Los fenómenos que actualmente emergen como «crisis de inseguridad» y «crisis institucionales» por el desvelamiento recurrente de ilegalidades policiales tienen, en Santa Fe, causas de muy larga data. Entre las más serias se encuentran los distintos grados de inercia, connivencia institucional o profundización del estado de situación (con tenues matices de distinción) imputables a los sucesivos poderes ejecutivos, legislativos y judiciales del 83 al presente. Y escasísimas son, por su parte, los intentos aislados de promover políticas activas de seguridad democrática, abordar las ilegalidades policiales, conducir a las instituciones de seguridad y transformar sus prácticas, desde el inicio de la democracia al presente.
Ante la emergencia de estos fenómenos y en el actual contexto, el gobierno provincial tiene dos alternativas claras. Una es seguir profundizando el rumbo actual y seguir soportando los costos que le genera. La otra es emprender el complejo camino de construir un acuerdo político y en ese marco implementar una profunda reforma policial junto con políticas de prevención del delito serias, basadas en información fiable y diseñadas y conducidas con conocimiento técnico y experiencia política a la altura de las actuales circunstancias. Optar por la segunda alternativa exige un cambio de rumbo de 180 grados, oportunidad inexplicablemente desperdiciada al comienzo de la gestión actual. Y requiere, por sobre todo, revertir los procesos de «giacomettización» y de «gaviolización» que caracterizan al rumbo actual.
La «giacomettización» es un proceso por el cual en lugar de avanzar con el control político o «civil» (sic) de la institución policial, el gobierno retrocede cediendo espacios políticos a la misma. Suelen presentarse con justificaciones tales como que se suman personas «con experiencia», «ascendencia con la tropa», «capacidad de mando», etcétera. El gobierno de Binner patentizó esta tendencia siempre latente al intentar designar al comisario retirado José Luis Giacometti, ni más ni menos que como «viceministro», en diciembre de 2009. Y la reafirmó en simultáneo con la inexplicable e indefendible designación de Alvaro Gaviola como ministro de Seguridad. La notoria incapacidad de conducción política, el desconocimiento de las cuestiones más básicas del área, la incapacidad de diálogo con los poderes judiciales y la obstaculización de la gestión de los funcionarios que no consideraba «propios» de la que hizo gala Gaviola, produjeron, como era esperable, la reversión de lo logrado en la gestión de su antecesor, Daniel Cuenca, y consagraron la autonomía policial a grados impensables.
Este proceso retrógrado continuó, incluso, en la gestión del ex ministro Leandro Corti, que merecería ser analizada de manera menos superficial por una parte del periodismo santafesino. Continuó con medidas desacertadas y contraproducentes como llevar a la órbita del Ministerio a la TOE, a la Dirección de Control de Adicciones y a la raquítica Dirección de Prevención de Trata. Ya que si lo que buscaba Corti era conducción «civil» debería haber designado a un jefe de policía «civil». O si no estaba decidido a tanto la alternativa hubiera sido intervenir con funcionarios políticos las áreas cuestionadas, pero nunca desmembrarlas de la institución y mudarlas al Ministerio.
Más aún, para evitar la tendencia a la giacomettización es clave producir información fiable, establecer políticamente los lineamientos estratégicos y los operativos policiales concretos, controlando su cumplimiento, y promover políticas activas de prevención y control del delito multiagenciales y democráticas. Y para desarrollar tareas tan complejas y específicas se requiere, además de una decisión política firme y mucha valentía, equipos con conocimiento y experiencia política de gestión, lo que nos lleva al segundo proceso retrógrado que debe revertirse: la «gaviolización».
La «gaviolización» consiste en designar en cargos clave de gobierno a personas sin ninguna formación acreditada, ni expertise técnica, ni experiencia política en gestión policial y de políticas de seguridad. Y cuando no hay equipos de gestión o los mismos son débiles que los ministros sean malos, mediocres o excelentes no cambia demasiado las cosas. Este proceso de gobernar sin equipos ni expertise se inició en 2009 y se mantuvo y profundizó en la gestión, solitaria y unipersonal de Corti, y no ha sido revertido aún en la actual.
