Para que la política de “Tolerancia Cero”, o “mano dura” tenga éxito es necesario que la misma no se dé a conocer, que los hechos no tengan responsabilidad desde la institución y que los mismos sean vistos como hechos aislados inconexos de una estrategia criminal diseñada desde los centros de poder y ejecutada de la mano del gobierno De La Sota, El Ministro de seguridad Daniel Alejo Paredes y el nuevo Jefe de la Policía Ramón Ángel Frías.
La última publicación Revista XXIII que anunció en su tapa un artículo del periodista Tomás Eliaschev, donde muestra en el prontuario de las autoridades policiales sus vínculos con hechos de la última dictadura, no se encuentra en los puntos de ventas según denuncia Ricardo Vissani uno de los entrevistados cordobeses mencionados en el artículo.
Consultado por Indymedia, sobre esta sugestiva situación Tomás Eliaschev expresó: “Es patético que se quiera ocultar la basura debajo de la alfombra, como si por retirar revistas y diarios de los kioscos los cordobeses no vayan a leer qué pasa como la policía de su provincia. Los medios alternativos comunitarios y populares, como en este caso Indymedia Córdoba, junto con los trabajadores de prensa organizados y conscientes, vamos a hacer uso de nuestro derecho a expresarnos, por eso, no podrán ocultar los crímenes de la maldita policía cordobesa”. Para el periodista queda claro las motivaciones de la censura: “Es lamentable que se limite la libertad de expresión, sobre todo teniendo en cuenta que se informaba con detalle sobre los vínculos entre las autoridades del ministerio de Seguridad y de la policía de Córdoba tanto con el pasado siniestro del terrorismo de Estado como con el crimen organizado. Quienes principalmente sufren de estas fuerzas de seguridad que no se adecuaron a los tiempos democráticos son los sectores populares y los jóvenes, víctimas del Código de Faltas, de torturas, asesinatos, secuestros y desapariciones”.
La policía de Córdoba no pierde oportunidad para verse involucrada en casos de “gatillo fácil”. La información periodística circulante en los últimos días así lo confirma.
El hecho ocurrido en Alta Córdoba el viernes 8 de febrero se trató del asesinato con un tiro por la espalda de un joven de 29 años que escapaba de un control policial, mientras manejaba un auto de alta gama sobre el cual no pesaba orden de captura.
La brutalidad del caso y el hecho que el mismo se produjera en un barrio muy concurrido y ante muchísimos testigos presentes en la vía pública, sería (en parte) el motivo de la detención del policía dejando en claro lo inexplicable de la conducta policial. Sumado a esto, que el conductor no había realizado ninguna acción que justificara el disparo asesino. Su letal error fue no acatar una orden de control por parte de los policías que se desplazaban en un móvil sin identificación.
En una provincia donde la cantidad de policías por personas es la mayor de la Argentina, y la política de mano dura se maneja como primer mandamiento para estos tiempos de candidaturas presidenciables, los hechos de gatillo fácil, aprietes y desapariciones de personas no resueltas, marcan una década de Tolerancia Cero, inaugurada de la mano Blumberg.
En los próximos días se cumplirá un año de la desaparición del Facundo Rivera Alegre, “El rubio del pasaje”, durante este año se realizaron una gran cantidad de marchas, actividades culturales, pronunciamiento de personalidades de la cultura y la política exigiendo que se esclarezca el caso. Pero ante cada reclamo la investigación policial pareciera embarrarse más y se queda “sin pistas” para resolverlo. Para la madre de Facundo la pisa aún no investigada es la que inculpa a la policía.
Durante el 2012 el caso de Brian Polomeque, “suicidado” en un descampado en la Falda, luego de un procedimiento policial en su casa, ocurrido a mediados de año, dejó impune un crimen donde la policía esta indiscutiblemente involucrada.
Pero a este breve listado de casos mediáticos hay que agregar lo ocurrido el viernes 8 en Labulaye, en el en barrio Mataderos, donde un adolescente de 16 años fue ultimado de un balazo por un policía, mientras estos realizaban un allanamiento en su vivienda. Para la fiscalía que ordenó la detención del policía, presunto autor del crimen, está en duda la versión de que la muerte se trató en el marco de un tiroteo.
A fines de noviembre se realizó nutrida y necesaria marcha contra la represión policial en Córdoba, en ella desde la organización de la convocatoria se denunció “… el mal accionar del Estado provincial, de la mano de las actuales políticas públicas de seguridad y leyes como el Código de Faltas, con la complicidad del poder judicial y el abuso que se ejerce por parte de la institución policial en las calles de la Provincia de Córdoba, a los jóvenes que pertenecemos a una cultura, que está siendo castigada por sus diversos códigos y formas de identidad planteando así la desconfianza y las malas intenciones a través de estereotipos”.
Para un amplio sector de la población cordobesa que pugna por el fin del Código de Faltas la declaración emitida por el Documento leído en la 6ta Marcha de la Gorra es síntesis del sentir de nuestra sociedad: “El hecho de saber que sigue existiendo un aparato preparado para la persecución, secuestro y desaparición de personas nos pone alertas. Ya hemos dicho nunca más”.
http://www.argenpress.info/2013/02/argentina-la-actividad-criminal-de-la.html
