Sylvia Diniz Dias es directora de la oficina para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura. Esta es la entrevista que le hice la semana pasada cuando estuvo en Neuquén.
-¿Cuáles son los estándares mínimos que se deben observar para que las cárceles sean más transparentes?
-Hay parámetros mínimos que están en la declaración de las Naciones Unidas para el tratamiento de las personas detenidas. El Estado tiene que garantizar los derechos fundamentales de las personas que están privadas de libertad. Una vez que el Estado priva a alguien de su libertad asume un compromiso bastante específico de garantizarle todos sus derechos fundamentales: a la alimentación sana, a atención médica, a vivir en condiciones de higiene y salubridad, tener acceso a educación, trabajo. Son derechos fundamentales de una vida digna de una persona que está fuera del centro de detención. El Estado tiene una obligación positiva, de adoptar medidas, de garantizar que estos derechos lleguen al detenido. El Estado debe tomar medidas para hacer cumplir estos derechos.
-En general cuesta muchísimo que lo haga.
-Retomo las palabras del relator contra la tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, que es argentino y sufrió tortura durante la dictadura. Dijo hace pocos meses ante el consejo de derechos humanos de la ONU que no hay en Latinoamérica ningún sistema carcelario que respete los derechos fundamentales de las personas presas. Tanto el Estado como la sociedad civil no ven que la persona detenida no pierde ninguno de sus derechos, sólo el de la libertad. Desafortunadamente la opinión pública no ve que las cárceles son parte del sistema de seguridad. Si una persona va a una cárcel y va a volver a la sociedad, y no vuelve rehabilitado, la seguridad pública no va a ganar nada.
-Educar para la libertad en condiciones de encierro sigue siendo una contradicción.
-Ese es otro debate. Lo que puedo decir es que nosotros promovemos la aplicación de medidas alternativas a la detención. Hay muchos delitos que no son tan graves, la persona no tiene que ir a la cárcel por cualquier cosa. La cárcel es para delitos que realmente demanden una respuesta más dura del Estado, pero para los pequeños delitos se puede pensar en medidas alternativas. Lo más triste es que muchos países tienen ya legislaciones de penas alternativas pero no se aplican, se sigue imponiendo la prisión.
-¿Cuál debe ser la formación del personal penitenciario?
-Deberían ser civiles. Hay que sacar de las manos de la policía y de las fuerzas de seguridad el control de las cárceles. Deberían ser funcionarios de carrera, de carácter civil, que reciban una capacitación especializada en materia penitenciaria, con formación en derechos humanos, y que tengan como objeto de su actuación el trabajo de resocialización y rehabilitación.
-¿Y cómo se puede lograr que la sociedad civil ejerza un mayor control sobre lo que sucede dentro de las cárceles?
-El Estado debería adoptar una cultura de transparencia, de fomentar que la sociedad civil ingrese, participe en la vida de las cárceles. Ese es un tema que preocupa muchísimo en Neuquén, porque vemos una postura de opacidad, de cerrar las cárceles a la sociedad. Hemos escuchado que a diputados les impidieron el ingreso. Eso me parece una señal bastante alarmante. El Estado tiene que invitar a organizaciones no gubernamentales, a grupos de voluntarios, promover actividades culturales. Esas son formas de tener a la sociedad presente y que empiece a entender la dinámica de las cárceles. El Estado debe crear órganos independientes que puedan ingresar sin restricciones y entrevistarse con detenidos, conformado por la sociedad civil. Esa es la manera de tener un tipo de control y producir cambios estructurales.
-Se dice que la tortura es una forma de gobierno dentro de la cárcel.
-La tortura es una forma de dejar claro quién tiene el poder, de que uno está sometido al otro que tiene control total y absoluto. Muchas veces falta la decisión política sostenida desde el más alto nivel de que eso no se acepta. Veo que eso falta en Latinoamérica.