Por propia decisión Corti mantuvo a funcionarios de pobrísimo desempeño designados por Gaviola. Y también designó, sin que nadie se los impusiera, a nuevos funcionarios a pesar de saber que no estaban capacitados para ocupar los lugares en que fueron nombrados. Y éstos así lo confirmaron luego con gestiones mediocres, como es el caso del reemplazado secretario de Seguridad Pública Marcos Escajadillo o el actual secretario de Seguridad Comunitaria Angel Ruani (dedicado a la campaña comunicacional de demoliciones de los kiosquitos que decide entregarle la policía mientras ésta continua con el «business as usual» en materia de drogas). Peor aún, Corti, reafirmando la soledad que lo llevó a socavarse su gestión en escasos meses, dejó vacante, o sea bajo control policial, la estratégica Secretaría de Control de Seguridad creada durante la gestión de Daniel Cuenca y freezada por Gaviola y el funcionario que éste designó a cargo de la misma, Facundo Paschetto.
Esta tendencia se sigue profundizando con las designaciones recientes de militantes partidarios, algunos/as con respetables trayectorias políticas pero sin ninguna experiencia en las cuestiones más básicas de las políticas de seguridad. Y también en los vergonzantes ascensos políticos de funcionarios de pobrísimo desempeño en las áreas a su cargo, designados por Gaviola y mantenidos en funciones por Corti. Como es el caso del ex director de Carga de Estadística Policial No Chequeada a Excel, Andrés Ferrato, ahora subsecretario de la misma área. Y el de la comisaría principal Ana Viglione, de cuestionado paso por el Isep, ex directora de ¿Control? de Agencias de Seguridad Privada durante las gestiones de Gaviola y Corti, y ahora ascendida a secretaria de un área clave y estratégica como la Secretaría de Delitos Complejos, que requiere mucho más que un título de licenciada en el Instituto Universitario de la Policía Federal.
Las designaciones de Viglione, del comisario mayor Sergio Gorosito (director de Control de Adicciones) y la confirmación de la comisario Mónica Viviani en la Dirección de Prevención de Trata, junto con el mantenimiento de estas áreas más la TOE en la órbita ministerial (adonde las ubicó Corti) constituye, además de un ejemplo de «gaviolización», la profundización del proceso «giacomettización».
Por eso es tan difícil el ineludible cambio de rumbo que la situación actual exige y que en una entrevista reciente el ministro Raúl Lamberto promete realizar impulsando una «reforma profunda y urgente de la policía». Ya que el gobierno, además de lograr y sostener un acuerdo político substancial en las aguas borrascosas de las dinámicas electorales, tendrá que decidirse a salir a buscar afuera lo que ya es más que obvio que no tiene internamente en el actual elenco ministerial de seguridad, salvo singulares excepciones, para poder transformar sus actuales políticas.
A pesar de que el gobierno provincial desperdició la oportunidad de emprender este camino en diciembre de 2011, este sigue siendo el único que, con todas las complejidades que conlleva recorrerlo, puede permitirle comenzar a salir de la actual situación. Lograrlo no es imposible. Requiere decisión política férrea y dejar de malgastar el presupuesto en compra de móviles, videovigilancia y campañas mediáticas que se vuelven en contra como boomerangs o se desvanecen ante la dura realidad, cuando las urgencias son transformar las políticas de seguridad. Y luego emprender el camino propuesto por el Acuerdo de Seguridad Democrática, que el gobierno bien conoce, un sector del Frente para la Victoria promueve y el ministro Raúl Lamberto, de reconocida experiencia política, está en condiciones de liderar.
En cambio, seguir «giacomettizando» y «gaviolizando» es seguir acelerando en un móvil policial sin frenos hacía un abismo que ya está más acá del horizonte y que se acerca peligrosamente.
(*) Criminólogo y profesor de criminología en la UNR. Ex secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe.
fuente http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2012/10/edicion_1455/contenidos/noticia_5000.html
