El Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Nilda Garré, sigue moviendo las fichas para lograr el tan ansiado “control político” de la fuerza de seguridad más conflictiva bajo su órbita. Después del cambio de comisarios en febrero pasado de las dependencias que regenteaban los barrios del sur de la ciudad, ahora apuestan a golpear la lógica de financiamiento paralelo de la Policía Federal. En tres denuncias judiciales radicadas entre el 22 de julio y el 5 de septiembre en el juzgado Federal de Claudio Bonadío, y los juzgados de instrucción criminal Nº 1 a cargo de Hernán Martín López y Nº 20 que subroga Elizabeth Alejandra Paisan, se acusa a cuatro comisarios, un comisario inspector, cinco subcomisarios, dos subinspectores, un sargento, cinco cabos primeros, un cabo y un agente de tres comisarías porteñas por “cohecho y enriquecimiento ilícito”. “Lo que denunciamos no fueron una serie de casos, sino un sistema”, explicaron desde el ministerio sobre las pruebas de corrupción de uniformados de las seccionales 7ª (Once/Balvanera), 28ª (Barracas /Parque Patricios) y 44ª (Liniers), sobre las que se fundan las presentaciones.
En la jerga se las conoce como “quintas” y tienen prácticamente la misma edad que la institución: coimas por “protección” –que deberían brindar porque es su función pública– a los comercios legales e ilegales de la ciudad de Buenos Aires. La diferencia entre uno y otro sólo radica en lo que suele sucederles en caso de negarse a pagarlas: mientras un almacén puede ser asaltado varias veces en poco tiempo, un punto de venta de drogas o un prostíbulo pueden dejar de ser invisibles para la comisaría del barrio, y ser allanados.
Entre las pruebas que presentó a la Justicia, el ministerio documentó las tarifas que semanalmente debían pagar los comercios y que –en general– pasaban a recoger las Brigadas, y trabajó con la AFIP para estudiar sus patrimonios. Hay comerciantes que religiosamente les daban a los recaudadores 3.500 pesos por mes. La denuncia en el fuero Federal tiene su propia lógica: si bien las figuras legales contra las policías son las mismas, los delitos que podrían encubrir son federales: trata de personas y el narcotráfico.
Es que a algunos jerarcas de la fuerza, además de ser señalados por vecinos y comerciantes, se les va a hacer cuesta arriba explicar la cantidad, variedad y valor de su patrimonio: caserones dinásticos, coches de lujo, yates y otros bienes carísimos no se compadecen con sus sueldos –unos 12.000 pesos–, además de movimientos poco transparentes en sus cuentas bancarias. Miradas al Sur pudo saber, por ejemplo, que uno de los jefes policiales denunciados tenía una propiedad de 1.000 metros cuadrados en Cariló y un hijo cursando en la Universidad Austral, cuya matrícula mensual ronda los 4.000 pesos.
Las investigaciones, coordinadas por la Secretaría de Articulación con los Poderes Legislativo y Judicial, la Unidad de Transparencia y la Unidad de Fiscalización de Fuerzas Policiales y de Seguridad y la Dirección de Asuntos Jurídicos, contaron con dos fuentes de información: los comerciantes coimeados y los policías que denunciaron –a través de un 0800 o en persona– las “quintas” de las comisarías. “Es importante recalcarlo –insisten las fuentes del Ministerio–, hay funcionarios policiales para quienes la ética profesional está por encima de las solidaridades corporativas.” En 2011 hubo 6.100 denuncias entre el 0-800, mails o expedientes administrativos. En lo que va del 2012 ya suman 10.650. “La denuncia se chequea, y cuando es pesada se judicializa”, explican.
El problema de las “quintas” no sólo son los miles de pesos extra que recaudan los guardianes del orden, sino lo que comprometen a cambio: dejar actuar a las mafias organizadas que trafican drogas, autopartes, órganos –todo lo que tenga potenciales compradores en el mercado negro– y explotan sexual o laboralmente mujeres y niños. Un mundo paralelo que se traduce a menudo en hechos de sangre aportando la mayor tajada a la criminalidad urbana. A la inseguridad.
Hasta el momento, solo dos de los veinte nombres trascendieron: es que la cúpula de la Federal decidió desafectar, con la orden del día 169, al comisario inspector Luis Alberto Poggi, titular de la comisaría 6ª, y al comisario Mario Trejo, al frente de la comisaría 51ª. Poggi fue denunciado por presuntos delitos cuando estaba a cargo de la comisaría 7ª, que tiene influencia sobre Once y Balvanera. Es una caja apetitosa: allí se concentra una gran parte del mercado informal a través de ferias y puestos callejeros.
En una nota del suplemento Zona de Clarín, en 2009, se aseguraba que “ya no sabemos qué hacer” con los revendedores de celulares de dudosa procedencia en las galerías de Once. “Todos saben que algún aparato usado puede haber sido vendido por su dueño legítimo, pero la mayoría de los teléfonos que se ofrecen ahí son robados. Nosotros también lo sabemos, por supuesto. Y hacemos operativos de vigilancia para amedrentar a los ladrones que llegan con los celulares, elevamos denuncias a los juzgados. Pero no tenemos muchas más herramientas para terminar con ese negocio”, se quejaba.
