A instancias del oficialismo, el proyecto volverá a ser tratado para modificarlo. La oposición bregó por el archivo del expediente, que cuenta con un informe negativo del Consejo de Niñez y Adolescencia
La propuesta del concejal oficialista Mario Lucchesi para imponer sanciones a los padres de jóvenes que incurran en conductas contravencionales regresó a la instancia de comisiones. El propio bloque de Acción Marplatense lo propuso y lo convalidó, ya que la mayoría de la oposición directamente pidió el archivo del expediente.
Asimismo, en el plenario se dio a conocer un informe negativo del Consejo local de la Niñez y Adolescencia, por considerar que el proyecto iba contra normativas vigentes en materia de niñez y derechos humanos.
Básicamente, el proyecto de Lucchesi (data de 2010) propone que los padres sean sancionados “ante la omisión de cumplir con los deberes de vigilancia y protección que establece el Código Civil y la Convención Internacional de los Derechos del Niño”, cuando sus hijos produzcan distintas conductas contravencionales. Se enumera como tales la tenencia o consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública; estar en la calle “en horarios no permitidos” (sic); estar en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes o cualquier otra sustancia ilegal o no en vía pública y causar daños o disturbios a personas y/o bienes públicos o privados, entre otros.
El expediente llegó a la sesión con despacho de tres comisiones (Legislación, Calidad de Vida y Hacienda) e impulsado principalmente por el oficialismo, acompañado por algunos miembros del radicalismo y Hernán Alcolea (PRO). En tanto, el Frente para la Victoria y la Agrupación Atlántica, se había inclinado por la negativa.
El empuje que había tenido la iniciativa durante el tratamiento en comisiones, perdió fuerza en los últimos días, especialmente por el informe del Consejo de Niñez, difundido recién este jueves en el recinto, ya que no estaba anexado al expediente al momento de ser abordado previamente por los ediles.
La kirchnerista Verónica Beresiarte fue sumamente clara y dura para con los términos del proyecto. Ya lo había hecho con anterioridad y en el plenario expuso que consideraba al texto “violatorio de derechos” y “difuso”.
En esa línea, la concejal criticó que se creara un “registro de jóvenes contraventores” y lo confuso que resultaba el penalizar contravenciones basados en estar en la vía pública en “horarios no permitidos” (no hay legislación que indique que esto exista) y de acuerdo a la “moral y las buenas costumbres”.
Se mostró preocupada también por que la propuesta de Lucchesi nombra al Juzgado de Faltas como el área de competencia, pero desliza la posibilidad de “dar intervención a autoridades policiales”. Asimismo, Beresiarte se quejó de que se tipificaba como contravenciones, hechos que están contemplados en el Código Penal.
“Esto es ampliamente discriminatorio”, sentenció la titular del bloque del FpV y aseguró que “va en contra de los derechos de los chicos”. Con estos argumentos, pidió que el expediente se archive, aunque finalmente esto no tuvo lugar ante la negativa del oficialismo y otros aliados circunstanciales.
Por su parte, Carlos Arroyo (Agrupación Atlántica) también fue crítico y resaltó su asombro por la llegada del proyecto a la sesión. “Quien lo hizo, no sabe nada de derecho civil y tampoco de derecho penal”, señaló el edil y añadió que era “una vergüenza” que el Concejo aborde ese texto.
Lo mismo opinó el presidente del bloque radical, Nicolás Maiorano, aunque no así sus pares Vilma Baragiola y Eduardo Abud, quienes acompañaron al oficialismo en la vuelta a comisión, al igual queAlcolea.
Por su parte, el oficialismo estuvo flojo en la argumentación. Diego Monti se limitó a sacar a relucir un proyecto similar que en 2007 había sido confeccionado por la radical Verónica Hourquebié y firmado por integrantes de otros bloques que componían el Cuerpo en su momento, incluso del Frente para la Victoria.
La autocrítica de igual forma se hizo, ya que Leandro Laserna admitió que no se iba a votar ningún proyecto que tuviera una opinión contraria del Consejo de Niñez. A propósito del mismo, el duro informe emitido por la institución determinó que la normativa propuesta “vulnera el paradigma de protección integral de la niñez y juventud”, mientras exigieron el “inmediato pase a archivo”.
Así, se espera que, de abordarse nuevamente en comisión, el proyecto de un giro abrupto y cambie su esencia, objetivos y mecanismos de control y sanción sobre los jóvenes (y sus padres).
