Los derechos pueden ser un mecanismo para garantizar una vida digna o un catálogo de buenas intenciones. En gran medida, el resultado depende de la posibilidad real de exigir su cumplimiento, pues derechos y justicia son caras de la misma moneda.
En la Argentina, la resolución de conflictos de derechos en los tribunales está colapsada, ya que existe una creciente demanda de los servicios de justicia y los recursos son escasos para atenderlos. A ello se suma la centralización geográfica, los elevados costos procesales, la excesiva burocratización y formalidad y los prolongados tiempos de respuesta. Estos obstáculos tienden a desanimar a cualquiera pero, sobre todo, a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social que además, deben procurar conseguir patrocinio jurídico gratuito.
Frente a estas dificultades, no todos pueden acceder a la justicia. Y si lo hacen, la resolución demora tanto tiempo que ya no es justicia. El derecho se frustra y en una sociedad en donde la canalización de los conflictos no se produce bajo el amparo estatal, la cuestión se traslada al campo informal y puede derivar en situaciones de violencia.
En este contexto, los métodos de resolución alternativa de conflictos tienen una gran potencialidad para sanear la relación de la sociedad con la Justicia. Instalados en todas las jurisdicciones del país, pero con un largo camino por delante, ofrecen opciones eficaces, rápidas y poco costosas para resolver algunas situaciones sin la necesidad de judicializarlas. Estos métodos, generalmente asociados a la mediación, la conciliación y el arbitraje, proponen procesos informales y sencillos en el que los protagonistas de la disputa arriban a acuerdos. De esta forma, se parte de una premisa diferente a la clásica retórica judicial: se promueve el diálogo por sobre la confrontación y la resolución acordada entre las propias partes que deben cumplirlo, en lugar de designar vencedores y vencidos en una contienda.
Los efectos colaterales son también positivos: se descomprime la demanda en los tribunales, permitiendo que se aboquen a las cuestiones en que su intervención es indispensable. El uso de los recursos económicos y humanos se vuelve más eficiente y las respuestas para todos, más rápidas.
Estos procedimientos son clave en la reestructuración de los sistemas de justicia, pero deben estar acompañados del diseño de la oferta de servicios en función del diagnóstico de las necesidades jurídicas insatisfechas de la población, difusión y educación legal. Asimismo, se requiere capacitar a los funcionarios responsables, desarrollar instrumentos para garantizar la igualdad entre las partes y evaluar la implementación de estas políticas, para asegurar una respuesta de calidad.
El servicio de justicia es fundamental para canalizar los conflictos, garantizar el cumplimiento de derechos y mejorar la convivencia. Y es el Estado el que debe asumir un rol preponderante para ofrecer mecanismos adecuados para que todos puedan acceder a ella.
Abogada. Asesora legislativa
