Abogados querellantes en causas de delitos de lesa humanidad de todo el país se reunieron en Mendoza para debatir el histórico proceso de enjuiciamiento a represores durante la última dictadura militar. Aprovecharon la ocasión y criticaron duramente la controversial ley que pone en ejecución el Código que restringe las salidas transitorias de presos, cuyo proyecto fue presentado por el diputado radical Luis Petri.
Mediante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Ernesto Moreau, vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos explicó que el viernes se llevará a cabo una reunión sobre el tema, pero dejó en claro que el grupo “repudia una ley inconstitucional”.
 Ernesto Moreau.
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“El sistema punitivo internacional obliga a un régimen progresivo de salidas de penales. Es parte del derecho internacional, no sólo de Argentina. Y es obligatorio. En Brasil, un preso puede salir en libertad cuando ya cumplió un cuarto de su condena”, indicó Moreau, y agregó que existe la necesidad de que el criminal se inserte progresivamente en la sociedad.
En referencia al papel del Estado, el abogado indicó que un criminal es como “un hijo discapacitado en una familia: se debe gastar más plata para hacerse cargo. Por eso el Estado debe gastar más para recuperar a estos ‘hijos delincuentes’. Hay una ley nacional que prohíbe hacer lo que pretende Petri”.
El grupo de abogados visitará cárceles en Mendoza, que considera que son las peores del país. Indicaron que organismos internacionales han condenado a la Argentina por las condiciones de la cárcel de Boulogne Sur Mer, y que Almafuerte es un “despropósito”.
Explicaron que el proceso judicial que vive la Argentina para terminar con la impunidad se basó en decisión política, una posición judicial diferente y sobre todo el trabajo incansable de organizaciones sociales que nunca abandonaron el reclamo.
Aplaudieron que los enjuiciamientos no se limiten a los militares, sino que la sociedad civil que participó de la represión también está en la mira, como médicos funcionales a las torturas, jueces federales implicados, un poder económico cómplice y el papel encubridor de la Iglesia Católica. Atenor Ferreira, abogado de Santiago del Estero recalcó el “orgullo” que se siente ser parte del país pionero en reivindicar a las víctimas de delitos de lesa humanidad, y sobre todo en la región.
“Lo importante es que es un proceso único en el mundo, porque cada provincia lleva a cabo los juicios con su propio Poder Judicial, no se crearon tribunales especiales como en otros momentos históricos en determinados países”, indicó Ferreira.