Trejo proviene de un destino más sensible aún: la comisaría 44ª de Liniers. Allí, denunciados por la Asociación La Alameda y un grupo de vecinos movilizados, se concentra gran parte de los talleres textiles clandestinos donde se esclaviza a migrantes de países limítrofes. Trejo estuvo cerca de un año en la 44ª durante el 2011. “Lo conocimos muy bien porque el año pasado, cuando nos organizamos primero en San Cayetano, y luego en la Iglesia La Salud, fue a él a quien le reclamamos en un cacerolazo por las mafias que se instalaron en nuestros barrios generando inseguridad. Recordamos muy bien cuando Trejo en el primer cacerolazo le respondió a Isabel, madre de Cecilia Agüero asesinada el 17 de abril de 2011, que eran menores los delincuentes”, cuentan los vecinos de la zona en el blog Versailles de a pie. Aunque los investigados por ese crimen son adultos.

¿La Resistencia? Las últimas dos semanas hubo en Recoleta una ola de robos en casas, departamentos y locales comerciales. La prensa documentó el recrudecimiento del delito en el coqueto barrio porteño con entusiasmo. Un repaso rápido por los medios de comunicación, sólo durante septiembre, muestra esa escalada: quince robos en lo que va del mes, casi uno por día. Todas son entraderas en departamentos, o robos en locales de ropa, excepto un intento de secuestro y un robo con arma blanca en la calle. En todos los asaltos no hubo heridos ni violencia, pero sí una gran repercusión mediática.
Sin embargo, una mirada más cuidadosa revela otros detalles. El 1º de septiembre, Infobae informó que robaron a dos mujeres a mano armada; la fuente es la policía. El 2 de septiembre La Nacióneditorializó con la historia de un joven robado dos veces. El 4, robaron un edificio en calle Larrea al 1322: “Este nuevo delito se suma a una cadena de asaltos a departamentos” en Recoleta, dice la nota, que cita “fuentes policiales”.
El 8 de septiembre, Clarín volvió a apelar a las “fuentes policiales” en una nueva entradera en calle Guido al 1725: “Aparentemente, emplearon llaves para abrir la puerta que da a la calle”, dice la nota. El 10 de septiembre se agregaron otros condimentos. Un móvil matinal de Crónica contó el robo a un fast food. El mismo día, la agencia DyN informó que “el diseñador de modas Jorge Ibáñez sufrió un asalto en su comercio del barrio porteño de Recoleta, y seis horas antes, una estudiante universitaria de 25 años padeció una entradera en un edificio ubicado a quince cuadras de distancia, informaron hoy fuentes policiales”. Télam, por su parte, sacó un cable por un robo de 300 pesos a un local de ropas femenino: las fuentes son policiales. Ese día y el 11 de septiembre, se sumaron informes televisivos: “11 cuadras, 11 horas, cuatro robos” dijo TN; “Ola de robos en Recoleta”, sumó Crónica TV; “Recoleta, zona de robos”, editorializó Mauro Viale. La noche del 11, Telenoche presentó el informe “Recoleta, reino de robos”, y su movilera Sandra Borghi relató que “cientos de vecinos nos cuentan hechos delictivos y nos piden que hagamos público esto”.
Al día siguiente, el 12, hubo otra entradera en Austria al 1700: las víctimas fueron sorprendidas por los ladrones en el hall. A la mañana, Mauro Viale pidió cambiar al comisario de la zona. Magdalena tempranísimo también le dedicó un móvil. Una de las víctimas dijo por televisión: “Me parece raro que hayan estado en el hall”. Esa misma noche, en el programa A dos voces, Luciano Umerez, vecino del barrio, invitado a hablar sobre el tema, dijo: “Hay asaltos a departamentos y comercios. No es el chico de 16 años que te asalta, son bandas organizadas. Hay connivencia con la policía”. El jueves 13, TN abordó dos casos en Recoleta, pero de violencia de género. En una entrevista radial con Reynaldo Sietecase, el presidente de la Asociación Barrio Recoleta, Nelson Durisotti, confirmó que “se incrementaron las entraderas” y señaló como las zonas más calientes Plaza Houssay, Plaza Mitre, Hospital Rivadavia y Callao y Libertador. Dijo que alrededor del cementerio “hay muchos prostíbulos y mientras están funcionando se concentran los delitos, y hay poca presencia policial”. Sobre el cierre de esta edición, hubo un asalto con toma de rehenes en Ayacucho al 900. El portero llamó al 911 y policías de la comisaría 17ª llegaron en 5 minutos y detuvieron a los ladrones.
Las comisarías con jurisdicción sobre Recoleta y alrededores son, casi siempre, la 17ª y la 19ª. Uno de los jefes policiales denunciados por el Ministerio de Seguridad estaría entre ellos.

fuente: http://sur.infonews.com/notas/garre-avanza-sobre-las-cajas-negras-de-la-federal