¿Qué vamos a hacer?
Por Jorge Vicente Paladines
La IV Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas, celebrada la semana pasada en Bogotá, deja entrever un abordaje diferente que se sintetiza bajo la siguiente expresión: ¡algo está pasando en América! Cada vez son mayores las voces que comulgan frente a la necesidad de realizar un nuevo enfoque sobre la política y legislación (anti)drogas, que en el caso ecuatoriano no ha tenido aún una posición oficial respecto de al menos la rígida legislación que priva de la libertad a miles de personas, las alternativas de salud para la reducción de daños en quienes se encuentran en situación de adicción y la necesidad de innovar las estrategias para la prevención de todas las drogas, en especial las que reportan realmente más daños sociales como el alcohol y el tabaco.
No es casualidad que el mismo Juan Manuel Santos, presidente de nuestra hermana República de Colombia, junto a otras personalidades y mandatarios como el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, sea quien en su discurso comience con una reflexión tan básica pero a su vez elemental: «Va uno al Cauca y ve a un campesino que está cultivando la marihuana, y le dice: ‘Usted está cometiendo un ilícito, tiene que erradicar o se va para la cárcel’. Y allá el gringo, en Colorado, metiéndose su varillo tranquilo». Mientras América Latina pone los presos y los muertos, en Estados Unidos ha comenzado una franca campaña para legalizar el consumo de drogas, tal como ocurrió recientemente en los estados de Washington y Colorado con la marihuana, donde la mayoría de su población decidió eliminar la criminalización que pesaba sobre sus usuarios y cadena de producción.
Los daños que genera el prohibicionismo son mayores de los que se reportan en materia de salud pública, pues al menos en América Latina existe el mismo diagnóstico: irreducible consumo de drogas ilícitas, pérdida del control y soberanía nacional sobre las agencias de seguridad y de justicia, corrupción de funcionarios públicos, desproporción entre los presupuestos para la prevención y del combate bélico, crecimiento de la tasa de encarcelamiento bajo el encierro masivo de instrumentos del narcotráfico, criminalización de consumidores mediante ambiguas interpretaciones legales, desgobierno territorial y demonización de actividades de cultivo para la supervivencia básica de poblaciones históricamente postergadas, etc.
El “éxito” de la lucha antidrogas es el fracaso de sus respuestas, que en nuestro caso se ha medido por el número de personas privadas de la libertad. No cabe duda que entre lo que nos dice la DEA y lo que pasa en su país hay una gran asimetría. Creo entonces que hay que hacer lo que Estados Unidos hace y no lo que necesariamente nos dice.
