Por Sebastián Viqueira / Abogado. Docente de Sociología jurídica en la UNC. Maestrando en Sociología en la UNC.
Las decisiones judiciales de las últimas semanas en los casos “Marita Verón” y “Clarín” y las reacciones sociales que se suscitaron abren la posibilidad de plantearnos una serie de interrogantes sobre conflictos subyacentes que la situación ha puesto de manifiesto, así como aspectos no contemplados en el pensamiento tradicional referidos a la dinámica del funcionamiento político institutucional en nuestro país.
Por un lado, se observa nuevamente una crisis de legitimidad del Poder Judicial en su conjunto.
Brevemente podemos decir que todo aquel que pretende extender su dominio debe legitimarlo y, para ello, no sólo tiene que percibirse a sí mismo como poseedor de razón para ejercerlo sino lograr que quienes se encuentran bajo su dominio consideren que le asiste derecho a hacerlo.
La cuestión de la legitimidad del Poder Judicial resulta problemática ya que, a diferencia de los poderes políticos que periódicamente la renuevan mediante los sufragios, aquél no cuenta con esa posibilidad.
Se han esbozado distintas respuesta a esta cuestión: una corriente sostiene que los poderes judiciales siempre tendrán problemas de legitimidad ya que, al resolver de manera dicotómica en favor de una de las partes, sólo contarán con el respaldo de aquella que haya vencido.
Otra línea, identificada con la noción de justicia procedural elaborada por el norteamericano Tom Tyler, sostiene que las formas mediante las cuales se arriba a la decisión coadyuvan a la legitimación de las decisiones -y de quienes la toman- aun entre los perdidosos.
Dentro de esta línea se destacan como importantes aspectos que van desde el buen trato a las partes, la celeridad y la utilización de lenguaje llano para explicar las decisiones, hasta algún grado de participación ciudadana en la administración de justicia.
Resulta relevante mencionar, al respecto, la experiencia cordobesa de juicio por jurados en la cual personas sin formación jurídica resuelven junto a los jueces técnicos sobre determinados casos penales.
Esta institución, presente desde los albores de nuestra Constitución (aunque escasamente aplicada), permite tender puentes entre los jueces y la ciudadanía, tal como lo marcaba Alexis de Tocqueville en Democracia en América.
Por otra parte, el clima político y social generado tras los fallos nos abre una interesante posibilidad para reflexionar en torno a la dinámica del funcionamiento institucional de nuestro país, puntualmente sobre la división de poderes, la autonomía de decisión de los jueces y la coexistencia entre demandas democráticas y exigencias republicanas, desde una mirada alejada de postulados formalistas y positivistas.
Judicialización de la política
A partir de lo que Pilar Domingo ha denominada la ciudadanización-judicialización de la política, muchos de nuestros debates colectivos (por ejemplo derechos sexuales y reproductivos, derechos ambientales) se dan en el ámbito del Poder Judicial.
Esto nos lleva a interrogarnos hasta qué punto podemos seguir sosteniendo que los poderes del Estado funcionan como compartimentos estancos, cuando debates que tradicionalmente se ventilaban en el Poder Legislativo hoy se dan en el Judicial.
La mayor presencia pública de los jueces produce un menoscabo de la imagen tradicional de ellos, particularmente la idea de que son actores que pueden abstraerse de sus propias ideas y perspectivas políticas a la hora de decidir.
Por último, podemos reflexionar y reformular la idea de que democracia y república sean dos sistemas que se complementan de manera no traumática.
Comenzamos a observar que la dinámica de las relaciones pone de manifiesto que dicha coexistencia es necesariamente tensa independientemente si estamos o no ante un incorrecto funcionamiento institucional y plantea interrogantes respecto a, por ejemplo, cómo compatibilizar las demandas de mayor castigo con las garantías del debido proceso o cómo reconstruir los lazos entre el pensamiento de los operadores jurídicos y el pensamiento de “sentido común” alejados a partir de la mayor especificidad de aquél.
En la búsqueda de respuestas y soluciones concretas sería importante que quienes ejercen posiciones de poder comprendan que ni los triunfos electorales ni la designación por los mecanismos establecidos legalmente garantizan, per se, la actualización permanente de la legitimidad del poder, y que quienes lo tienen deberán buscar permanentemente mecanismos de convencimiento de la ciudadanía en miras a justificar y mantener su posición dominante.
fuente http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/12/20/la-crisis-de-legitimidad-en-el-poder-judicial/
