Un planteo de inconstitucionalidad, decenas de críticas y un pedido de audiencia pública se sumaron en las últimas horas ante el avance del proyecto de ley enviado por el gobernador bonaerense Daniel Scioli que estipula el endurecimiento de las condiciones de excarcelaciones de adultos y menores sometidos a proceso judicial.
Profesionales, docentes, organizaciones sociales y particulares presentaron un pedido de audiencia pública ante el Vicegobernador provincial para que el proyecto sea debatido de cara a la sociedad antes de su tratamiento en la Cámara Alta provincial, confirmaron fuentes judiciales a Diagonales.com.
El jueves 22 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados bonaerense, por mayoría, dio media sanción al proyecto de Ley que es blanco de críticas de diferentes organizaciones sociales defensoras y promotoras de Derechos Humanos y de un plan de seguridad democrático haciendo foco en la Constitución Nacional.
La provincia de Buenos Aires se apresta a sancionar una ley que prohíbe la excarcelación de todos los portadores o tenedores de armas de fuego de cualquier calibre que intenten «eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento».
Un grupo de actores sociales que objetan la iniciativa presentaron un pedido para que la norma, antes de ser tratada en el Senado provincial, sea debatida en audiencia pública. Abogados, defensores oficiales, jueces, periodistas, ciudadanos y trabajadores expresaron su “más profunda preocupación ante la inminente reforma que se plantea y que ya posee media sanción legislativa; en especial teniendo en cuenta el impacto que la misma tendría nivel población carcelaria; y, primordialmente, sobre el ámbito de libertades públicas de niños y adolescentes eventualmente procesados”.
“Creemos que una reforma de semejante índole no puede ser sancionada a las apuradas, sin un amplio debate previo, y sin antes ser escuchado el punto de vista de ciudadanos y ciudadanas, miembros de la sociedad civil, funcionarios públicos y organismos de DDHH”, detallaron en el documento oficial.
Una iniciativa similar se realizó durante el año 2010, en el marco de la reforma del Código Contravencional provincial, cuyo objetivo subyacente era otorgarle más poder y autonomía a la Policía bonaerense en el manejo de la calle y ante posibles conflictos sociales, para actuar sin autorización judicial ni control civil.
El proyecto de Scioli fue enviado a la Legislatura en un marco de saturación de cárceles y centros de menores que no cuentan con las condiciones mínimas de alojamiento para las personas privadas de su libertad que, en su mayoría, están detenidas sin condena firme. Cabe recordar que la Carta Magna establece que las cárceles serán para resociabilizar y no para castigar.
Voces. Desde la Comisión Provincial por la Memoria sostuvieron en un documento que “toda legislación que establezca la existencia de delitos inexcarcelables es inconstitucional”, y para fundamentarlos recordaron que los artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional, “establecen como principio general el derecho a gozar de la libertad personal mientras se sustancia el proceso. Por tanto el principio general es que la privación de la libertad se fundamenta únicamente como consecuencia de la imposición de una sanción que sea consecuencia de un juicio previo, sustentado en una ley anterior al hecho del proceso y en base al respeto de todas las garantías que asisten al imputado en un proceso penal (debido proceso)”.
El sustento de esta premisa es el principio de inocencia, principio de raigambre constitucional que implica que toda persona debe ser considerada inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad mediante pronunciamiento condenatorio firme. Ambos derechos están consagrados también en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
La nueva redacción del marco jurídico para excarcelaciones “lesiona indefectiblemente el principio de igualdad, pues quien es imputado por haber cometido un delito mediante la tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, de intentar eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control, se verá privado del derecho de estar sometido a proceso en libertad”.
Ante este nuevo panorama hay quienes no podrá gozar del derecho a la libertad atento lo normado por el artículo 171 del Código Procesal que deniega la excarcelación exclusivamente en función del delito cometido. “Es así como la denegatoria de excarcelación fundada en la nueva pretendida redacción importa un trato desigual de personas que se encuentran en idénticas situaciones”, explicaron desde el ente provincial.
Por su parte desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) consideraron que este nuevo avance de la política criminal denominada de mano dura es “violatorio de los estándares nacionales e internacionales en materia de encarcelamiento preventivo e insiste con una propuesta de política criminal equivocada que ya mostró sus limitaciones y que solo tendrá como consecuencia reafirmar el uso abusivo de la prisión preventiva y agravar la situación penitenciaria bonaerense”.
Para el CELS, Scioli “insiste con el paradigma de endurecer las leyes penales y guarda una fe ciega en el encarcelamiento automático, lo que desnuda finalmente su poca capacidad de respuesta e innovación, lo muestra ineficaz y lo expone como promotor de las violaciones de derechos humanos en el marco de la justicia penal”.
Para la organización la reforma sugerida es “inconstitucional” ya que “establece como principio para todos aquellos que se encuentren imputados por tenencia o portación de armas el encierro cautelar, estableciendo el encierro cautelar (prisión preventiva) como regla y sin que esto se derive de la evaluación de los riesgos procesales en el caso concreto”.
“Como hemos dicho en otras oportunidades, las políticas que apuestan al endurecimiento de la reacción punitiva no rinden cuentas de su fracaso y se justifican en que la fuerza para reprimir o conjurar el delito nunca es suficiente. Ha sido el propio gobierno provincial el que ha dicho, por ejemplo, que el incremento de la tasa de encarcelamiento en la provincia tuvo relación directa con los efectos de la reforma Blumberg y la evidencia empírica muestra las gravísimas consecuencias para los derechos de las personas privadas de libertad que ello ha tenido”, concluyeron desde la entidad que preside el periodista Horacio Verbitsky.
fuente http://diagonales.infonews.com/nota-191164-seccion-109%26Redirect=false-Piden-audiencia-por-endurecimiento-de-las-condiciones-de-excarcelacion.html
