Parias, marginados, casi muertos civiles. En Río Negro hay 750 hombres y mujeres en esas condiciones. Viven en alguna de las seis cárceles de la provincia, donde pierden mucho más que la libertad, que es lo único que el Estado está autorizado a quitarles por haber cometido un delito.
La situación del Servicio Penitenciario Provincial es de crisis absoluta. El sistema no funciona para nadie: los presos están mal, los celadores, guardias y operadores están mal, sus familias están mal. Colapsó.
¿Cómo recuperarlo? ¿Se puede? ¿Llegará el día en que las cárceles, finalmente sanas y limpias, sirvan para reconciliar a estos hombres y mujeres con la sociedad a la que han dañado? ¿O seguirán siendo las celdas rionegrinas escuelas de resentimiento y reincidencia?
La provincia tiene una ley de avanzada, aprobada hace seis años, que creó un servicio penitenciario modelo, de gestión civil, de trato humanizado, con eje en la educación del detenido y la capacitación del personal. Una ley que mereció felicitaciones internacionales y fue objeto de estudio en el país pero que hoy es letra muerta. El aparato policial sigue al frente de las cárceles; los guardias civiles son pocos y mal remunerados y carecen de una seria formación específica; los maestros carcelarios dan clases bajo las goteras y sin herramientas; los psicólogos renuncian despavoridos, agobiados.
Mientras tanto, rejas adentro, crecen a la par los hongos y la violencia.
Río Negro «gasta» casi 10.000 pesos al mes por cada uno de sus detenidos, según el presupuesto 2012. ¿Cómo es posible que monto semejante no alcance para dar al preso el trato que manda la ley? ¿Dónde está la grieta?
El Servicio Penitenciario no necesita más presupuesto sino planificación, con compromiso e interacción de las distintas áreas del gobierno para optimizar el uso de sus recursos. Y necesita también que la filosofía humanista y democrática sobre la cual se elaboró la ley 4283 se haga carne en todos los operadores y respon-
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sables del sistema carcelario, desde el gobernador que marca la política penitenciaria y los legisladores que deciden sobre los recursos hasta los jueces que ordenan las detenciones; desde el secretario de Seguridad y el director del Servicio Penitenciario hasta el más raso de los celadores; desde el docente y el tallerista carcelarios hasta el pastor que da misa en un pabellón. Y desde el más viejo de los presos hasta el que ingresa por primera vez a una celda rionegrina. Ése parece ser el único camino para reemplazar el garrote y el candado por la resocialización. Salvo, claro, que todo lo que dicen la Constitución, los tratados y las leyes sobre la dignidad del hombre sea una gran mentira y el Estado crea, en secreto y en silencio, que esas personas detenidas no tienen perspectiva de mejorar ni la merecen.
Las cárceles rionegrinas están en Roca, Viedma, Bariloche, Cipolletti, Pomona y Choele Choel. En total deberían representar 1.300 plazas, pero las inhabilitaciones y clausuras parciales que ha impuesto la Justicia por el deplorable estado de sus instalaciones y los daños producidos en los motines de los últimos años han dejado una capacidad real de 700 plazas. Y aun así, funcionando a la mitad de su estructura, no alcanzan los celadores, no logran separar a los internos condenados de los procesados, escasean los artículos de limpieza y no pueden implementarse talleres productivos remunerados como los que tiene el Servicio Penitenciario Federal.
La problemática fue admitida desde el gobierno provincial, que respondió a un pedido de informes presentado por este diario. «La capacidad de alojamiento se encuentra limitada por variadas razones. En algunos casos por mandatos judiciales (Roca, Bariloche, alcaidía de Viedma), en otros por el mal estado de las instalaciones, sectores destruidos en motines, y también por la necesidad de clasificación y separación de internos para evitar conflictos (miembros de las fuerzas de seguridad detenidos, «refugiados» por incidentes, etcétera), y más en general por la insuficiencia del número del personal penitenciario», señaló el interventor del SPP, Fernando Azcoaga.
El gobierno ha repatriado al mentor de la ley del Servicio Penitenciario, Miguel Bermejo, para que asuma la conducción de la Secretaría de Seguridad y Justicia y culpa a la gestión anterior por haber «abandonado las principales líneas directrices» de la ley «durante el último mandato del gobierno del Dr. Miguel Saiz 2008-2011». En el primer mandato, Bermejo fue funcionario del radicalismo y condujo el SPP mientras Víctor Cufré era jefe de Policía.
Según argumentan desde la cartera que hoy conduce, el estado crítico de las cárceles se debe a la desidia del período final del gobierno de Saiz, aunque la actual gestión lleva casi un año de gobierno y poco se ha mejorado.
En mayo se declaró la emergencia del Servicio Penitenciario (prevista por un año) y se dispuso la inversión de casi 30 millones de pesos para salir de un atolladero de motines, fugas, asesinatos y creciente descontento del personal civil, que fortaleció sus reclamos de mejoras laborales mediante acciones sindicales con ATE y UPCN.
