El Ministerio de Seguridad de la provincia dispuso la restitución en sus cargos de los policías que integran la dotación de la Brigada Operativa Nº 8 de Drogas con sede en Venado Tuerto, que encabeza el subcomisario Alejandro Druetta, luego de recibir informes judiciales que señalan que no surge mérito para imputarles conducta ilícita a ninguno de ellos.
Todo el plantel de esa dependencia policial había sido apartado en forma preliminar a raíz de la presentación judicial del fiscal de Venado Tuerto Eduardo Lago, quien denunció penalmente haber recibido amenazas de muerte por vía telefónica que, según presume, habrían provenido de efectivos policiales. Este señalamiento de Lago implicó el allanamiento de la Brigada Operativa de Drogas Nº 8, el secuestro del libro de guardia y de los teléfonos celulares de sus siete empleados.
Sin mérito. El Secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Matías Drivet, señaló que la cartera a la que pertenece puso a disposición a la Dirección de Asuntos Internos para las pericias encargadas por el juez de Instrucción de Venado Tuerto, Eduardo Bianchini, sobre los teléfonos portables, y toda la estructura para agilizar el caso. Finalmente requirieron informes a los juzgados federales y los provinciales para establecer si pesaba algún tipo de cuestionamiento policial a Druetta y sus subordinados. No hubo respuesta que comprometiera a ninguno de ellos.
«Preguntamos en especial al juez Bianchini que nos hizo saber que no habían surgido elementos para formular ninguna imputación. Pasado un mes de la denuncia del fiscal Lago y de las medidas ordenadas no surgió nada que justifique sostener la medida provisoria que significó el apartamiento», dijo Drivet a LaCapital.
La polémica. Lago había hecho fuertes recriminaciones contra la policía del área de Drogas en el departamento General López. «La actuación de esta agencia policial se parece tétricamente a la de los grupos de tareas de la dictadura y la violencia de la respuesta encuadra en la lucha por el mercado de la droga en el sur santafesino, en un marcado proceso de cartelización del narcotráfico que incluye a la policía provincial cada vez más autonomizada», dijo.
Lago lo afirmó en la semana que un juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, anulaba por irregular un operativo en el que una brigada encabezada por Druetta detuvo a cuatro personas en Firmat, dos meses antes, con casi cuatro kilos de estupefacientes. El magistrado ordenó la libertad para todos porque al constatarse las fallas del acta policial se desplomó la base para acusarlos.
Tras ello el gobierno provincial objetó a Lago tratándolo de imprudente y atribuyéndole a sus denuncias intencionalidad política. El ministro de Gobierno, Rubén Galassi, sostuvo en ese sentido que el fiscal había sido funcionario durante el gobierno de Carlos Reutemann, lo que desató críticas de legisladores de la oposición y del Colegio de Magistrados de Rosario.
