El Estado mendocino deberá pagar más de 100.000 pesos a cada una de las familias de cuatro de los seis presos que murieron en un incendio en la granja penal de Gustavo André luego de una pelea ocurrida en mayo de 2004.
El fallo dictado por el Primer Juzgado Civil condena no solamente al Estado sino también a Miguel Ángel Torrales, el penitenciario que estaba a cargo de la unidad carcelaria ubicada en el departamento de Lavalle.
El juez Fernando Games determinó que se pague la suma de 420.000 pesos, divididos de la siguiente manera: 104.000 pesos para Rosa Aurelia Reinoso; 104.000 pesos para  Manuel Villarroel; 104.000 pesos para Norma  Gualpa;  104.000 pesos para Cándida Graciela Molfa y 4.000 pesos para Alicia Cruz Falcón.
Los indemnizados son familiares de algunos de los internos que murieron tras el incendio: Sergio Darío Reales Reinoso, Carlos Marcelo Villarroel, Javier Antonio Gualpa, Mario Guillermo Andrada Molfa y José Alejo Falcón Porres.
La demanda inicial era de $ 730.800. Sumados los intereses, la Provincia deberá pagar unos 580.000 pesos.
Una tarde fatídica En la tarde del 1 de mayo de 2004, durante el horario de visitas, comenzó una discusión entre algunos internos por una cuestión de celos, relacionados con una mujer.
La discusión inicial se transformó en una situación totalmente descontrolada. Dos presos resultaron heridos y debieron ser llevados hasta el hospital Sícoli de Lavalle. Uno de ellos, Sergio Darío Reales Reinoso, llegó sin vida, en tanto que Rodrigo Marcos Caraballo Romero resultó con diversas heridas.
Frente a esta situación, el penitenciario demandado, Miguel Ángel Torrales, ordenó al agente Alejandro Díaz que fuera al sector de los pabellones, granjas y casas para que los familiares se retiraran y luego encerrara a todos los internos en la celdas.
La medida no fue una solución ya que a los pocos minutos, desde el pabellón «C» comenzó a salir humo. Era el comienzo de un gran incendio. Torrales sólo llamó a su superior, Marta Molina, quien le ordenó que «fuera evaluando la situación» y que le enviaría refuerzos.
Frente al caos y los pedidos de auxilio de los internos para que les abrieran las celdas, el jefe decidió mantener la orden de encierro. Como única ayuda, sólo se realizaron algunas ráfagas de matafuego, arrojadas desde una ventana.
Los internos del pabellón «D» lograron vencer los candados que cerraban la puerta del mismo para salir y quedar a salvo del siniestro.
En cambio, los del «C» permanecieron media hora encerrados, hasta que llegó la policía de Costa de Araujo y abrió las rejas.
Luego sacaron a los internos Mario Guillermo Andrada Molfa, Carlos Marcelo Villarroel, Ramón Pedro Sáez, Javier Antonio Gualpa, José Alejo Falcón Porras y José David Torralba Chirino, en estado de inconsciencia y con quemaduras en el cuerpo.
Cuando llegó un médico del SEC cuatro habían muerto (Villarroel, Gualpa, A. Molfa y Falcón). José David Torralba y Ramón Pedro Sáez fueron hospitalizados. Sáez falleció en junio del año 2004.
El penitenciario responsable de la granja fue condenado después a tres años de prisión e inhabilitación por ocho años por el delito de homicidio culposo agravado por el número de muertes.