A menos de un año de su nombramiento, a propuesta de la Presidencia y con acuerdo del Senado, la procuradora Alejandra Gils Carbó encara al mismo tiempo cambios en el organismo y participa del grupo cada vez mayor de jueces, fiscales y magistrados nucleados en “Justicia legítima”.

–¿Hay una reforma verdaderamente posible en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal? ¿O el Ministerio Público encara una reforma para marcar un rumbo e influir sobre el Poder Judicial?

–Al menos en mi caso, al frente del Ministerio Público, intento adoptar modificaciones que como mínimo amortigüen los defectos del sistema. Hoy se llega a designar fiscales con un resultado medio cantado.

–¿En qué reside lo cantado?

–En la importancia que tiene un examen de antecedentes y títulos al que se le asigna cerca del 50 por ciento del puntaje total.

–¿Y por qué eso es malo, en su opinión?

–Porque pueden resultar favorecidos hombres solteros y mujeres solteras con tiempo disponible o acceso más fácil a posgrados y doctorados. Y no es posible que tenga un peso tan determinante. No está bien. A veces no trabajan. O, si ya están en la Magistratura, teniendo tareas no las hacen. Eso no me parece un parámetro que deba ser.

–¿Cuál sería el parámetro ideal?

–El que estamos por implementar, ya no como idea, sino como plan concreto e inminente. Vamos a privilegiar los exámenes de oposición. Vamos a darle importancia a lo que sirva para evaluar la capacidad del fiscal. Por ejemplo, su capacidad dinámica, su posible desempeño ante tribunales orales, compatible con el proceso que pensamos que se viene, con modalidad acusatoria.

–Es decir, con procesos judiciales donde la dinámica de la investigación la lleve a cabo el fiscal y no el juez.

–Y agrego otro requisito: el examen debe revelar el tipo de sensibilidad del funcionario. Lo que tenemos es un sistema judicial esencialmente burócrata. Vayamos quitando burocracia. Agreguemos transparencia. Por eso queremos que además de un jurista invitado al concurso de oposición, haya un veedor de una organización no gubernamental que no sólo presencie el trámite, sino que emita un informe.

–¿Qué es un fiscal sensible?

–Un fiscal que sienta que está al servicio de la comunidad en lugar de creer que accedió a un cargo privilegiado con dinámicas corporativas.

–Hoy existe una combinación de evaluación de antecedentes, que representan el 50 por ciento del puntaje, examen escrito y examen oral.

–Queremos que al oral se llegue por haber aprobado el examen escrito, no por los antecedentes.

–¿Y los antecedentes cuándo se considerarían?

–Si el candidato o la candidata aprueban el escrito y el oral, entonces sí se evalúan los antecedentes. Pero en ese orden.

–¿Pesarían el 50 por ciento?

–No. Menos. Digamos, un tercio del total. Para todo este proceso una clave es el objetivo de garantizar el acceso universal a los cargos de la Magistratura, y al decir Magistratura englobo tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial. En el caso del Ministerio Público, no puede ser que los jurados se integren con fiscales de la misma jurisdicción. Si no, se favorece esa especie de sistema de padrinazgos que termina constituyendo una suerte de familia política judicial. Es como si el nuevo fiscal le debiera el cargo al padrino.

–¿Hoy es así?

–El Consejo de la Magistratura muchas veces lo aplica y lo considera válido. Yo lo critiqué. Esto permite los padrinazgos y los parentescos, muy fuertes en las jurisdicciones del interior del país, pero no sólo allí. En la Justicia nacional también hay nombramientos cruzados: la esposa de, el hijo de. Tengo el Ministerio Público lleno de parientes que no nombré yo. No puede ser que el parentesco y las relaciones de sociabilidad como los padrinazgos sean las normas no escritas que orienten las designaciones y las carreras.

–¿Cómo se puede comenzar a cortar esa trama?

–Primero echando luz sobre estas prácticas consuetudinarias que son contrarias a los intereses de la comunidad. Así como alejan al Poder Judicial de la sociedad, lo acercan a los factores de poder que manejan los hilos de la Magistratura. Tiene que haber cambios no sólo legales y reglamentarios. Si hay algo que caracteriza a esa estructura es el autoritarismo, porque pretende unificar todo bajo esos patrones en lugar de guiarse por el pluralismo y el debate.

–Ya dijo que el Poder Judicial, o la Magistratura, son burocráticos y autoritarios.