De ese presupuesto de emergencia se previeron casi 11 millones para «gastos de personal», 3,5 millones para «bienes de consumo», 4,2 millones para «bienes de uso» y 785.000 pesos para «servicios no personales». El resto, unos ocho millones, se reservó para «obras de infraestructura» a ejecutar de manera urgente en toda la provincia. Sin embargo, cuando en septiembre pasado (cuatro meses después de declarada la emergencia) debieron presentar ante el juez de Ejecución de Roca, Juan Pablo Chirinos, un plan de obras para aplicar una parte de los ocho millones, Bermejo admitió que recién estaban comenzando a elaborar los planos.
Oídos sordos
El juez Chirinos, en el marco de un expediente de hábeas corpus abierto en septiembre del 2010, le había dado al Estado provincial dos años de plazo para solucionar los problemas más graves detectados en la cárcel de Roca. Para diciembre de ese año, según un fallo posterior, la única señal que había dado el gobierno era una visita que hizo un grupo de «representantes de la firma Mocciola (empresa constructora) a fin de estudiar las refacciones que se deben hacer a la unidad y que comenzarán a fines de enero del 2011». Después, nunca más.
La sentencia fue comunicada a los tres poderes del Estado. «De las autoridades notificadas, sólo se interesó por la situación el Superior Tribunal de Justicia, que organizó una reunión con el ministro de Gobierno (en octubre del 2010) en la que se pudieron obtener compromisos concretos por parte del poder administrador». Aquellos compromisos siguen sin cumplirse.
A fines de noviembre de ese mismo año Chirinos se reunió con el entonces secretario general de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno, Álvaro Larreguy, quien le informó «respecto de la apertura del penal de Cipolletti» previendo que «solucionará definitivamente la cuestión de plazas en la zona». Pero el Penal 5 lleva casi dos años en marcha y la crisis no es menor, sólo distinta.
En fin. Llegó la fecha límite, septiembre del 2012, y los actuales funcionarios –descargando toda la responsabilidad en los exministros y exsecretarios de Saiz y también en exfuncionarios de la actual gestión– explicaron que estaban iniciando la elaboración de un plan de «recuperación» del Servicio Penitenciario. A regañadientes, el juez lo aceptó y volvió a citarlos para el 24 de octubre. Ese día el nuevo ministro de Obras Públicas, Fernando Vaca Narvaja, llegó a Roca con los planos para las reformas en Roca pero pidió un nuevo plazo, hasta el 14 de diciembre, para dar los retoques finales a un plan integral de obras que incluye todas las cárceles de la provincia, con la promesa de prever los recursos necesarios en el presupuesto 2013. La lógica indica que los ocho millones casi intactos de la ley de emergencia deberán aplicarse a ese plan de mejoras el año entrante. Convendría desde ahora agendar la fecha para chequear ese dato cuando se presente el balance 2012 a la Legislatura.
Esos dos años perdidos en la cárcel de Roca son los mismos que se desaprovecharon para mejorar la de Bariloche, que se admite en forma unánime –en el Ejecutivo y la Justicia– como «la peor» de la provincia, y para hacer los arreglos que eran «urgentes» en la alcaidía de Viedma.
En diciembre del 2010 un defensor oficial de Bariloche, Gerardo Balog, presentó un amparo por las deplorables condiciones del sector de procesados del penal viedmense y unos meses después presentó otro por la cárcel barilochense, esta vez acompañado en su reclamo por los defensores Marcelo Álvarez Melinger, Mónica Rosati y Gustavo Butrón.
El Superior Tribunal de Justicia emitió entonces dos fallos ordenando al Ejecutivo un programa de soluciones a corto plazo. Dio 60 días para que se hagan «todas las refacciones necesarias (…) para el cumplimiento del encierro en condiciones de dignidad» en la cárcel de Bariloche y 180 días para arreglar la alcaidía de Viedma. Pero los meses fueron pasando y nadie cumplió la orden judicial. Durante el 2011 la gestión radical estaba demasiado ocupada en la campaña y en lo que va del 2012 la nueva conducción no termina de acomodarse tras haber perdido a su referente principal a 21 días de ser gobierno. Mientras tanto, las cárceles empeoran. Y si es cierto que la fortaleza de una democracia se mide por cómo un Estado trata a sus presos, Río Negro está muy lejos de cualquier calificación positiva.
Responsabilidad compartida
No sólo al Ejecutivo deben achacarse las culpas. El Poder Judicial arrastra un déficit de magistrados y funcionarios que impide a los que están en funciones ir al fondo del problema de las cárceles. La deuda principal es que en toda la provincia hay un solo juez de Ejecución Penal, radicado en Roca, en quien recae el control de las condiciones de detención de más de 340 personas. Desde febrero del 2011 están inscriptos los postulantes para el concurso del segundo Juzgado de Ejecución, que funcionará en Cipolletti, pero la designación sigue pendiente. Lo mismo ocurre con el juzgado de Viedma. También faltan defensores oficiales en el fuero penal, entre cuyas responsabilidades está la de velar por el correcto cumplimiento de los tratamientos penitenciarios de aquellos detenidos a quienes representan.
fuente http://www.rionegro.com.ar/diario/en-rio-negro-carceles-en-crisis-1001034-9521-nota.aspx
