Acuerdos que era contrario a su designación, y -tras varios fracasos en diciembre- su pliego fue tratado (junto a otros a diez funcionarios clave para el nuevo sistema procesal penal) en una reunión que tuvo el quórum muy, pero muy ajustado.
Lo narra mejor la crónica de El Litoral, publicada el 4 de febrero del año pasado: “El debate más extenso se dio cuando llegó el turno de votar a Ganon. El (por entonces) diputado Jorge Lagna (PJ) dijo haber recibido denuncias periodísticas de su actuación como defensor General en los tribunales de San Nicolás, mencionó la falta de antecedentes en la Justicia santafesina y dejó sentadas sus dudas sobre el concurso, preguntándose por qué se presentan tan pocos profesionales”. Por el Frente Progresista, Pablo Javkin (también el autor de la Boleta Única era diputado hace un año) hizo notar “el cambio de paradigma en la nueva Justicia por lo que los profesionales deben cambiar toda su forma de actuación; señaló que Ganon es docente titular en la Universidad Nacional de Rosario; recordó que el jurado del concurso estuvo integrado por expertos internacionales y magistrados de otras provincias y en defensa del candidato explicó que las denuncias mencionadas por Lagna son de dos comisarios de La Bonaerense, uno condenado por torturas y otro procesado como encubridor en la causa Amia, y por un interno que habría recibido dinero para atentar contra el propio defensor bonaerense”.
El rechazo al pliego no prosperó: se impuso el oficialismo por 22 a 14 y “cuando se iba a proceder a votar la aprobación del pliego, la Dra. Griselda Tessio (en 2011, vicegobernadora) advirtió que no había quórum. Fue en ese momento que cuatro senadores justicialistas se fueron y se debió levantar la asamblea”.
fuente http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/09/09/politica/POLI-04.html