–Sí. Burocráticos y autoritarios. Por eso tiene que haber un cambio cultural. Creo en el poder transformador de la cultura. Cada persona dentro suyo tiene una conciencia moral. Cuando se revelan estas prácticas tan alejadas de las que debe tener un funcionario, esto tiene que generar un rechazo. Una de las medidas que vamos a tomar es el dictado de un código de ética para actualizar las nuevas patologías.

–¿Patologías?

–Por ejemplo, los magistrados que reciben prebendas encubiertas como becas y viajes académicos, y a veces viajes de turismo. Y el peor aspecto de los parentescos: no sólo se verifican en los tribunales, sino entre magistrados y, a veces, imputados.

–¿Y por qué haría falta un código de ética específico? ¿La confusión de intereses entre un magistrado y un imputado no va contra la ley si ambos están como partes o como protagonistas de una causa judicial?

–Bueno, es obvio que eso debe generar la inmediata excusación del magistrado.

–Si existe la ley, ¿para qué el código de ética?

–Para reforzar el debate abierto. Es un proyecto que debatiremos con representantes de la sociedad civil. En la Justicia hay muchas cosas que aclarar. Cosas que fueron dichas por altos estamentos judiciales.

–En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y la Asociación de Magistrados dijeron que el Poder Judicial estaba siendo atacado por el Ejecutivo.

–Y a principios de enero cientos de magistrados, que llegamos muy pronto a ser 680, reaccionamos porque no queremos complacencia con promiscuidades con los poderes fácticos y hegemónicos. Fue el documento “Justicia legítima”.

–Mañana y pasado se encontrarán en la Biblioteca Nacional. Eso es sabido. Lo ignorado es qué pasos concretos darán.

–Saldrá de las discusiones. Quizá pueda emerger un documento que haga más concretas las propuestas de cambio que pretendemos generar. Este es el momento adecuado para dar un giro al sistema judicial, después de treinta años de estabilidad democrática. También puede constituirse una asociación civil para ayudar a que los cambios puedan realizarse. No podemos quedarnos solo con reformas normativas para ejercitar una retórica cuando todavía permanecen intactos los mecanismos internos de disciplinamiento o de manipulación. La dependencia judicial se maneja en las sombras, no cuando sale uno a quejarse de una sentencia que le parece injusta. Eso es parte del escrutinio público al que están sometidos todos. Es un examen público saludable. Cuando alguien de nosotros, en la Magistratura, recibe una crítica, no puede ser que se sienta difamado. Es parte de la actitud burocrática y autoritaria.

–Insiste con los burócratas.

–Es burócrata el que sigue un ritualismo exacerbado, sobre todo en los procesos civiles. Se avanzó en la oralidad especialmente en lo penal. Pero continúa en general esa enorme distancia entre el juez y las partes. El juez conoce a los abogados, no a las partes. A veces ejerce una imparcialidad mal entendida, porque se manifiesta impasible ante las desigualdades. Se limita a ver los hechos del caso sin considerar los conflictos sociales que subyacen detrás de un caso. Todos esos actos responden a una lógica burocrática de eludir los temas de fondo. Cuando asumí como procuradora, vi que no había una unidad especializada en narcotráfico y narcocriminalidad. ¿Qué queremos? ¿Que un fiscal con diez empleados pueda luchar solitario contra poderosas bandas internacionales? Ridículo. Por eso creamos la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, o sea un sistema de persecución penal adecuado a la complejidad del siglo XXI. ¿Sabe qué es un burócrata? En mi caso, descubrir que la narcocriminalidad no puede ser materia de un fiscal solitario y quedarme sentada. Supuestamente cumplo con mi trabajo, me pagan el mismo sueldo y evito los problemas. Eso es la burocracia rutinizada. Es un pensamiento conservador que no tiene ninguna eficiencia para dar una respuesta a la sociedad.

–¿Para qué serviría constituir una asociación civil a partir del documento?

–Si llegamos a un acuerdo sobre ese punto, para no quedarnos con la definición teórica de lo que debe hacerse. Tiene que haber una palabra que produzca sentido para que todo no quede en propuestas de reforma. Ya hubo propuestas de reformas de la Justicia que no dieron el resultado. Eso suele suceder cuando no se miran los fenómenos reales.

–¿A qué se refiere en concreto?

