El Dr. Pedro Pianta, juez de Lomas de Zamora, inspeccionó junto a peritos expertos la Comisaría Primera de Lanús, constatando que “las condiciones de detención son inhumanas; no cuenta con las condiciones mínimas de habitabilidad y, dadas las falencias edilicias, no admite el alojamiento de detenidos cualquiera sea el número”. Falta de iluminación y ventilación, cinco camastros de material para 21 personas, provisión de agua precaria, cámaras de vigilancia obstruidas, humedad y filtraciones, instalaciones eléctricas y de gas antirreglamentarias, matafuegos vencidos… son sólo algunas de las condiciones constatadas que llevaron al magistrado a ordenar la clausura. ¿Reacciones desde el ministerio de Casal? Bien, gracias.
La descripción que el informe del juez Pianta realiza sobre los calabozos de la comisaría inspeccionada resulta más que elocuente y habla por sí sola del desmadre en que el Estado mantiene los lugares de detención en la provincia: “Existe un baño por cada calabozo, con inodoro a la turca y sistema de descarga manual, careciendo de lavatorio y de grifería. Existe provisión de agua fría y caliente, siendo su distribución totalmente precaria. Se observan cámaras de inspección dentro de los calabozos que según lo informado por el personal presentan obstrucciones en forma cotidiana. La instalación eléctrica presenta un tendido exterior y muy precario que resulta pasible de producir descarga eléctrica por una diferencia de potencial. Se observa una marcada humedad y filtraciones de agua en paredes y cielorrasos. Con respecto al sistema contra incendios se verificó que la totalidad de los matafuegos se encuentran con sus cargas vencidas. En cuanto a la instalación de gas se observó una pantalla antirreglamentaria y un anafe con conexiones absolutamente precarias, conectado con caños de goma.”
En base a estas pericias, el magistrado concluyó que el sector de calabozos de la Primera de Lanús no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad en cuanto a higiene, seguridad, capacidad, ventilación, iluminación e instalaciones complementarias, procediendo a disponer su clausura mediante una comunicación a las autoridades, entre ellas, al máximo responsable directo, el ministro de Seguridad de la provincia, Ricardo Casal. “Surgió de un modo absolutamente evidente que la totalidad de la superficie edilicia destinada al alojamiento de personas legalmente privadas de su libertad no reúne mínimamente las condiciones de habitabilidad que por imperio legal emanan del art. 18 de la Constitución Nacional, así como de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas”, concluye el informe, en referencia a tratados y garantías que el Estado provincial ha demostrado largamente desconocer.
No se trata ésta de la primera disposición de clausura que el Juez Pianta ordena respecto de las comisarías del conurbano bonaerense. Tal como lo informó Radio La Cantora en su momento, hacia mediados de este año había sido el turno de la Seccional Sexta de Monte Chingolo (Lanús), la Seccional Quinta de Villa Fiorito (Lomas), la Seccional Séptima de Villa Corina (Avellaneda) y la Seccional Tercera de Esteban Echeverría (Transradio, ciudad de 9 de abril). [Ver «El Estado Provincial no cumple con las órdenes judiciales y aloja a detenidos en comisarías clausuradas».] En todos estos casos, el gobierno de Daniel Scioli se mantuvo fiel a su indiferencia respecto de la posibilidad de tomar nota; menos aún, tomar cartas en el asunto.
