Un segundo paquete de 16 pliegos para completar la estructura del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de la Defensa Penal ya anuncia otra controversia política en la Legislatura. El gobernador Antonio Bonfatti pidió el acuerdo parlamentario para la designación de ocho fiscales y ocho defensores oficiales en la justicia de Rosario, entre ellos seis ex funcionarios del gobierno de Hermes Binner. «Vamos a analizar pliego por pliego», dijo el senador y presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, Ricardo Kaufmann a Rosario/12. Y no descartó que la mayoría justicialista utilice «la misma vara» con la que rechazó el pliego del ex secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, a mediados de mayo, el primero que intentó pasar de la Casa Gris a Tribunales. «Si aplicamos la misma vara, estos tampoco podrían ser operadores de la justicia, pero vamos a esperar que se pronuncie la Legislatura», dijo el legislador.

Bonfatti ya propuso al ex fiscal de Estado, Jorge Barraguirre como procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. El pliego ingresó al Senado el 19 de octubre. Y ahora, remitió un segundo paquete para designar ocho fiscales y ocho defensores en Rosario. Más, el director titular del Ente Zona Franca Santafesina que representará a la provincia, ingeniero José Marcos Adjiman.

Entre los ocho fiscales, dos integraron el equipo del ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti: el abogado rosarino Luis Antonio Schiappa Pietra y su colega Carla María Cerliani. Y de los ocho defensores, cuatro de ellos pasaron por el gabinete de Binner: Mariano Bufarini (ex director del Servicio Penitenciario de la provincia), Francisco Matías Broglia (ex director de Prevención y Seguridad Comunitaria), María Laura T. Blacich (ex asesora de Superti) y Gonzalo Armas (ex secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad).

Los otros propuestos son: Sebastián Rodrigo Narvaja, Pablo Lanza, Adrián Alejandro Spelta, Ademar Pedro Bianchini, Silvana Andrea Valero y Adrián Eduardo Mac Cormack (fiscales) y Martín Gabriel Riccardi, Nora Griselda Gaspire, Daniela Asinari y Juan Pablo Nardín (defensores). Asinari es conocida por representar a la Liga Argentina de los Derechos del Hombre en juicios por delitos de lesa humanidad.

El senador Kaufmann se permitió una ironía sobre los ex funcionarios de Binner propuestos por Bonfatti para ocupar cargos en la justicia de Rosario. «Tendríamos que decir lo mismo que los radicales y los socialistas dijeron cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner propuso al síndico general de la Nación, Daniel Reposo, para el cargo de procurador general de la Nación, que luego declinó. Si aplicamos la misma vara, no podrían ser porque no serían imparciales como funcionarios, serían adictos al gobierno de turno. Eso es lo que dicen del kirchnerismo», dijo el legislador. Uno de los impugnantes de Reposo era el presidente de la UCR, Mario Barletta, quien acusó al funcionario K por su «alineamiento manifiesto, público, y sin cortapisas» con la Casa Rosada y «la consecuente falta de objetividad que permitan suponer un desempeño no guiado por sus ideas políticas».

-¿La misma crítica valdría para Barraguirre y para los otros ex funcionarios de Binner? -preguntó este diario.

-Por supuesto -dijo Kaufmann.

-¿Hubo algún amague del gobierno para retirar los pliegos?

-No, los presentaron y los van a dejar. Ahora, la Legislatura resolverá si los aprueba o los rechaza.

-¿Podría rechazarlos?

-Es posible. Están las dos posibilidades, que se los apruebe o que se los rechace.

-Estamos hablando de los ex funcionarios.

-Sí, algunos formaron parte del gabinete de Superti. Fueron designados por concursos y ahora habrá que ver cómo se realizaron los concursos -cerró Kaufmann.

Según el calendario que manejan los legisladores, la Asamblea Legislativa para tratar el pliego de Barraguirre -última fecha? es el 22 de noviembre porque a la medianoche sería aprobado por el acuerdo tácito que establece la Constitución de Santa Fe. Y lo mismo para los fiscales y defensores, la Asamblea deberá realizarse -última fecha? el 29 de noviembre, porque de lo contrario serían designados por acuerdo tácito.

El debate reconoce dos antecedentes: el 4 de mayo, la Legislatura rechazó el pliego de Font (propuesto como auditor general del Ministerio Público de la Acusación) por 41 a 22. Y el 27 de setiembre, aprobó trece de los catorce defensores propuestos por el PE para integrar el Servicio de la Defensa Penal, en Santa Fe y otras ciudades. La única designación que no prosperó fue la del abogado Rafael Martínez Fiscella, por 41 a 21, una votación similar a la de Font.