A partir del lunes y tras una reunión que tendrá con el procurador general Jorge Miquelarena, la fiscal de Rawson Silvia Lucía Pereira Dos Santos será la encargada de investigar si hay irregularidades en el manejo de fondos públicos dentro del Superior Tribunal de Justicia. Se definió tras una reunión entre Miquelarena y el fiscal de Estado, Blas Meza Evans.

Así, la polémica se convirtió en crisis institucional luego de las revelaciones que el ministro Alejandro Panizzi hizo a este diario: un combo que incluyó uso sospechoso de viáticos, designación de funcionarios a dedo y compra innecesaria de vehículos 0 kilómetro.

En el encuentro en la oficina del procurador, Meza Evans le transmitió la preocupación del propio gobernador Martín Buzzi, para que se esclarezcan las acusaciones mutuas entre ministros del Superior. “Coincidimos en que estos enfrentamientos entre miembros con denuncias de hechos irregulares hacen necesario darle a la población una respuesta clara acerca de qué sucede”. En su discurso de balance de gestión, el mandatario provincial hizo un pedido público de investigación “por las denuncias en estos enfrentamientos casi personales”, precisó el fiscal de Estado.

Ahora, “Miquelarena dispondrá de inmediato una investigación para que se determine si hubo irregularidades administrativas o eventuales ilícitos penales y ahí tomar las decisiones que haya que tomar”. Según Meza Evans, será una investigación preliminar que se llevará a cabo en el servicio administrativo del Superior. Si se detectan irregularidades “corresponde poner en conocimiento de la Sala de Acusar de Legislatura a los efectos de iniciar juicio político”.

“Lo que no se puede hacer es barrer lo que pasó y dejarlo debajo de la alfombra –añadió-. Cada uno se debe hacer cargo del rol que le compete y los ministros del Superior, si no dan una respuesta clara por las suyas, corresponde que el procurador disponga esta investigación”. Según Meza Evans, “las denuncias no son precisas pero sí concretas, como los viáticos con fines turísticos”.

Instrucciones

El fiscal agregó que el encuentro fue para “constatar si la Procuración había dado instrucciones para iniciar una tarea investigativa. Si no hubiera sido así, la intención era instar a que se inicie”. Además aclaró que “el Ejecutivo no está tomando ningún tipo de participación. Estas reuniones son en cumplimiento de instrucciones del gobernador, en el marco de una polémica pública en representantes de un Poder que debería tener otro comportamiento”.

“Cuando se pone en duda la utilización de los bienes del Estado, es lógico que el Poder Ejecutivo adopte esta actitud y pretenda que se ponga claridad. Es dinero público de todos los chubutenses que recauda el Poder Ejecutivo, eso hay que tenerlo claro, además de lo que también recauda el Poder Judicial. No puede quedar esta imagen de eventual corruptela en la conducta de los ministros: esto hay que saldarlo, no hay que ocultarlo”.

Instancias administrativas

Meza Evans detalló cuáles serían las instancias administrativas por las que tendría que pasar una denuncia así para llegar al juicio político de un juez. “Primero se deben reunir todos los elementos y quien debe determinar si existe delito es el Ministerio Público Fiscal. Si la fiscal Pereyra, determina que hubo conductas que pueden ser conductas delictivas, (los implicados) tendrán que dar cuenta a la Legislatura para que se inicie el procedimiento de juicio político”, dijo. Sin embargo aclaró que “es prematuro hablar de eso”.

“No es bueno que la cabeza del Poder Judicial tenga estas actitudes públicas y deberían reflexionar para cortar con esta batalla y que cada uno realice las denuncias como corresponde y no con una polémica propia de otros ámbitos. En adelante deberían funcionar de otra manera”.

Por su parte, Miquelarena dijo que la investigación preliminar será “simplemente para deslindar y ver si estamos ante cuestiones vinculadas a la ley de Ética Pública, al ámbito puramente administrativo o si tienen que ver con lo delictual”. Sólo en la última chance habrá una investigación penal. La otra semana la fiscal Pereira empezará a recolectar documentación en el Superior.

“No puedo presumir que ninguno de los magistrados esté incurso en un delito porque si lo presumiera también tendría que decir que se debió haber denunciado con todas las letras. Los funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar los hechos de los cuales tomamos conocimiento y que son perseguibles de oficio”, aclaró el procurador.

Sin embargo, “después del estado público y trascendencia que tomaron estas informaciones, no está de más hacer una investigación preliminar para determinar ante qué estamos”. En cuanto a un posible juicio político “depende de la voluntad de quien quiera iniciarlo. No me corresponde evaluarlo”.

Aún con esta prevención, Miquelarena advirtió que la crisis que se desató “me preocupa como miembro del Poder Judicial. A nadie le gusta estar en boca de todo el mundo ni que la gente descrea del Poder Judicial”. Según su visión, “la sociedad debe ver como justas las decisiones del Poder Judicial. Si no las ve de ese modo estamos mal, estamos al horno. El único poder de imperio que tiene un magistrado es su sentencia en la medida en que se cumpla y es vista como justa. Y estas cosas no contribuyen. Pero lo peor que podemos hacer es simular que no pasó nada. Hay que clarificar lo que pasó”.

fuente http://www.diariojornada.com.ar/59101/Politica/La_fiscal_Pereira_investigara_los_gastos_del_Superior_Tribunal