Para algunos será una paradoja; para otros la sensación al saberlo será de indignación. A valores vigentes, un jubilado nacional que percibe el haber mínimo fijado por el Estado cobra de bolsillo 1.924 pesos por mes (incluidos los 45 pesos de subsidio del PAMI). Son hombres y mujeres que tienen ese beneficio resultante del trabajo de toda una vida, de penurias, de esfuerzo, de lucha. Que cobran muy poco no es novedad, pero sí es notable que cobren menos que un recluso alojado en algún penal federal (bajo la órbita nacional). Ellos, los privados de su libertad, cobran como remuneración mensual el equivalente al salario mínimo, vital y móvil, que desde septiembre pasado llega a 2.670 pesos. Son trabajadores formales que, además, aportan por los beneficios de la seguridad social (ART, jubilación). La suma no sólo está por encima de la jubilación mínima, sino incluso del promedio de haberes de todos los jubilados nacionales, que perciben una media de 2.480 pesos.

Contrastes argentinos No es la primera vez en el país que alguien pone el ojo sobre el tema. Ya en agosto de este año hubo polémica por las salidas de presos a actos partidistas. En ese momento, el diario La Nación tomó parte de un discurso de la propia presidenta Cristina Fernández, quien había mencionado que los reclusos que trabajan en las cárceles percibían un salario de 2300 pesos, equivalente al por entonces salario mínimo, vital y móvil, y superior a la jubilación mínima. Ahora, ya en el plano provincial, un comunicado difundido semanas atrás desde la oficina de prensa del radical Carim Peche volvió a poner el tema sobre el tapete, luego de que algunos policías retirados le pidieran gestiones para mejorar sus haberes, mencionando en el reclamo que hasta los presos cobran más que muchos uniformados que dejaron la actividad. “Para tomar dimensión de la situación indicaba el texto del comunicado difundido por el legislador- hoy un detenido con sentencia percibe un salario mínimo, vital y móvil, es decir $2300 más el alimento, cobertura social, aporte jubilatorio y aporte a la ART, es decir que ronda los $3000, lo mismo que gana hoy un agente activo de la fuerza y mucho menos de lo que percibe un pasivo”. Tal como prevé la ley 24.600, de ejecución de penas privativas de la libertad, los reclusos que trabajan dentro de los penales perciben una remuneración. Sin embargo, NORTE pudo confirmar que la norma sólo vale para los presos alojados en cárceles federales (para el caso del Chaco, en la Unidad Regional 7), pero no es un beneficio que alcance a los detenidos en el ámbito de la justicia provincial. No todos cobran Son alrededor de 470 internos los que aloja actualmente la U7. Pero nunca es toda la población carcelaria la que accede al beneficio remunerativo, que es un sueldo como el de cualquier trabajador formal. De acuerdo con el cálculo hecho por un alto jefe que estuvo a cargo de la prisión regional, serían unos 350 internos los que realmente cobran por mes ese salario. La ley, en tanto, es taxativa sobre el destino que debe darse a ese dinero. El artículo 121 indica: “La retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente: 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia; 35% para la prestación de alimentos, según el Código Civil; 25% para costear los gastos que causare en el establecimiento; y 30% para formar un fondo propio que se le entregará a su salida”. Sin embargo, esa distribución en la práctica no se cumple, ya que los fondos depositados por el Estado en cuentas bancarias son destinados íntegramente a las familias de los reclusos, según las fuentes consultadas por NORTE. En tanto, los productos generados por el trabajo en los penales (elementos de herrería, huerta, carpintería, entre otros) son para la venta en las comunidades o bien son enviados a Buenos Aires. Cuenta bancaria El hecho de que no todos los presos alojados en cárceles federales trabajen en ese ámbito se debe, en parte, al trámite administrativo necesario para registrarlos como trabajadores formales, ya que muchos son indocumentados. Según fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, el 70% de los presos detenidos en cárceles federales trabaja y el otro 30% elige no hacerlo. Deducidos los aportes, al recluso le quedan unos 2100 pesos, de los cuales el 70% se deposita en una cuenta del Banco Hipotecario para su familia. El 30% queda a disposición del recluso para sus gastos dentro de la cárcel. Para trabajar, los internos suelen capacitarse dentro del penal a través de convenios con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos de la UOCRA (construcción) y SMATA (mecánicos). Los trabajos que se hacen, por lo general, son productos textiles, ropa (para agentes del Servicio Penitenciario Federal), muebles, zapatería, marroquinería, carpintería, metálica, herrería, artesanías, y cultivos (en el interior). Muchos de esos productos luego son distribuidos dentro del penal o comercializados con otros penales o instituciones externas, a través del Ente Cooperativo Penitenciario (Encope), que llega a recaudar unos 200 millones de pesos anuales, según confiaron a La Nación en el Ministerio de Justicia.