“Seguimos esperando que Diputados apruebe el Comité contra la Tortura en la Provincia. Ni un paso atrás. La mirada en las cárceles preocupa. Ojalá pueda ser ley como lo es en Nación. Es indispensable en la Provincia”. Desde su cuenta en la red social Twitter, el senador kirchnerista y referente de La Cámpora en la Cámara Alta bonaerense Santiago Carreras blanqueó en los últimos días un duro reclamo a sus pares de Diputados por la sanción del proyecto de su autoría que crea un organismo para monitorear las cárceles de la Provincia y controlar las condiciones de encierro de los detenidos.
Se trata de una norma que se aprobó por unanimidad en el Senado y que crea el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Para eso, dispone habilitar una Comisión de siete miembros que no depende del Ejecutivo y cuyos miembros estarán habilitados para ingresar a penales, acceder a causas y a información, convocar a funcionarios, pedir informes y tomar decisiones en casos de irregularidades comprobadas.
Además, en línea con lo que dispone una ley similar sancionada por el Congreso, otorga a los miembros de la Comisión fueros que les permitirán no ser investigados ni apresados mientras dure su mandato.
A poco de que el proyecto se aprobara en el Senado, el gobernador Daniel Scioli anunció anunció la creación de una “Comisión Interministerial y un Consejo Consultivo para prevenir la tortura en lugares de detención”, y desató una polémica con sectores del kirchnerismo, que deslizaron que se trataba de una jugada para “congelar” el proyecto de Carreras, que había sido girado a Diputados para su sanción.
Lo cierto es que algunos diputados del sciolismo no ocultaron sus reparos al proyecto, por considerar que otorga a este nuevo cuerpo facultades propias del Ejecutivo y que contiene disposiciones “inconstitucionales” como los fueros que tendrían los integrantes del Comité, de los que hoy sólo gozan los legisladores.
Diputados sciolistas no ocultaron sus reparos al proyecto que, creen, otorga a la Comisión facultades que son propias el Ejecutivo
En ese marco, en la Cámara Baja se generó una fuerte polémica cuando la secretaría legislativa decidió retirar el proyecto de la Comisión de Seguridad, presidida por Iván Budassi, y girarlo a Legislación General. Enrolado en el sciolismo, Budassi es uno de los que manifestaron cuestionamientos al proyecto.
Tras esa jugada, Budassi y otros diputados del sciolismo como Guido Lorenzino, Martín Cosentino y Rodolfo Iriart, entre otros, firmaron una nota dirigida a la Presidencia donde criticaron el pase del proyecto de una comisión a otra.
Con esa controversia de fondo, en las últimas semanas se intentó alguna negociación para que el proyecto pueda ser tratado en Diputados antes de fin de año. Pero la imposibilidad por parte del kirchnerismo de “alinear” la tropa del bloque oficialista dejó a la iniciativa postergada para el año próximo, pese a los reclamos de Carreras a través del Twitter.
En reserva, fuentes del sciolismo dicen que tampoco en 2013 prestarán respaldo a la iniciativa, lo que abre un escenario complejo para el proyecto de La Cámpora.
fuente http://www.eldia.com.ar/edis/20121226/Sin-consenso-ley-K-control-carceles-postergo-para-laprovincia0.htm