Los cuatro candidatos que eligió la Presidenta para ocupar los juzgados federales porteños vacantes que deben investigar al poder político y económico tendrán su prueba de fuego esta semana, cuando se presenten a la audiencia pública en el Senado, paso previo a recibir –o no– el acuerdo para su nombramiento. Es el tramo final de un proceso de selección plagado de irregularidades que empezó en 2005, fue anulado una vez, y se reanudó con sospechas de fraude. De los postulantes que quedaron ternados, sólo uno, que ya es juez en el fuero penal ordinario, recibió impugnaciones. Se trata de Luis Osvaldo Rodríguez, cuestionado por motivos variados: porque habría accedido en forma anticipada al examen que le tomaron en el concurso para juez federal; por su actuación en la investigación sobre presuntos sobornos a jueces de la Cámara de Casación para dar impunidad al sindicalista José Pedraza, donde las demoras llevaron a perder pruebas; por coleccionar objetos “representativos de la ideología nazi”, y por promover el ascenso de un sobrino en forma irregular.
De los doce juzgados federales porteños, cuatro son los que están acéfalos. Además de Rodríguez, este miércoles tendrán que presentarse en la audiencia en el Senado los demás candidatos: Marcelo Martínez de Giorgi, secretario de la Cámara Federal, de 46 años, a cargo de dos juzgados federales como subrogante, con algunas causas resonantes como la que investiga a funcionarios por los fondos para viviendas sociales que administraba Sergio Schoklender; Sebastián Casanello, 36 años, secretario de la Sala I de la Cámara Federal, que hizo carrera en tribunales y es la pluma detrás de gran cantidad de fallos de ese tribunal, y Sebastián Ramos, 44 años, secretario influyente desde hace más de una década del Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas. Además de sus pliegos, el Poder Ejecutivo envió al Senado otros 34, con nombres para ocupar cargos de jueces de distintas jurisdicciones, defensores oficiales y fiscales.
El concurso para jueces federales de Capital –que tienen a su cargo casos de corrupción, derechos humanos y narcotráfico– había sido anulado por el Consejo de la Magistratura en una primera etapa por las bajas calificaciones de los aspirantes, pese a que una comisión de expertos dictaminó que los exámenes estaban bien corregidos. Cuando se reanudó, dos de los postulantes fueron denunciados: uno de ellos, Carlos Ferrari, había citado de memoria en la prueba escrita 43 fallos de la Corte, once de la Corte norteamericana, en algunos casos con párrafos textuales, lo que desató suspicacias; otro, el juez Rodríguez, había mandado a pedir al Juzgado Federal N° 3, unos días antes del examen, la resolución de un caso idéntico al que le tomarían, acerca de un robo de monedas del Banco Nación. Un rasgo común entre Ferrari y Rodríguez es su cercanía a Javier Fernández, integrante de la Auditoría General de la Nación y con histórica influencia en el Poder Judicial.
La causa penal por el aparente fraude tramitó en el propio fuero federal, a cargo de María Servini de Cubría, quien sobreseyó a concursantes y miembros del jurado por considerar que no había pruebas, aunque la resolución no reveló los resultados del entrecruzamiento de llamados y mails entre ellos, minimizándolos con el argumento de que podían derivar en “meras conjeturas”, según cuestionó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. El kirchnerismo en el Consejo consiguió aprobar una terna en noviembre del año pasado, gracias a un acuerdo con el PRO. El pacto dejaba afuera a Ferrari, no así a Rodríguez.
Cuando se presente en la audiencia, Rodríguez –quien llegó a juez en 1994 apadrinado por el ex ministro Rodolfo Barra– tendrá que responder preguntas de los senadores y las entidades que lo impugnan. Según el CELS, tuvo “actuaciones objetables” que “ponen en tela de juicio su idoneidad”, y hay “graves sospechas de que consiguió en forma anticipada información sobre el examen” para juez federal. Por su falta de antecedentes académicos, una buena nota en la prueba escrita fue lo que le permitió saltar del puesto 25º al 5º. El organismo recordó que ante la consulta de una periodista negó haber pedido el fallo sobre el caso calcado al del examen, pero luego una empleada y los emails lo desmintieron. Lo mismo marcan las impugnaciones de otros organismos.
El CELS critica la actuación de Rodríguez en la causa sobre posibles sobornos entre los acusados del asesinato de Mariano Ferreyra, intermediarios y miembros de Casación Penal, para que dejaran en libertad a la patota de la Unión Ferroviaria y beneficiaran a Pedraza. Rodríguez, objetó la entidad, le negó ser querellante a la madre del chico asesinado, lo que luego revirtió la Cámara. Después de que el fiscal Sandro Abraldes pidiera indagatorias y detenciones por las posibles coimas, en mayo de 2011, el juez lo desplazó y dispuso las indagatorias a fines del año pasado, aunque se hicieron este mes. “La demora hizo que se perdiera la posibilidad de acceder al contenido de los mensajes de texto de los imputados”, ya que “la empresa telefónica” sólo los guarda por “90 días”. Esto dificultó avanzar en la responsabilidad de los jueces de Casación.
Al igual que el CELS, la Unión de Empleados de la Justicia aludió a una nota de Horacio Verbitsky en este diario que dio cuenta de “la especial afición del juez Rodríguez por la colección de objetos de la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos representativos de la ideología nazi”. La impugnación del gremio le reprocha la designación de un sobrino en el Juzgado 35 –con el que se suele subrogar mutuamente desde 2007– y de haberlo hecho salteando los cargos de escribiente y oficial.
Por el momento, el kirchnerismo en el Senado no recibió señales contrarias a la aprobación de los pliegos de los jueces federales. Los radicales se opondrían al menos a nombrar a Rodríguez. El resto de la oposición, está por verse.
fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-203562-2012-09-17.html
