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A raíz de la intención manifestada por la presidenta Cristina Fernández de comenzar un proceso de «democratización» de la justicia que evite profundizar la brecha que, según la mandataria, se generó entre el Poder Judicial y la sociedad, Tiempo Argentino consultó a las principales entidades civiles vinculadas al Derecho para conocer cuáles serían las medidas a adoptar para corregir esta situación. Democratización del ingreso, modificación del Código Procesal Penal, renovación de jueces con mayor participación popular de la elección, juicio por jurados, simplificación de jerarquías y eliminación de las exenciones impositivas son algunas de las medidas sugeridas desde sectores que han venido estudiando la problemática que atraviesa al actual sistema.
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), «existe una mirada más amplia sobre el valor de ‘independencia judicial’, que excede en mucho la idea de imparcialidad ante el caso concreto, y que surge de entender al Poder Judicial como otra de las ramas de gobierno cuyas decisiones tienen consecuencias políticas y sociales», indicaron. «Que el Poder Judicial sea más independiente quiere decir, en primer lugar, que no actúa necesariamente bajo una lógica de presión de los intereses de los sectores que concentran mayor poder en la sociedad; y en segundo lugar, que incluso puede actuar como un redistribuidor de poder en el interior de la sociedad a favor de quienes están más desprotegidos», concluyeron. Desde esta óptica, el corporativismo del sector se ve reflejado en «la histórica convalidación del Poder Judicial de los golpes de Estado y del orden de facto; la estructura jerárquica y obediente de la organización judicial donde los jueces ‘inferiores’ se ven ‘obligados’ a ajustar las sentencias de acuerdo con lo resuelto por el ‘superior’ en un procedimiento jerárquico encerrado en una cadena de subordinación; y el no ingreso mediante concurso o exámenes, sino a través de criterios como el nepotismo o la capacidad de los empleados para trabajar sin remuneración, lo que conforma un Poder Judicial de élite.» En ese marco enumeraron como aspectos a enmendar lo vinculado a la designación y remoción de jueces. «La selección de un juez es eminentemente un acto de gobierno, y por lo tanto deben existir motivaciones políticas, que tienen que poder hacerse públicas», sostuvieron en el CELS. También subrayaron el tópico del pago del Impuesto a las Ganancias como una cuestión a corregir. «Este tema demuestra que los jueces no se sienten parte de la ciudadanía, sino funcionarios ‘superiores’ por alguna extraña misión; y para defender esa posición se amparan en la supuesta afectación de la garantía de independencia judicial», remarcaron. La presentación de declaraciones juradas patrimoniales y la autarquía presupuestaria y financiera fueron señaladas como otro punto posible de debate.
fuente http://www.infonews.com/2012/12/16/politica-52607-que-proponen-las-entidades-ligadas-al-derecho-para-democratizar-la-justicia.php
