ANDRÉS ROIZEN
El Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley para volver a penalizar las faltas, pero el texto suma críticas por tener penas desproporcionadas y puntos difíciles de aplicar. El propio Frente Amplio impulsa varios cambios para llegar a aprobarlo.
En la «Estrategia por la vida y la convivencia», presentada en junio por el gobierno para combatir la inseguridad, el proyecto de ley de faltas y de cuidado de los espacios públicos juega un papel clave. El proyecto habla directamente de la necesidad de recuperar «parámetros mínimos de convivencia» y señala la «grave crisis de valores» que se vive. La ley busca atender los niveles básicos de la vida en sociedad y apunta a frenar hechos que después pueden desembocar en delitos más graves.
Lo que se plantea, concretamente, es reinstalar los juzgados de faltas eliminados en 2009 y comenzar a penar con trabajo comunitario delitos tales como la participación en picadas, el abuso de alcohol y drogas en vía pública, la mendicidad abusiva y el tirar basura en la vía pública, entre otros.
Sin embargo, y más allá que el Ejecutivo dedicó más de seis meses a trabajar en esta ley, las críticas y las diferencias con el texto son varias y surgen de parte de distintos actores: parlamentarios, el Poder Judicial y también la Policía. En ese marco, Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia, señaló a El País que «va a ser muy difícil concretar la represión masiva» de las faltas y estimó que seguramente el castigo se concentre en «determinadas situaciones y casos para que sean un ejemplo para el resto de la sociedad».
«Hay faltas que son de difícil represión y habrá que ver en la práctica cómo se hace; es una legislación nueva que va a presentar dificultad de aplicación al principio, pero después se van a ir limando esas dificultades», afirmó Pérez Manrique.
Por otra parte, el ministro de la SCJ hizo mención a algunos problemas que plantea el texto de la ley y señaló que algunas figuras son «bastante amplias» en su redacción, por ejemplo cuando no se define el concepto de picada. Eso luego puede llevar a algún problema de interpretación. Pérez Manrique criticó especialmente un punto contenido en el artículo cinco, que establece que a quienes participen en picadas o se los detenga conduciendo con niveles de alcohol en sangre superiores a 1,2 gramos se les decomisará el vehículo y será vendido, independientemente de quién fuera el dueño. Para el magistrado dicha pena es «bastante desproporcionada» y entendió que el problema puede estar en si el chofer no es el dueño del vehículo que maneja. En este aspecto coincidió Jorge Chediak, también ministro de la SCJ. Según señaló a El País, «ese punto puede acarrear algunas dudas» y por eso en el momento de redacción del proyecto de ley la Corte había planteado algunas críticas respecto a su legitimidad. «Habíamos manejado la posibilidad de sustituir esta sanción por alguna otra como el retiro definitivo de la libreta, pero en principio quedó así», afirmó Chediak.
En tanto, una fuente de la Jefatura de Policía de Montevideo se mostró por demás incrédula de los resultados que pueda traer esta ley. «Tengo dudas de que estén los elementos para sancionar el incumplimiento de esas normas», dijo la fuente y entendió que «se dicen muchas cosas sin la existencia de la experiencia o de la practicidad» que da el trabajo en la calle.
DUDAS EN EL FA. En la bancada del oficialismo el proyecto presentado esta semana también generó varias interrogantes y todo hace suponer que la discusión llevará tiempo en el Parlamento. Tan así es que el día viernes se decidió crear un grupo especial de trabajo para analizar el tema. El mismo está compuesto por diputados y senadores del oficialismo junto a representantes del Poder Ejecutivo, encabezados por el director de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, y el director de la Oficina de Servicio Civil, Homero Guerrero.
Entre los distintos sectores, el Partido Socialista fue uno de los primeros que hizo sentir su malestar con algunas de las medidas planteadas. Esta semana la diputada Daisy Tourné dijo a El País que «hay artículos que me llaman la atención» y agregó que «hay que profundizar la forma en que fueron redactados algunos artículos para conocer su contenido real. No me queda claro tampoco a través de la exposición de motivos la hipótesis de trabajo. Para qué necesitamos esto, qué se entiende y por qué razón mejoraría la seguridad». En tanto, el diputado Julio Bango, también del PS, señaló que la semana que viene se dará una posición en conjunto sobre este proyecto que entienden «tiene cosas para mejorar». Por su parte, el diputado Aníbal Pereyra (MPP) dijo que hay faltas que pueden ser polémicas que se van a discutir con el Ejecutivo en las reuniones del grupo formado. A su entender, algunas figuras pueden ser «discutibles» y «habría que verlas un poco más».
Otro que mostró cierto descontento con algunos puntos del proyecto de ley de faltas fue el diputado Luis Puig (PVP). Según explicó el legislador, «se están haciendo los esfuerzos tanto por parte del Ejecutivo y de la bancada por analizar los proyectos y racionalizar las diferencias que existen y llevar adelante la discusión con las diferentes visiones sobre el tema».
Puig afirmó que «hay faltas que existen y que algunos cree-mos que hay que eliminarlas». En ese marco, señaló el artículo sobre la «desobediencia pasiva», que refiere a faltar el respeto a la autoridad o no cumplir con la que ésta establece, sin llegar a la injuria. Para el diputado del PVP ese artículo «hoy está en el Código y no debería estar porque entendemos que es un error. En la medida que no hay injurias plantear que aquel que no cumpla con lo que plantea la autoridad está cometiendo una falta es algo que como frenteamplista la verdad que no lo comparto». Puig cree que «hay faltas que pueden ayudar a la convivencia y hay otras que definitivamente no ayudan», por lo cual entendió -en línea con los otros legisladores- que «falta trabajar bastante todavía».
«Difícil de llevar a la práctica; la experiencia fracasó en Argentina»
La ciudad de Buenos Aires, en Argentina, hizo hincapié en una medida similar a la nueva ley de faltas uruguaya en el último tiempo, pero sin obtener resultados positivos. El jefe de gobierno bonaerense, Mauricio Macri, introdujo algunas reformas al llamado Código Contravencional para atacar delitos considerados menores. Se buscó en su momento combatir la «oferta de sexo en la vía pública», regular el trabajo de los vendedores callejeros y de los limpiavidrios, entre otros puntos. Sin embargo, lo planteado en los papeles no logró materializarse en los hechos, explicó a El País el periodista Pablo Tomino, redactor de la sección Ciudad del diario argentino La Nación. «El código es lindo en los papeles, pero en la práctica es difícil de aplicar. Acá se pensó como forma de frenar delitos mayores, pero en la mayoría de los casos lo cierto es que las normas no se cumplen. Causó mucho impacto la puesta en práctica del Código, pero en los hechos no tuvo la misma repercusión», señaló Tomino y agregó que «la ley tiene muchos agujeros, muchos grises que deberían ser corregidos para que funcione».
