Los 355 presos que murieron en sus celdas abrasados por las llamas o asfixiados por el humo en una granja penal en Honduras son el testimonio más cruel de la tragedia que viven los reos en las cárceles de América Latina, hacinados y sometidos a la violencia de sus copresidiarios o de sus guardianes.

El narcotráfico en toda la región ha superpoblado las cárceles en las últimas tres décadas, transformando al hacinamiento y a la violencia en el mal común de las cárceles de Latinoamérica, según analistas consultados por la AFP.

Las estructuras carcelarias fueron diseñadas a comienzos del siglo pasado cuando no existían los delitos de narcotráfico y la población criminal era mucho menor a la actual, subrayaron.

Récord de homicidios en Honduras

Honduras, en particular, tiene el récord mundial en tasa de homicidios, 82 cada cien mil habitantes, según la ONU.

Este país, convertido en ruta privilegiada para el trasiego de cocaína sudamericana hacia Estados Unidos, y asolado por las maras (pandillas), cuenta con 24 establecimientos penitenciarios con capacidad para albergar 8,000 personas, pero la población carcelaria sobrepasa las 13,000. La granja prisión de Comayagua encerraba 900 presos, el doble de su capacidad.

«La crisis de Honduras es estructural. La cárcel es una muestra de la impunidad, corrupción e ineficiencia del sistema. Se hace urgente designar a veedores internacionales para asegurar justicia», estimó en declaraciones a la AFP Lucía Dammert, socióloga peruana y experta en temas de seguridad.

Ya en 2004, un centenar de reos murieron calcinados en la cárcel de San Pedro de Sula, la capital económica y la más violenta del país (norte), debido a problemas estructurales de la prisión.

Hacinamiento en cárceles de América Latina

En Venezuela, las cárceles encierran a 50,000 reclusos, cuando su capacidad es de 14,000, según cifras del propio gobierno; mientras que las prisiones de Chile registran superpoblaciones de 50%, 70% y hasta 200%, según datos del gobierno de 2010.

Fue precisamente Chile donde se vivió el antecedente más cercano a la tragedia de Honduras, cuando, el 8 de diciembre de 2010, 81 reos murieron en un incendio que se inició de madrugada en la cárcel San Miguel de Santiago, originado en forma intencional en medio de una riña entre internos.

La situación es especialmente acuciante en Centroamérica. En El Salvador según registros de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), en enero de 2012 había un total de 25,400 reos, cuando los 19 centros penales del país fueron creados para albergar 8,100.

Guatemala presenta gran similitud con el caso de Honduras, según afirma Carmen Ibarra de la ONG Movimiento Pro Justicia. «Las situaciones son tan precarias que cualquier cosa puede pasar», señaló la activista.

Según Ibarra, unas 1,500 personas se encuentran detenidas en las prisiones guatemaltecas pese a que ya cumplieron su condena.

«El sistema carcelario está en crisis en toda la región, con mayores o menores niveles de problemas, pero en todos los casos con altos niveles de hacinamiento, bajísimos niveles de inversión pública y casi nulas políticas de reinserción de los reclusos», explica Dammert.

Falta de inversión 

En su trabajo «La cárcel: problemas y desafíos para las Américas», Dammert, junto a Lina Zuñiga, socióloga de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Santiago de Chile, cuestiona la validez de una institución que hace muy difícil la labor de rehabilitación y reinserción.

En Brasil, el sistema penitenciario vive también el omnipresente problema de hacinamiento y el de falta de inversión, que fomenta la presencia de organizaciones criminales que imponen su ley en prisiones deterioradas, insalubres y con administraciones corruptas.

La historia de las cárceles del país está plagada de sucesos cruentos, como la masacre del 2 de octubre de 1992 en la cárcel de Carandiru de Sao Paulo, donde 111 presos resultaron muertos en un motín reprimido por cientos de policías, que transformó a los corredores de la prisión en ríos de sangre.

Fugas en México 

Apoteosis de la problemática, los medios de información de México denuncian frecuentemente que la corrupción del país hace que los líderes de carteles se conviertan en los dueños de las cárceles.

El narcotraficante más buscado del mundo, el mexicano Joaquín «el Chapo» Guzmán, logró fugarse en 2001 de una cárcel de máxima seguridad del estado de Jalisco y, en diciembre de 2010, 141 presos de una cárcel de Nuevo Laredo huyeron tranquilamente por la puerta principal.

Los analistas apuntan a la falta no sólo de inversión, sino también de personal y a su escasa calificación para hacerse cargo de los reos o tener capacidad de reacción cuando se desata la tragedia.

Y señalan que, en muchos casos, la corrupción permite que los guardianes dejen entrar a las prisiones armas y teléfonos móviles. Así, el crimen organizado se encuentra permanentemente conectado con el exterior, donde continúa sus actividades.

«Los gobiernos, en el fondo, lo que hacen es asegurar que los delincuentes no estén afuera, pero no se preocupan de lo que sucede adentro», explica Dammert.

La experta aboga en su trabajo por soluciones alternativas a la encarcelación, como la libertad vigilada para autores de delitos menos graves o no violentos, trabajos comunitarios o brazaletes electrónicos.

Si no, advierte, los delincuentes corren el riesgo de salir de prisión siendo más profesionales que cuando entraron.

«Las cárceles se han convertido en verdaderas universidades del delito», sentenció.