El alza de homicidios en Rosario y los conflictos vinculados al narcotráfico son fenómenos ciertos. Pero para el ministro de la Corte Suprema provincial Daniel Erbetta nadie podría con autoridad definir qué pasa. «Al fenómeno que hoy produce inquietud pública no lo conocemos. Hablamos de la inseguridad a partir de impresiones sobre una sucesión de hechos difundidos por los medios y esto les pasa a todos los políticos». Erbetta entiende que esta conflictividad supone un test para la gobernabilidad provincial. Postula que no habrá programa criminal eficaz sin análisis cualitativo del delito. Y señala que la política debe ser capaz de generar acuerdos por fuera de la agenda electoral que vayan más allá de un período de gobierno

—Hay un pico de delitos violentos en Rosario. ¿Cuánto tiene de nuevo y de grave la situación?

—Hay un aumento progresivo de la conflictividad violenta que ha alcanzado un pico alarmante en este mes de enero con 22 homicidios dolosos y otras situaciones graves como la de Nuevo Alberdi y los hechos previos y concomitantes que motivaron la suspensión del clásico. Hemos llegado a niveles que hace unos años eran impensables para nuestra ciudad y hay que admitir que estamos ante una crisis de extrema gravedad que pone en jaque la gobernabilidad y el funcionamiento de algunas instituciones claves para el gobierno de la seguridad. El caso de la policía en este punto es paradigmático.

—¿Cómo aprecia el estado de la policía en su conexión con el delito?

—Un lugar central en esta crisis, y quiero ser amable, lo ocupa el desgobierno de la policía. La policía pasó a proporcionar protección a una serie de mercados ilícitos y ha ampliado su fuente de recaudación ilegal con estas economías delictivas que en algunos barrios son de subsistencia. En los expedientes que relevamos vemos que hay conductas policiales —por encubrimiento, por inactividad, por omisión de diligencias— alevosas e inexplicables.

—¿Cuál es la real incidencia del narcotráfico en esta violencia?

—La falta de diagnósticos serios y actuales impiden darle dimensión. Sí pueden relevarse homicidios y ataques graves atravesados por esta problemática y en especial por disputas en estas economías delictivas. Además la exclusión social y la ampliación de zonas de emergencia generan economías violentas de subsistencia con una economía ilegal de recaudación. Pero esto no da una respuesta completa al cuadro de situación. Por ejemplo a la violencia interpersonal intensa entre jóvenes de sectores populares: hoy hay construcción de identidad a través del uso de violencia. Sería un absurdo reducir el alza de los homicidios dolosos a una explicación lineal con el narcotráfico. Alrededor de eso hay muchos otros fenómenos. Esto no significa menospreciar ni relativizar el fenómeno de expansión del mercado ilícito de la droga. Pero para hablar con rigor necesitamos producir información y estrategias para llegar a los que organizan y lucran con esos mercados.

—Hace muchos años que hay actores conspicuos ligados a la violencia: sus nombres se repiten, se cruzan en causas judiciales por delitos dispares, muchos quedan sin sanción y recomienzan sus circuitos violentos. ¿Por qué pasa esto?

—Creo que aquí el fracaso estructural de un diseño de justicia penal se pone en evidencia. Es cierto que no es función de la Justicia Penal prevenir el delito y mucho menos diseñar las políticas y estrategias en materia de seguridad pero si le cabe la responsabilidad de investigar delitos y evitar la impunidad. Y aquí tenemos un déficit estructural que no es aún mayor por el empeño de muchos jueces y funcionarios. Pero se trata de esfuerzos individuales, porque se carece de una estrategia adecuada de persecución penal, o de una ingeniería institucional que posibilite conectar y vincular situaciones y protagonistas, detectar economías delictivas e intervenir sobre ellas.

—Aunque las estrategias contra el delito son incumbencia del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial es un ámbito clave para generar información que se pierde o se malogra. Y el resultado es impunidad y más violencia.

—Un enorme déficit en materia de seguridad es la falta de investigación de campo, los diagnósticos serios en calidad y cantidad sobre la violencia. No se puede prevenir lo que no se conoce y la realidad de la conflictividad violenta tiene particularidades propias. Por ejemplo, en nuestra ciudad en materia de homicidios dolosos hay una distribución territorial con marcada concentración en dos barrios. Obviamente no es función del Poder Judicial producir esta información, disponer los análisis metodológicos y con los resultados definir estrategias de seguridad. Pero es cierto que nosotros manejamos los únicos datos seguros para generar una investigación criminológica dinámica a fin de conocer la realidad conflictiva en nuestra región. Sin embargo hay que diferenciar: una cosa es hacer estadísticas y otra es hacer criminología de campo. Esto último quiere decir, evaluación e interpretación de los datos para hacer prevención.

—El triple crimen de la Villa Moreno es emblemático: sus acusados están antes implicados en escruches, violencia barrabrava, tráfico de drogas y ataques homicidas. Pasa en muchos otros casos: individuos acotados en un territorio e implicados en delitos varios. No parecen difíciles de aislar con un cruce de datos disponibles en los mismos juzgados penales.

—Esa desarticulación es muestra del fracaso del viejo modelo de justicia penal. Hay una limitación cultural en la forma de trabajar, muy burocratizada atrás de un escritorio. Pero también material: Rosario tiene hoy sólo diez fiscales. Tenemos jueces que trabajan de fiscales junto a fiscales que al igual que esos jueces procesan datos que le proporciona la policía, cuyo nivel de credibilidad institucional y pública está muy deteriorado y, en algunos casos, está sospechada de proporcionar protección a mercados ilegales.

La única función preventiva que podría tener el Poder Judicial va a venir de la mano de la cooperación que pueda ofrecer a través de la producción fiable para diseñar políticas. Ya estamos elaborando información sobre los homicidios dolosos en los años 2010, 2011 y 2012. Vamos a trabajar sobre estos hechos casi a la par de que van ocurriendo. Y lo hacemos con un protocolo de investigación que elaboró la Corte Suprema de la Nación. Eso proporciona un insumo útil para generar análisis criminal y de allí establecer prevención para disminuir el delito. Hay que pactar convenios con las universidades estatales para instalar un plan de monitoreo de la violencia.

fuente http://www.lacapital.com.ar/policiales/Erbetta-No-hay-analisis-serio-del-delito-y-no-se-previene-lo-que-no-se-conoce-20130203-0031.html