César Daniel Gónzález sigue con su protesta, exigiendo que las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial y de la Unidad Penal III lo autoricen a estudiar en la Universidad Nacional del Comahue. Lleva 17 años preso, y, en otras cárceles, logró el permiso para su capacitación. En diálogo con la radio KM FM realizó un crudo diagnóstico de la situación de la Penitenciaría de Bariloche. Escuchá el audio. Se publica también textual la nota de la Asociación Gremial de Abogados en apoyo al detenido.
APOYAMOS RECLAMOS DE BENEFICIOS CARCELARIOS
Así como en muchas oportunidades se nos presentan casos de graves discriminaciones a favor de presos VIP sea porque el Sistema Judicial es permisivo y contemplativo en la Instrucción o Investigación inicial
y preparatoria, sea porque -aún con condenas por graves delitos- se trata de personas a las que fácilmente se le admiten beneficios procesales que les permiten continuar en libertad o prebendas carcelarias que los colocan en situaciones de grandes privilegios.
Eso no pasa con la inmensa mayoría de los presos comunes condenados por delitos comunes los que son sometidos a crueles agravamientos de sus condiciones de detención y a impedimentos de derechos esenciales
de un preso (cualquiera sea el delito que se le impute), establecidos en las leyes carcelarias, en las Constituciones Nacionales y Provinciales y en los Tratados internacionales.
Por eso jamás nuestra Asociación solicitará discriminaciones pasivas, esto es, pidiendo que se impida a un detenido (sea cualfuera el delito imputado) acceder a beneficios carcelarios contemplados por las
leyes.
Así pues, hoy apoyamos y acompañamos las peticiones que abajo se trascriben a favor de CESAR DANIEL GONZALEZ, preso en la Provincia de Rio Negro desde hace 17 años a fin de que se le concedan los
beneficios de salidas transitorias, laborales y que se le permitan la continuación de sus estudios.
No seremos hipócritas a la hora de establecer quién es Cesar: fue condenado por el homicidio de un policía del grupo especializado BORA de Río Negro a la pena de 23 años de prisión.
Pero tal situación, así como cualquier otra que haya determinado un encarcelamiento de cualquier persona, admite la aplicación a su favor de las leyes respectivas si está en condiciones procesales y objetivas
de alcanzar los beneficios.
La adversidad e inhumanidad de las cárceles de Río Negro (y también Neuquén) ya han sido motivo de denuncias y planteos de todo tipo, sin embargo ahora hablamos de un caso puntual y específico, el de César
González que de todos modos no deja de ser representativo de cientos de miles similares en toda nuestra Argentina.
César González ha iniciado una huelga de hambre porque está en condiciones por conducta, por concepto, por contracción al trabajo, por calificaciones y por tiempo de detención de acceder a los beneficios carcelarios que todas las instancias de la Justicia Rionegrina le niega.
Nuestra compañera/colega la Dra. Marina Schifrin de la Gremial de Abogados de la Patagonia se ha visto obligada a tener que recurrir al remedio Federal ante la máxima instancia penal de la Argentina y ha
cosechado en ese largo trámite la adhesión de importantes personalidades del Derecho y de los DDHH.
Acompañamos entonces en todo el esfuerzo de la compañera Dra. Marina Schifrin, y hacemos responsables a la Justicia y al Gobierno de Río Negro por la vida y la salud de Cesar González quien se ve obligado a llevar adelante una huelga de hambre por la arbitraria e ilegal violación de sus derechos carcelarios.
Los jueces y el Ejecutivo Rionegrino, que es relativamente nuevo en sus funciones y cuyas trayectorias se han publicitado extensamente, deberían tomar cuidadosa nota de lo que ocurre en su sistema carcelario en general y de la situación de Cesar González en particular y tratar de estar a tiempo de evitar agravamientos
irreversibles.
ASOCIACION GREMIAL DE ABOGADOS
