El gobernador Daniel Scioli y su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, buscan que el proyecto para limitar las excarcelaciones en la provincia de Buenos Aires sea convertido en ley antes de fin de año, aunque fuentes del Senado bonaerense aseguraron a esta agencia que aún no hay una fecha precisa para su tratamiento.
La iniciativa del Ejecutivo provincial, que establece la modificación del artículo 171 del Código Procesal Penal (CCP) y que obtuvo media sanción en la Cámara baja la semana pasada, generó una fuerte reacción en amplios sectores de la sociedad.
Tal como adelantó ayer AgePeBA, organismos de derechos humanos, funcionarios judiciales, abogados y organizaciones sociales pidieron que se suspenda su tratamiento en la Cámara alta para realizar una audiencia pública en la que la ciudadanía se exprese sobre el proyecto.
Uno de los impulsores de la solicitud, el Defensor Penal Juvenil de La Plata, Julián Axat, aseguró a este medio que “el proyecto para limitar las excarcelaciones viola todos los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”.
A su vez, detalló que la reforma del artículo 171 del CPP “implicaría obligar a todos los jueces de la provincia de Buenos Aires que impidan liberar a personas procesadas que porten un arma”.
Para Axat la propuesta de Scioli y Casal “es absolutamente incongruente y absolutamente contraria a la línea del Gobierno nacional”, en cuanto al trabajo y las políticas públicas para “combatir la violencia institucional del pasado y del presente”.
“Enviamos un pedido de cancelación al Senado, porque entendemos que la mera portación de un arma no es un elemento como para impedir la libertad de una persona que esté procesada”, explicó el defensor.
Asimismo, las organizaciones solicitaron una audiencia pública previa a su tratamiento para explicar los argumentos en contra de la iniciativa, sobre todo su “inconstitucionalidad”.
“Este es un proyecto de Scioli y Casal que no tuvo ningún tipo de consulta con las organizaciones de la sociedad civil, que pretende ser sancionado a espaldas de las organizaciones y los movimientos que venimos trabajando en materia de derechos humanos”, expresó Axat.
En su campaña contra la reforma, las organizaciones comenzaron un proceso de recolección de firmas, que ya supera las 500 adhesiones, para respaldar sus demandas a la Legislatura.
Axat también explicó que el proyecto “traerá muchos perjuicios para niños, adolescentes y adultos procesados”, violando “todas las garantías de los derechos constitucionales”.
“Si se aprueba el proyecto muchos niños van a quedar presos, porque los niños y los adolescentes son por lo general mulas de los adultos que les dan armas para movilizarlas. En efecto, esta ley logrará que queden presos todos los niños menores de 18 años en lugares que no tienen la capacidad para poder contener a esos chicos”, precisó.
El defensor juvenil adelantó que en caso que de que la iniciativa del Ejecutivo sea sancionada, “presentaremos una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte para pedir que suspenda la promulgación”.
Entre los opositores al proyecto, figuran la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Frente de Familiares de Víctimas Desaparecidas, el Frente Nacional contra la Violencia Institucional, camaristas penales y defensores oficiales de la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país.
fuente http://agepeba.org/Lectura.asp?id=2075
