Una resolución de la Justicia de Menores rechazó el pedido de un grupo de vecinos de la localidad de Bañado de Ovanta, quienes reclamaban que se tomen “medidas” con un adolescente problemático.
La decisión del juez Rodrigo Morabito, por el contrario, ordenó que el menor sea restituido a su familia y se tomen las medidas de contención por parte de las autoridades de Desarrollo Social.
Debido a sus constantes conflictos en el seno familiar, escolar y social, el joven R.F., fue alojado hace algún tiempo en el complejo de puertas abiertas Huayna Huasi,
El 13 de setiembre pasado, un grupo de vecinos de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa, enviaron una nota al Juzgado de Menores, en la que reclaman “medidas” por los constantes robos, hurtos, amenazas o daños.
Los firmantes de la nota aludieron a que el adolescente debía estar con internación domiciliaria, que nunca cumplió e incluso cometía otros delitos.
“Desde la irresponsabilidad de los padres y familiares del menor en cuestión, hasta la mismísima irresponsabilidad de las instituciones que deben impartir justicia y velar por nuestra seguridad. Nosotros también teníamos la esperanza de que el menor se reintegre a la sociedad”, expresaron los vecinos.
Afirmaron, además, que “alguien está fallando”, porque el menor seguía causando problemas. “¿Quién paga el precio de tanta irresponsabilidad?, ¿Quién debe hacer cumplir la ley?, ¿Quién o quiénes garantizan los derechos de nuestra sociedad?, ¿Quién nos garantiza que otros menores o nuestros hijos no van a imitar la conducta delictiva que se está promoviendo con este caso?”, señalaron los firmantes.
Por último, pidieron a las autoridades “que asuman su responsabilidad y tomen las medidas que el caso amerita, a los fines de evitar males mayores, que alguien se tenga que arrepentir e involucre a familias, tan solo porque otro que tiene que hacerse cargo no cumple con su función”.