–Al Consejo de la Magistratura. Debería estar más abierto a la participación ciudadana. Que esté abierto sólo a jueces y abogados es funcionar con un cuerpo cerrado y endogámico. Por qué no médicos, por qué no ingenieros, por qué no gente sin título universitario, por qué no gente ajena a la corporación y a sus constantes toma y daca… Miremos el caso del juez Luis Armella. Estuvo en una de las causas de mayor exposición, en la que se hicieron todos los negocios imaginables.

–La del Riachuelo.

–Sí. Quizás Armella sintió que tenía el colchón suficiente para seguir firmando sentencias. ¿Qué puede pensar un ciudadano que hoy tiene un fallo con la firma de Armella? ¿Cómo no vamos a hablar de que es necesario un cambio?

–¿A los firmantes de “Justicia legítima” los unifica el kirchnerismo?

–No. Y además, los funcionarios judiciales no suelen estar tan politizados. Por lo pronto, tienen vedado afiliarse a un partido político. Ahora, eso es una cuestión y otra es la necesidad de contar con una política judicial sana, de comunicación, de transparencia en la información judicial y administrativa.

–Y si excede al kirchnerismo, ¿también excede el caso Clarín o el conflicto por las cautelares a raíz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?

–Excede absolutamente esa cuestión. Tiene que haber un disgusto muy grande para que personas tan disímiles se alcen contra un comunicado cuya redacción se atribuía a ministros de la Corte. No es propio de la magistratura rebelarse. Es que debe existir algo muy fuerte que estuvo alimentando este sentimiento de indignación, de no querer ser parte de un entramado de relaciones corporativas, con agentes externos que son contrarios a los intereses de la sociedad.

–Ningún ministro de la Corte Suprema firmó ese documento con su nombre o apellido.

–Debo pensar entonces que no estaban todos de acuerdo. Mire, igual la situación no tiene vuelta atrás. Y no la tiene por la fuerte sensación de que la Justicia no debe ser como antes y no volverá a ser como antes. Hay un debate, hay ideas, hay proyectos. Algunos de los que firmamos, por los puestos que ocupamos, tenemos posibilidades de reglamentar y ejecutar. Es el caso de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y es el caso del Ministerio Público Fiscal. Haremos la reforma de los concursos. También estamos hablando con los decanos de universidades del conurbano para crear un régimen de pasantías. Esto va a traer un cambio cultural que atacará el oscurantismo de los pasillos tribunalicios que dominó hasta ahora.

–Volvamos por un segundo al comunicado atribuido a miembros de la Corte Suprema. Además de la respuesta con el documento “Justicia legítima”, ¿qué generó en el día a día de la vida en Tribunales?

–El comunicado es de una minoría que intenta arrogarse una representación. Ni siquiera tienen que ver con el interés del resto de los magistrados. Detrás de eso se vio una pretensión de establecer alianzas estratégicas para trabajar un proyecto personal de poder que no tiene que ver con la función judicial. Es una manera de subvertir las funciones de la magistratura, que debe servir al interés común.

–¿Debo interpretar que hay un enfrentamiento entre la procuradora y la Corte Suprema?

–Ya le dije: no englobaría a toda la Corte en los comunicados, si es que fue eso lo que generó la reacción. Si no, habrían firmado todos los ministros. Y no firmó nadie.

–Usted no sólo hace críticas por burocratismo, sino por autoritarismo. ¿Tan vertical es la Magistratura?

–Al hablar de autoritarismo me refiero a otra cosa: a que en la mayor parte de la historia argentina, la Justicia legitimó regímenes autoritarios. Y déjeme volver al Ministerio Público: es uno de los más atrasados de Latinoamérica. No se desarrolló la autonomía institucional y la consagración del sistema acusatorio. El Ministerio Público sigue teniendo una organización en espejo respecto del Poder Judicial. Imita sus funciones aun cuando son distintas. Pienso, al contrario, que debe responder al dinamismo, porque debe llevar adelante la investigación.

–El distrito más poblado del país tiene sistema acusatorio: la provincia de Buenos Aires. ¿La Magistratura bonaerense es un modelo?

–Obviamente incorporar el sistema acusatorio no es suficiente. Si no se produce un cambio cultural, siempre se trasvasará todo lo viejo. Si no, los funcionarios se reproducen. Y ésa no es precisamente mi idea ni la idea de quienes nos reuniremos en la Biblioteca Nacional.