El Colegio de Abogados de Trelew denunció al juez Alejandro Defranco por haber advertido que jamás encarcelaría a nadie por una «protesta social». En marzo de este año, el magistrado liberó a dos piqueteros de un grupo que destrozó la Municipalidad local. El Colegio lo consideró un «antecedente peligroso» que invita a delinquir. La queja del Colegio no es nueva pero ahora el Consejo de la Magistratura espera un informe del Superior Tribunal de Justicia para decidir si abre un sumario contra el magistrado. Ese informe sería a favor del magistrado pero los consejeros lo necesitan en mano.
El 27 de marzo de este año, una manifestación de organizaciones políticas causó varios daños en el edificio comunal trelewense. Hubo dos detenidos pero en la audiencia Defranco los liberó y explicó que «nunca dictaría cárcel frente a una protesta social». La decisión le valió duras críticas de las autoridades municipales y hasta del gobernador Martín Buzzi, que lo acusó de lavarse las manos.
El Colegio lo denunció ante el Consejo. El caso fue revisado por una comisión de admisibilidad. Por ahora no hay decisión ya que los consejeros están divididos en cuanto a qué hacer. Hubo dos dictámenes: uno en mayoría y otro en minoría, con conclusiones opuestas.
Según el informe de minoría, «la denuncia formulada por el órgano representativo de los abogados se basa en la actuación que tuvo el referido magistrado en la audiencia de control de detención con relación a dos manifestantes por el hecho ocurrido frente a la Municipalidad de Trelew».
Tras recordar el violento episodio, el Colegio le imputa al juez «haberse conducido incorrectamente y dejar un peligroso antecedente para el correcto funcionamiento del Poder Judicial». Primero, por calificar como protesta social «la manifestación de un grupo de personas que reclamaban mejoras concretas en beneficios personales y propios». Y segundo, «porque en el marco de protestas similares el juez anunció con enfático tono que NUNCA aceptará que ante un reclamo social la respuesta sea la cárcel (mayúsculas en el original».
El Colegio de Abogados, en su denuncia, señala: «Peligroso resulta el antecedente de esta decisión, ya que más allá de la calificación jurídica de los ilícitos enrostrados a los detenidos, la decisión transcripta brinda una definición para que cualquier persona, bajo la falsa consigna de protesta social, se considere habilitada a cometer delitos similares a los investigados, seguros de que permanecerán en la libertad que ha anunciado este magistrado».
«O dicho de otro modo, para que enmascarado bajo el pretenso contexto de una protesta social, los ciudadanos comprendan que no serán dictadas ni sostenidas medidas coercitivas de la libertad personal, lo que constituye abiertamente negarse a aplicar el derecho vigente», añade la denuncia.
El Colegio trelewense le achaca al magistrado «haber faltado a las condiciones de aplomo, trato cortés y equilibrio esperables en el desempeño de quien tiene la elevada misión de impartir justicia». Este dictamen pide investigar a Defranco.
En el debate, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, opinó que la denuncia debía  archivarse sin más trámite, «porque se pretende enjuiciar a un juez por una opinión», cosa prohibida por la Constitución Provincial. «Es muy peligroso que se pretenda que los jueces fallen de modo que satisfaga a las mayorías y no conforme a derecho. Si la Constitución dice que la opinión de los jueces es libre, pues es libre y no se discute». En tal sentido aclaró que lo que realmente dijo Defranco «es que la cárcel no debe ser la única respuesta a la protesta social. El Superior no halló el maltrato que se denuncia, no se especificó y no surge del audio». El juez también había sido acusado de maltratar a los fiscales del caso de los piqueteros.
La consejera Gladys Del Balzo escuchó el audio de aquella audiencia en la que Defranco liberó a dos piqueteros. Según su versión, «la denuncia no es correcta ya que el juez no aplicó la medida de coerción pedida por la Fiscalía pero sí aplicó otra medida de menor injerencia estatal en esa oportunidad, lo que implica que entendió que se daban los  presupuestos que el Código señala para ello, esto es: presunción razonable de autoría y por lo menos la existencia uno de pospeligros procesales». Por eso, la opinión del magistrado de que «la cárcel no es el único  camino para la cuestión que se le presentaba» es «absolutamente razonable»,
«No puede decirse que adelantó opinión sobre el fondo -dijo Del Balzo- porque como juez que intervino en la etapa preliminar se encuentra absolutamente imposibilitado de intervenir en la resolución de la cuestión de fondo, o sea determinar la inocencia o culpabilidad de los implicados».
Cristina Jones, por su parte, advirtió que «tal vez la opinión  del juez fue procesalmente anticipada, pero siempre puede ser revisada». Otra consejera, Silvia Alonso, explicó que cuando la comisión de admisibilidad decidió en mayoría, no conocía el dictamen en minoría que recomendaba avanzar contra Defranco. El primer dictamen aconsejaba lo contrario ya que la denuncia del Colegio no reunía los requisitos para prosperar.
Roberto Lewis se cansó un poco de la discusión y se dirigió a los consejeros incorporados en diciembre de 2011 y a los que   terminarán su mandato a fines de 2013. «Se siente agraviado de que el Consejo de la Magistratura se convierta en el campo de batalla de cuestiones corporativas, llámense de magistrados o de abogados. El Consejo es un órgano republicano por excelencia, que tiene como finalidad discutir cuestiones más elevadas y llama a la reflexión a todos los consejeros».
Daniel Gómez Lozano coincidió con que la opinión de un juez como Defranco es «inatacable». Sin embargo, «lo que sí debe investigarse es la conducta del juez en la audiencia». Para este consejero había tres salidas a la denuncia: «Que se archive, que se abra la investigación, o que se haga un intermedio hasta recibir las actuaciones que tiene el Superior». Él prefirió la última. Ricardo Gerosa Lewis avaló la idea de Gómez Lozano, ya que «aparecen nuevas circunstancias que no fueron conocidas por la comisión de admisibilidad al momento de su dictamen». #