Los presos que murieron calcinados y a cuyos restos se retiraba en fragmentos la mañana del jueves estaban totalmente encerrados en la prisión hacinada que se incendió en Honduras; la mayoría de ellos no estaban acusados y mucho menos sentenciados, de acuerdo con un informe gubernamental que obtuvo The Associated Press.
Más de la mitad de los 856 internos de la cárcel de Comayagua, al norte de la capital del país centroamericano, aguardaban juicio o estaban retenidos como supuestos integrantes de pandillas, según el informe que envió este mes el gobierno hondureño a las Naciones Unidas.
Las llamas, presuntamente las había propiciado un interno, se propagaron el martes en la noche en la prisión, y quemaron o asfixiaron a los reclusos que estaban encerrados en sus celdas mientras los socorristas buscaban las llaves con desesperación. Las autoridades confirmaron que hubo 358 muertos en este incendio carcelario, el cual se ha cobrado el número más alto de vidas en un siglo en el mundo.
Los sobrevivientes contaron relatos dantescos. Muchos de ellos escalaron las paredes para abrir el techo de lámina y escapar de las llamas y otros morían quemados vivos. Numerosos internos que fallecieron quedaron pegados en los techos y los cadáveres parecían fusionados con el metal.
Los bomberos recibieron el aviso del incendio a las 10.59 de la noche pero las acciones de rescate fracasaron debido al error humano y otras condiciones que propiciaron la catástrofe en la prisión.
De acuerdo con el informe, que obtuvo en exclusiva la AP, todos los días había en esa cárcel unos 800 reclusos cuando el cupo era para 500. Sólo laboraban 51 guardias en el día y apenas 12 durante la noche, que fue el caso cuando ocurrió el incendio.
La prisión carece de atención médica o de salud mental y su presupuesto era de un equivalente a menos de un dólar al día para la alimentación de cada recluso. Muchos individuos estaban encarcelados sólo porque llevaban un tatuaje, de acuerdo con las estrictas leyes contra las pandillas en Honduras, según el informe. Naciones Unidas condena esta práctica al considerarla una infracción a la ley internacional.
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