El Ministerio de Seguridad de la Nación designó en marzo pasado como director de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en Rosario al subcomisario Gustavo Serna. Tres meses después este diario preguntó a la cartera conducida por Nilda Garré si sabían que este oficial había estado preso en 2005 acusado de integrar una banda de traficantes italianos que enviaba cocaína a Europa.

Serna terminó desvinculado de esa causa por falta de pruebas pero no parecía una gran idea poner a un hombre con ese pasado como jefe antidrogas en Rosario. A un mes de llegar aquí, miembros de la delegación federal rosarina empezaron a ser denunciados por extorsión, recaudación ilegal en boliches, fraude con el combustible de patrullas y connivencia con narcos. En la cartera a cargo de Garré pidieron unos días para comprobar lo ocurrido. Terminaron asumiendo el impresentable nombramiento de Serna y ordenando su disponibilidad.

La expansión territorial del narcotráfico en la ciudad y en la provincia tiene una historia de más de cinco años. La violencia que hoy explota en el sudeste rosarino ya se cobraba vidas por las mismas causas en las disputas de la banda de Torombolo contra los hermanos Romero en 2003. Y los gobiernos de entonces, en esa espiral de muerte, mantuvieron allí incólume hasta 2004 (durante ¡diez años!), a un mismo jefe de la comisaría 16ª: Francisco Haro. Desde 2000 los Cantero imponían su predominio regando de sangre el barrio Las Flores con la guerra de Monos y Garompas.

Importantes narcos ya habían hecho fortuna merced a acuerdos policiales que les evitaban tener prontuario. Los traficantes L.M.; D.Z. y los hermanos V. aún no pueden nombrarse porque, al comprar tolerancia, carecen de causas penales.

El dueño de una vinería construyó un complejo deportivo de 10 millones de dólares en Arroyo Seco durante el obeidismo y se lo vendió en 2008 a Rosario Central. Ahora está preso en Barcelona acusado de despachar casi tres toneladas de cocaína hacia Portugal y España.

Agrupar estos episodios complejos puede servir ahora cuando, a propósito de la crisis que provoca el pedido de captura contra el ex jefe de policía provincial, aparecen voces que se sienten carentes de un pasado o una pertenencia política de la que hacerse cargo. Policías que hoy tienen el máximo rango, como Hugo Tognoli, entraron a la fuerza en 1982. Hicieron sus carreras profesionales, moldearon sus conductas y lograron la mayoría de sus ascensos durante los gobiernos justicialistas que condujeron Santa Fe entre 1983 y 2007.

Todo dirigente tiene derecho a hablar. Pero algunos necesitan ser más sobrios. No pocos de los que hoy se indignan podrían haber aplicado cuando gobernaban esas soluciones que dicen tener. Actúan como si el pasado fuera algo que no les concierne.

Pero la ayuda ofrecida debe ser bienvenida cuando muchos la postulan sinceramente frente a un problema extremo, común y que exige un acuerdo superior. La narcocriminalidad en Santa Fe desintegra a la comunidad y desestabiliza el sistema político. Y la policía está hace mucho tiempo involucrada en ella a nivel institucional. Es un quebranto, como marcan los ejemplos del principio, gobierne quien gobierne.

El problema no nació ahora, pero nunca fue tan serio. La violencia creció y nunca hubo un jefe policial provincial con pedido de captura por connivencia con el narcotráfico. Y si bien las diferencias políticas entre Nación y provincia pueden meter la cola con operaciones de prensa, lo cierto es que en Santa Fe hay condiciones para habilitarlas.

El gobierno provincial exhibe un camino errático y un déficit de información notorios. Tanto en relación a lo que ocurre en el territorio como a quiénes integran la fuerza policial. Hace menos de un año el gobierno designó sin saberlo como titular de la Unidad Regional II a un oficial que tenía una nota sumaria por enriquecimiento ilícito. Durante tres años comandó la fuerza provincial un jefe muy cuestionado como Osvaldo Toledo. Luego se convocó para los cargos máximos a oficiales procedentes de un área como Drogas, siempre cuestionada. La acusación contra Tognoli, que viene de allí, deberá probarse. Pero no pocos policías locales la conocían. ¿Fue realmente una sorpresa que existían estas investigaciones de la PSA? Responder por sí o por no es una incomodidad máxima para el gobierno.

El nuevo jefe de policía provincial, Cristian Sola, situó como logro de sus seis meses al frente de Drogas la detención de dos traficantes pesados. Se refería a Aldo Orozco, de Firmat, y Carlos Ascaíni, de Villa Cañás. Es cierto que fueron detenidos y son pesados pero ambos, al verse acorralados, contaron que sentaron su poderío comprando a la policía de la zona. El primero está libre porque el operativo que lo detuvo fue arbitrario e ilegal. El segundo se encaminaría a su libertad por algo mucho más preocupante.

Es que Ascaíni es el traficante al que, según la PSA, Tognoli habría brindado cobertura. Cuando fue detenido en abril pasado dijo que su expansión en estos años se explicaba porque pagaba a toda la policía de la región y le compraba la droga a dos miembros de Inteligencia Zona Sur de la Ex Drogas Peligrosas. Detalló cuánto pagaba el kilo de cocaína y la frecuencia de las provistas. Anunció que si él no iba a estar más en el banquete se prendería del mantel para llevarse a todos. En el medio de todo el jefe de la Unidad Regional de General López pidió el retiro.

Será interesante ver cómo se resuelve la causa Ascaíni que maneja el juez federal Marcelo Bailaque. La palabra de un narco a priori vale muy poco. Pero contrasta con la de una policía también devaluada.

En los últimos meses el gobierno santafesino se ha irritado más de una vez ante críticas foráneas que relacionaban a la policía con ilícitos y drogas. Así reaccionó cuando el ex viceministro bonaerense Marcelo Saín vinculó a la cúpula policial con el narcotráfico; también cuando una fiscal bonaerense allanó un bunker de drogas a tres cuadras de la subcomisaría 20ª. Lo mismo ahora, cuando se revelan las escuchas de la PSA.

Mientras tanto, el fiscal de San Isidro que pidió hace dos meses detener al rosarino que lideraba una banda de ladrones de autos de alta gama, le rogó al juez de garantías que no interviniera la policía santafesina porque las escuchas le hacían saber que estaba comprada. Fueron muchos indicios en poco tiempo, y de actores calificados, que el gobierno tomó con fastidio.

Lo relevante de estos episodios no es si surgen en laboratorios políticos o de prensa, sino que todo esto pasa en Santa Fe. Se lo puede cambiar, a condición de admitirlo.