NEUQUÉN (AN).- «Desafortunadamente la opinión pública no ve que las cárceles son parte del sistema de seguridad. Si una persona que estuvo presa regresa a la sociedad sin estar rehabilitado, la seguridad pública no gana nada», opinó Sylvia Diniz Dias, directora para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura. Por su parte Roger Viquez, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Costa Rica, señaló que «la prevención no es sinónimo de impunidad. Hay que educar a la sociedad para que lo comprenda».
Ambos especialistas estuvieron en Neuquén para dar su apoyo a la creación por ley a nivel provincial de un comité contra la tortura. Se entrevistaron con funcionarios del gobierno, legisladores y organismos de derechos humanos.
Diniz Dias señaló que según las Naciones Unidas, «no hay en Latinoamérica ningún sistema carcelario que respete los derechos fundamentales de las personas presas. Tanto el Estado como la sociedad civil no ven que la persona detenida no pierde ninguno de sus derechos, sólo la libertad».
Opinó que los encargados de la custodia de las personas detenidas «deberían ser civiles. Hay que sacar el control de las cárceles de las manos de la policía y de las fuerzas de seguridad».
Los guardias «deberían recibir una capacitación especial en materia penitenciaria, con formación en derechos humanos, y tener como objeto de su actuación el trabajo de resocialización y rehabilitación». «La tortura -definió- es una forma de dejar claro quién tiene el poder. Muchas veces falta la decisión política sostenida desde el más alto nivel de decir que esto no se acepta».
En tanto Viquez relató un caso ocurrido en Costa Rica que tiene similitudes con el asesinato del interno Cristian Ibazeta dentro de su celda en la Unidad 11. «Un detenido apareció muerto a golpes y fuimos a hacer la inspección» con el organismo que integra. «Hicimos un informe muy fuerte con la recomendación de cambiar al cien por ciento del personal que le llegó al ministro a las 7 de la mañana y una hora después a la prensa. Al mediodía ya habían cambiado a todos los funcionarios». Viquez dijo que «la tortura es el acto más perverso que pueda existir por parte del Estado».
Respecto del trabajo de la comisión que integra, explicó que «hacemos inspecciones en los centros de detención, nos quedamos hasta dos días, triangulamos información entrevistando a personas privadas de su libertad por separado y en grupo, a la policía, al director. Luego hacemos un informe con recomendaciones al ministro, y le pedimos que nos responda quién las va a cumplir y con qué presupuesto. Posteriormente volvemos a las cárceles para verificar el cumplimiento».
Respecto de las requisas a los familiares que visitan a los internos, señaló que tienen como objetivo impedir el ingreso de celulares y droga. «Hace dos años se hizo un reglamento de requisas y la policía penitenciaria sabe hasta dónde puede llegar».
El sábado, ambos estuvieron también en Roca, en la presentación del Comité rionegrino de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura, junto a Claudia Cesaroni (por la Cepoc).
