Rafael Martínez tiene 29 años, había pasado todas las etapas del concurso en la que obtuvo el cargo de defensor en el nuevo sistema de enjuicimiento penal y acababa de responder con solvencia discreta las preguntas en la comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina. Varios legisladores opositores le estrecharon la mano y nadie entre ellos le hizo la más mínima recriminación en la audiencia. Sin embargo a los pocos días se enteró de que no asumiría su puesto. La oposición había rechazado su pliego.
El mordido argumento que le dieron es que pertenecía como funcionario al Ministerio de Justicia manteniendo, por lo tanto, una sinuosa contigüidad con el Poder Ejecutivo, lo que afectaba su imparcialidad para intervenir en el Poder Judicial. Martínez no podía creer la explicación propuesta. Trabaja, en efecto, en el Ministerio de Justicia pero no como funcionario sino como empleado en el Irar por 4.090 pesos mensuales. Es abogado pero no compartió estudio jurídico ni cátedra con ningún representante del gobierno. Tampoco es afiliado ni milita en ninguno de los partidos que aporta al Frente Progresista. Hacerlo en ese espacio u otro cualquiera, de paso, no supondría menoscabo ético ni compromiso disvalioso para nadie.
Martínez ganó un concurso que el Poder Ejecutivo realizó por decisión de la Legislatura que le confirió esa potestad. Pero ahora la Legislatura dice que no está de acuerdo con aquello que ella misma avaló. Hay una crítica planteada por el justicialismo sobre los reglamentos del concurso. Pero en vez de modificar el reglamento para la próxima vez, por ejemplo, la oposición hace una recriminación tardía de esa disposición, con la que, invirtiendo recursos económicos y humanos, se llamó a concursar a 600 personas, seleccionando en ese trámite a 220 ganadores.
A Martínez lo bocharon por ser funcionario del Ministerio de Justicia pero claramente no lo es. Algo peor que un argumento fallido es hacer las cosas porque sí. Eso equivale a un agravio. Es incuestionable que la Legislatura, donde están los representantes votados por el pueblo, tenga la palabra final sobre el orden de mérito de una selección de funcionarios para el Poder Judicial. Pero para apartar a alguien que ganó un concurso tiene que existir un motivo. Consolidar una arbitrariedad en base a la fuerza no es asunto de la democracia.
Refrescar esta situación es oportuno dado que mañana a la tarde la comisión de Acuerdos entrevistará a 16 aspirantes, ocho a fiscales y ocho a defensores, en una atmósfera que presagia nuevas inequidades. Entre los nombres de los pliegos esta vez sí hay ex funcionarios del elenco de gobierno de Hermes Binner. Pero para saber si eso involucra una violencia ética o política hay que ver las historias de los postulantes.
El bolillero. Los candidatos a la bocha negra de la oposición son seis. Cuatro son defensores concursados que estuvieron en distintos cargos durante la gestión Binner: Mariano Bufarini (ex director del Servicio Penitenciario); Francisco Broglia (ex director de Seguridad Comunitaria); Gonzalo Armas (ex secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad) y María Laura Blacich (ex asesora del ministro de Justicia). Y hay dos fiscales propuestos: Carla Cerliani (ex directora del Centro de Asistencia Judicial) y Luis Schiappa Pietra (ex asesor del Ministerio de Justicia).
Cuando se habla de la vinculación política de ellos con el Frente Progresista varias cosas no se ven. Estas personas fueron convocadas a cargos de designación política pero eminentemente técnicos. No llegaron por militar en un proyecto —ninguno de ellos es socialista o radical— sino convocados a resortes de gestión. Si esto hubiese sido así, por otra parte, no sería un menoscabo para ellos. Ingenuo o bizarro sería el argumento de un partido político que cuestiona la idoneidad de un postulante por la pertenencia a un partido. Como si ser apartidario implicara carecer de ideología.
Sería bueno que los legisladores que se pronuncian por construir un sistema solvente de seguridad pública conozcan y escuchen a estos candidatos a ser, algunos de ellos, piezas básicas para la venidera persecución penal. Los que integran este paquete de pliegos obtuvieron, por lejos, las mejores calificaciones en toda la provincia. Bufarini, Broglia y Schiappa Pietra llevan años como docentes de Derecho Penal en la UNR. Armas fue fiscal federal. Cerliani comandó un órgano técnico para asistir al nuevo procedimiento penal. La situación de cuan capacitados están los candidatos para ser fiscales o defensores en este debate queda soslayado. Blacich es abogada de planta permanente del Servicio Penitenciario tras ganar un concurso realizado en tiempos de Jorge Obeid. Desde su impecable formación y convicciones todas estas personas de ideario progresista garantizan un bien que no abunda: independencia para afianzar un orden jurídico creíble.
Se han lanzado dudas sobre la transparencia de los concursos. Todo concurso implica criterios subjetivos de organización también perfectibles. Es razonablemente discutible la noción del diputado Mario Lacava (PJ) de que para estos concursos se ponderó en exceso el puntaje de la realización de cursos o el perfil académico de los candidatos. Admitido eso parece difícil hablar de trajes a medidas para favoritos con antelación. Las objeciones, que suelen ser altas ante indicios de arbitrariedad, fueron muy bajas: sólo el 5 por ciento de los postulantes presentó impugnaciones, ninguno cuestionando irregularidades o el sistema de calificación. De los 220 ganadores hay sólo seis que tuvieron vinculación con el gobierno. ¿Es eso evidencia de necesaria endeblez ética de esos concursantes?
Los miembros de los tribunales evaluadores no tienen relación política con el gobierno: lo integran un representante del Colegio de Abogados, un profesor de Derecho de una Universidad Nacional y un fiscal regional o defensor regional.
Las evaluaciones fueron a través de una prueba escrita con un sistema de corrección electrónico anónimo, que implicó que el tribunal no sabía de antemano de quién era cada examen. Las pruebas orales se hicieron en audiencia pública y están filmadas. De los 220 ganadores hay seis que tuvieron desempeño en el Ejecutivo hasta 2011. ¿Es eso evidencia contundente de inconducta ética de esos seis concursantes? ¿Servirá el parámetro para decenas de ex funcionarios del Ejecutivo de gobiernos peronistas que ahora están en la Justicia? Hubo además seis funcionarios políticos del gobierno que no aprobaron en las mesas examinadoras. Es cierto: el Poder Ejecutivo reglamentó estos concursos. Pero lo hizo en base a atribuciones que el propio el Senado, con mayoría justicialista, le cedió.
En el medio de la puja de oficialismo y oposición hay personas de carne y hueso. Rafael Martínez se preparó durante meses para un concurso que ganó. Lo hizo en un escenario desprovisto de ventajas. Sin padrinos, sin sostén económico, sólo con su formación, su empecinamiento y su fe. Un grupo de legisladores lo despojó de su logro sin explicaciones plausibles, con la violencia porque sí de los hechos consumados, invocando resguardos éticos para colmo de desvergüenza. Nunca puede nacer algo respetable de algo irracional. Mañana puede ser una ocasión propicia para meditar sobre ello.
fuente http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2012/11/edicion_1475/contenidos/noticia_5171.html
