(Nueva York, 2 de octubre de 2012) – Un proyecto de ley conocido como Ley Trust, vetado por el gobernador de California Jerry Brown el 30 de septiembre de 2012, habría instado a los inmigrantes a denunciar delitos y exigir una reparación, señaló hoy Human Rights Watch. El proyecto legislativo habría mitigado algunos de los efectos negativos del programa federal Comunidades Seguras (Secure Communities), que prevé la participación de las policía locales en las medidas civiles de control de inmigración y ha suscitado entre las comunidades de inmigrantes un profundo temor a las autoridades de orden público.
“California podría haber demostrado un liderazgo único al sancionar la Ley Trust, que contribuye a que todas las víctimas de delitos se atrevan a llamar a la policía, más allá de su condición migratoria”, indicó Grace Meng, investigadora sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Mientras no entre en vigor esta ley o una norma similar, los inmigrantes continuarán sintiéndose atemorizados ante la posibilidad del más mínimo contacto con la policía, ya que incluso un simple control de tránsito podría dar lugar a que sean detenidos y deportados”.
Conforme al programa federal Comunidades Seguras, que se encuentra vigente en gran parte de Estados Unidos, los organismos locales de seguridad pública están obligados a enviar las huellas dactilares que obtengan a las autoridades federales de inmigración, y estas por su parte podrán pedir a las autoridades locales que detengan a ciertas personas, independientemente de si existen denuncias penales en contra de ellas. Si bien el gobierno de Obama afirma que está enfocando sus recursos en la identificación de delincuentes peligrosos, la mayoría de los inmigrantes deportados a través del programa Comunidades Seguras han sido clasificados por el gobierno federal como “no delincuentes” o personas que cometieron delitos menores.
A través de varios informes, Human Rights Watch demostró que se ha exacerbado la vulnerabilidad de los inmigrantes no autorizados frente a violaciones de derechos, como trata de personas, violaciones en el lugar de trabajo y delitos graves. Un informe publicado en mayo, “Cultivar el temor”, recogió el testimonio de varios trabajadores agrícolas no autorizados, algunos de ellos en California, quienes señalaron que no se atrevían a denunciar hechos de violación y agresión sexual a la policía local por temor a que los entregaran a las autoridades inmigratorias. Estos temores fueron propiciados por algunos incidentes en que se denunció al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) a familiares y amigos de personas que mantuvieron un contacto mínimo con la policía, por ejemplo durante controles de tránsito o tras una llamada telefónica para denunciar un hecho de violencia doméstica.
En la exposición de motivos que fundamentó su veto, Brown expresó su temor de que la Ley Trust sobre Transparencia y Responsabilidad en el Uso de Herramientas del Estado (Transparency and Responsibility Using State Tools, TRUST) impidiera que las autoridades detuvieran por motivos migratorios a personas acusadas o condenadas en relación con determinados delitos graves. Brown declaró que trabajará con la legislatura del estado para abordar estos problemas.
Brown debería ser consecuente con esta promesa y colaborar con la extensa coalición de organizaciones de derechos civiles, líderes religiosos y jefes y alguaciles de policía que apoyaron el proyecto, a fin de adoptar tan pronto como sea posible una ley que restablezca el equilibrio entre los objetivos vinculados con la vigilancia policial de la comunidad y las medidas de control de inmigración.
“Un control policial efectivo requiere que las autoridades de seguridad pública establezcan vínculos sólidos con las comunidades locales, pero eso no será posible si las víctimas se sienten tan atemorizadas ante la posibilidad de ser deportadas que prefieren no tener contacto con la policía”, indicó Meng. “El programa Comunidades Seguras contribuye a generar un círculo de temor que posiblemente no hace más que deteriorar, en vez de incrementar, la seguridad de las comunidades”.
