El 18 de septiembre, en el Encuentro Regional sobre el marco Orientativo y Estratégico para la Policía Internacional de la ONU, la ministra de Seguridad Nilda Garré resaltó el rol vital de la comunidad en el control de las fuerzas de seguridad, cruzadas por “focos de corrupción”. “Vivimos en una sociedad en la que hay dosis de violencia, a veces, importantes”, admitió la ministra, y pidió “mucha participación de los vecinos para que ellos diagnostiquen y propongan cosas, para que ellos controlen la actividad policial”. El pedido no es nuevo, ni responde a una maniobra por el avance de la criminalidad. Es uno de los preceptos centrales desde la creación del Ministerio en diciembre de 2010, después de la masacre que las policías Federal y Metropolitana desataron en el desalojo del Parque Indoamericano.
En su discurso, la funcionaria glosó una línea sobre los resultados parciales logrados desde su Ministerio. En la Ciudad de Buenos Aires, dijo, “no hay aumento del delito y estamos bajando claramente en algunos”.
La reacción de los sectores más conservadores, haciendo pie en uno de los temas socialmente más sensibles, no se hizo esperar. “Garré ahora pide a los vecinos de la Ciudad que ‘controlen’ a la Policía”, tituló al día siguiente Clarín, en tamaño catástrofe. Sobre los índices delictuales, también se permitió dudar: “La ministra no dio mayores precisiones ni se sabe en qué estadísticas se basó para sostener eso”, decía la nota. Desde el Ministerio, ante la consulta de Miradas al Sur, explicaron que las estadísticas del delito no se difunden porque son utilizadas como un insumo para planificar y ejecutar las políticas públicas de seguridad. Alguna pista dio, sin embargo, Sergio Berni: “Cuando uno tiene que evaluar todo el plan de seguridad a lo largo y a lo ancho de la Capital Federal, tiene que remitirse a las estadísticas y estas surgen de las denuncias que se hacen en las diferentes dependencias policiales”, terció el Secretario de Seguridad, que la semana pasada anunció el despliegue de brigadas de “observadores civiles” de la Policía Federal en los barrios para la prevención del delito: un dispositivo que recibió críticas de la oposición más progresista, como el FAP, por el aumento que supone en la discrecionalidad policial.
Como interpretando un guión ya escrito, los referentes del macrismo salieron al cruce de los dichos de Garré en la misma sintonía. A través de su cuenta de Twitter, la vicejefa de gobierno porteño María Eugenia Vidal escribió: “Pedirles a los vecinos que vigilen a la Policía es no hacerse cargo del problema”.
Unos días antes, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo, había acusado a la ministra de “ocultar las denuncias” por delitos en la Ciudad de Buenos Aires “para hacer el Indec de la seguridad”. Leyendo un comunicado, había fustigado: “Las Cañitas vive una ola de robos a edificios. Lo mismo sufren en Recoleta, Villa Crespo y Almagro, donde también crecen los arrebatos. En Belgrano abundan las ‘mecheras’ y en Palermo, los ‘bicichorros’”. El documento desgranaba el delito en los barrios acomodados: “El 13 de septiembre, hace tan sólo cinco días, una pareja y una joven fueron asaltadas en un edificio de Recoleta, en lo que fue el séptimo robo denunciado en menos de una semana en ese barrio porteño”. Y agregaba, en un tono severo, que “el 10 de septiembre asaltaron el local de Jorge Ibáñez” en el mismo barrio.
Este diario, en su edición de la semana pasada, puntualizó algunas circunstancias extrañas de aquella ola de inseguridad en Recoleta, a la que se plegó Ritondo: entraderas –un delito que, por otra parte, disminuyó en los índices generales de la ciudad– y robos a comercios se habían multiplicado exponencialmente en las últimas semanas y explotaban en los medios. La prensa replicaba la noticia con fruición, casi siempre, apelando a “fuentes policiales”. Y un dato no menor: un comisario al frente de una de las seccionales con jurisdicción en la zona estaría en la lista de los denunciados por corrupción, por el Ministerio, en la Justicia.
fuente http://sur.infonews.com/notas/sobre-inseguridad-control-civil-y-comisarios-enriquecidos