Una dura evaluación histórica del estado de las fuerzas de seguridad federales, más la rendición de cuentas de cambios en curso, más la promesa de cambios futuros, dio el tono de la presentación del programa Uso Racional de la Fuerza y Armas de Fuego, del Ministerio de Seguridad de la Nación. La evaluación histórica incluyó el hecho de que la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura se rigen todavía por marcos legales establecidos por dictaduras militares, y que “el accionar de las fuerzas policiales ha generado muchas veces consecuencias gravísimas”, según señaló Nilda Garré, ministra de Seguridad. También se advirtió que la experticia de los funcionarios policiales, a la hora de usar sus armas, está limitada por un entrenamiento limitado a 20 disparos cada dos meses. Al mismo tiempo, “una enorme cantidad de policías tiene armas propias en situación irregular”, advirtió Gustavo Palmieri, secretario de Coordinación de la cartera. Los cambios en curso incluyen la incorporación de un simulador de disparos, para ofrecer entrenamiento ante diversas situaciones de riesgo posible, y la extensión a todo el país la prohibición de portar armas de fuego ante manifestaciones públicas. Las promesas incluyen la redacción de nuevos reglamentos, que reemplacen los de las dictaduras, y la implementación del programa anunciado ayer, por el cual “la fuerza se usará sólo cuando todos los demás medios legítimos resulten ineficaces”.

En la presentación se hallaban León Arslanian –ex ministro de Justicia–, Stella Maris Martínez –defensora general de la Nación– y el diputado Leonardo Grosso. También había representantes de Familiares de Víctimas de Violencia Policial, así como familiares de agentes de seguridad caídos en el cumplimiento del deber, y altos funcionarios policiales, de Gendarmería y Prefectura. No estaba presente Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación.

“Empezamos a trabajar este tema desde diciembre de 2010, cuando asumimos el cargo, con el propósito de producir un cambio de paradigma en la seguridad –afirmó Nilda Garré, ministra de Seguridad de la Nación–. Hay que adecuar las actividades de las fuerzas de seguridad a la legalidad y al respeto irrestricto por los derechos humanos, en el marco del control político de las fuerzas de seguridad. Se trata de terminar con la autonomía que durante muchos años marcó a esas instituciones.”

La funcionaria señaló que “trabajamos en un protocolo para que las fuerzas de seguridad no utilicen la violencia, y especialmente no utilicen armas, en casos de manifestaciones públicas. Así lo hicimos ya en 2010 en el caso de la toma del predio del club Albariño, en Villa Lugano, que incluyó ataques canallescos contra las fuerzas de seguridad. Se trata de retomar y profundizar las ideas que Néstor Kirchner sostuvo desde 2004, y no sólo en el nivel de las fuerzas federales: que no haya dos países, uno en el que se aplican estos estándares y otro en el que no. Por eso llevamos el tema al Consejo de Seguridad, donde sólo Santa Fe, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza todavía no adhirieron”.

Garré también recordó “muchos casos en los que, en la conjuración del delito, se generaron víctimas evitables” (ver nota aparte) y planteó “la necesidad de reformular y capacitar a las fuerzas”. Las leyes orgánicas que todavía hoy las regulan proceden de dictaduras militares: la de la policía, de 1958; las de Gendarmería y Prefectura, de la década de 1970. Todas, además de estar obsoletas, tienen impronta autoritaria.

La ministra destacó que “el programa Uso Racional de la Fuerza y las Armas de Fuego se basa en cuatro principios: el de oportunidad, por el cual la fuerza se usará cuando los demás medios legítimos resulten ineficaces y el uso de la fuerza no acarree consecuencias más lesivas; el de la proporcionalidad, por el cual el uso de la fuerza se resuelve en relación con la gravedad del delito y el objetivo a salvaguardar; el de la legalidad, que incluye la adecuación a los tratados internacionales de derechos humanos, y el de responsabilidad, por el cual el personal debe rendir cuentas por cada acción”.

“Se trata también de priorizar la vida y la salud del policía, y su salud mental”, observó la ministra. Y, para ejemplificar el cambio de paradigma, contó que “el año pasado, en la Semana de la Policía Federal, nos llamó la atención que se premiara a integrantes que habían participado en situaciones donde se causaron muertes. A veces, llegar a eso puede ser necesario, pero no se debe premiar una acción cuyo resultado fue la muerte. Este año, la policía propuso casos nobles y valientes, donde el delincuente fue detenido o el delito fue impedido sin llegar a matar”.

Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, agregó que “los derechos humanos traen nuevas herramientas para solucionar conflictos. De otro modo, las fuerzas de seguridad terminan siendo el fusible de los conflictos sociales”.

“Armamento particular”

Gustavo Palmieri, secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad, señaló que el programa “incluye el trabajo con organismos externos: el Renar (Registro Nacional de Armas) nos remitió una lista enorme de funcionarios de fuerzas de seguridad que no tienen regularizada la situación de su armamento particular. Esto debe cambiar y, además, en situaciones en las que al funcionario se le retire el arma, también debe retirársele su armamento particular”. También señaló “la importancia de la participación de los vecinos y la articulación con los gobiernos locales”.

Palmieri añadió que “la semana pasada empezó a funcionar el Centro de Reentrenamiento y Doctrina de la Policía Federal, donde los funcionarios hacen cursos de una semana de duración. Ellos mismos plantean que el uso de la fuerza empieza por el tono de voz. ‘La fuerza está en el cuerpo’, dijo uno de ellos. Se trata de que hagan cumplir sus órdenes según cómo miren, cómo se paren, cómo usen la voz”. En cuanto al tiro, “hasta hace un año la práctica se limitaba a cinco municiones cada dos meses. Hemos cuadruplicado esa cantidad de municiones, y desde el año que viene las prácticas serán mensuales. La Policía Federal incorpora siete simuladores de tiro, que permiten no sólo perfeccionar la puntería sino enfrentarse a situaciones más próximas a la realidad, como obstáculos y personas en movimiento. La práctica tradicional era a 25 metros, pero los enfrentamientos reales se producen a tres o cinco metros de distancia y es necesario adaptar los polígonos”.

Palmieri concluyó que “el uso de la fuerza es excepcional, y mucho más el de la fuerza armada. La verdadera fuerza está dada por la presencia policial y la profesionalización de los funcionarios”. En la reunión no se abordó el tema del “estado policial permanente”, que obliga a los funcionarios de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal a portar armas aun estando de franco. En mayo de este año, la ministra Garré había advertido que “estar armados las 24 horas del día, los 365 días del año, genera un nivel de tensión que nadie puede soportar”.

fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-207955-2012-11-16.html